José Leobardo Amaya Babuca

Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • José Leobardo Amaya Babuca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Presidente de la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cananea, Sonora, por medio del cual acusa recibo del comunicado 991, con el que se le notificó el proveído de diez de febrero del año en curso, donde causó estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se inconformaran contra el auto de dieciocho de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el plazo para la interposición del recurso de revisión respecto a la autoridad señalada como responsable, toda vez que no le produce agravio el sentido de dicho acuerdo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. se ordena archivar el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cananea, Sonora, rinde el informe justificado, en representación de dicha junta. Ahora bien, de la constancia remitida por la responsable se advierte la certeza del acto reclamado, consistente en la omisión de resolver el incidente previo y especial pronunciamiento de competencia, hecho valer por la Mexicana de Cananea, Sociedad Anónima de Capital Variable, hoy Buenavista del Cobre, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral 45/2018 del índice de la responsable. Se afirma lo anterior, aun y cuando haya negado el acto reclamado, pues dicha negativa se refiere al momento de emitir su informe justificado. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda que dio inicio a trámite al presente juicio de amparo, es decir, al veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, era patente la omisión reclamada, siendo que la responsable emitió la resolución interlocutoria hasta el trece de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo del incidente previo y especial pronunciamiento de competencia promovido en el juicio laboral 45/2018, tal como se advierte de la copia certificada que anexó a su informe con justificación. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." En ese contexto, con fundamento en lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede oficiosamente al estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado; el citado precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". De artículo trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo. Tal causa de improcedencia se actualiza por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese sentido, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional por parte de las autoridades que participaron en su creación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro digital 193758, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cuestión que acontece en el caso analizado, pues el acto reclamado a la Junta responsable, consistente en la omisión de resolver el incidente previo y especial pronunciamiento de competencia, ha cesado, toda vez que, en este auto, se recibió copia certificada de la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable en la que resolvió dicha incidencia. De lo expuesto, se obtiene que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 395, emitida por la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 417, Novena Época, registro digital 1002461, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Lo anterior, pues el acto de autoridad por el cual la parte quejosa acudió a esta sede constitucional, consistió en la omisión de resolver el incidente previo y especial pronunciamiento de competencia, hecho valer por la Mexicana de Cananea, Sociedad Anónima de Capital Variable, hoy Buenavista del Cobre, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral 45/2018. No obstante, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió la resolución interlocutoria correspondiente, tal y como se desprende de la documental que anexó a su informe justificado. En consecuencia, como se precisó, ha dejado de existir la omisión reclamada, por consiguiente, es incuestionable que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que a la fecha cesaron los efectos del acto reclamado. Entonces, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la citada Ley, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al advertirse que no se le causa perjuicio, dado que si se celebrara la audiencia constitucional, la resolución sería en el mismo sentido; es decir, se pronunciaría el sobreseimiento, al no existir prueba alguna que pueda desvirtuar dicha causal de improcedencia. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, se advierte que aún transcurre el término de quince días otorgado a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las nueve horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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