José Leobardo Moreno Benavides y Otros.
Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Leobardo Moreno Benavides y Otros.
- José Leobardo Moreno Benavides
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Leobardo Moreno Benavides, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Miguel Alemán, y otras autoridades, la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 791/2020-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, del análisis de la demanda de amparo que fue recibida a través del módulo de demandas electrónicas del juicio en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el suscrito Juzgador advierte que la misma, carece de la firma electrónica del promovente. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 3°, párrafos cuarto y quinto, 5°, fracción I, 6°, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Es así, pues el artículo 107, fracción I, constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (...)". Por su parte, los artículos 3°, párrafos cuarto y quinto, 5°, fracción I, 6°, primer párrafo, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. [...] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". [...] "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." [...] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]." De los preceptos mencionados se advierte que los titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rúbrica, o en su caso por comparecencia ante la autoridad correspondiente, puesto que la prosecución del juicio de amparo no es oficiosa. De igual forma, las promociones pueden ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sin embargo, es requisito indispensable de procedencia, que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafos cuarto y quinto, 5°, fracción I, y 6°, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como la firma electrónica vigente del quejoso o quien promueve en su nombre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a excepción de las demandas que se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el escrito de demanda presentado vía electrónica no cuenta con evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de quien promueve, y siendo ello así, quien promueve no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional. De lo antes expuesto, el ocurso que nos ocupa no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que pueda tenerse como excepción a la regla; se afirma lo anterior, pues en la demanda de cuenta, se reclama una orden de aprehensión y su ejecución; actos que suponen la integración de una carpeta de investigación o carpeta procesal. En ese sentido, no obstante que la demanda presentada por la parte quejosa, fue recibida vía juicio en línea, debe decirse que, la misma carece de firma electrónica (FIREL) del promovente, la cual según lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por lo que dado que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, tal y como lo disponen los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, al carecer de ésta es un simple documento en el que no se incorpora la voluntad del promovente. Así las cosas, no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica de la parte que se dice quejosa (evidencia criptográfica); por ende, carece de validez para tener por demostrada la manifestación de voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2019715, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En relatadas consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3°, 6° y 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida vía electrónica por José Leobardo Moreno Benavides. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Leonel Garza López, Rogelio Silva Garza y Jesús Amando Sáenz Barrera, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gustavo Sánchez Ramos. Asimismo, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos que considere necesarios para imponerse de los autos. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. En la inteligencia que, el actuario judicial deberá desahogar la diligencia con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, que autoriza y da fe.
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