José Lazaro Marino

Expediente 694/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
694/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • José Lazaro Marino
  • Secretaría Particular de Gobernador del Estado de Guerrero
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 694/2019; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero y turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito, José Lázaro Marino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La abstención de dar cumplimiento al laudo dictado en su contra desde el día 18 de septiembre de 2015." II. Preceptos constitucionales vulnerados. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 694/2019, y se previno a la parte quejosa para que subsanara su demanda y realizara la protesta de ley; mediante auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por desahogada la prevención formulada y se desechó la demanda en relación con una autoridad responsable y se admitió a trámite por cuanto a otra; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, y domicilio de este Órgano Jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en el sentido amplio, esto es, trátese de normas generales de actos u omisiones de autoridad); lo anterior, en términos de los dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación u su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rublo literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, atendiendo a la causa de pedir, el acto que se reclama en sede constitucional, es el siguiente: La omisión y dilación de tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil quince en el expediente laboral 378/2011, lo que le fue solicitado mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho. Por otro lado, no obstante que la parte quejosa designó erróneamente como autoridad responsable para efectos del presente juicio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no a su Presidente, a pesar de ser éste el que goza de facultades para llevar a cabo la ejecución de los laudos; tal circunstancia en modo alguno impide pronunciarse sobre la cuestión planteada por el inconforme, pues cabe recordar que los presidentes de los órganos laborales tienen doble carácter, en tanto que son integrantes de los tribunales que presiden e individualmente tienen funciones específicas encomendadas. Por ello pueden realizar actos como parte del órgano colegiado que representan, como cuando se emite un laudo, y en forma individual, precisamente cuando se dictan las resoluciones respectivas en la ejecución de tales fallos, razones por las cuales lo que conoció como integrante del tribunal respectivo, también lo conoce como presidente por tratarse de una misma persona física. De ahí que al controvertirse un acto dictado en ejecución de sentencia es atribuible exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no al órgano colegiado al que pertenece, es por lo que debe reconocérsele carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, no debe pasarse por alto que los Presidentes de los tribunales laborales tienen la obligación de rendir los informes en los juicios de amparo que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las propias juntas, por lo que ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante del órgano colegiado de que se trate, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 308 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 248 del Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, registro 915445, de rubro: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE". Por tanto, el acto del que se duele el impetrante de garantías, y que se precisó en párrafos que anteceden, le corresponde exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Además, es oportuno aclarar que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal de ejecución en que se sitúa el procedimiento laboral de origen; ello, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, los actos antes destacados Al respecto, es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Página 2771, cuyo epígrafe es: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la omisión reclamada, lo que es suficiente para tener por cierto el acto que se le atribuye. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el epígrafe y texto que a continuación se transcriben: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su informe justificado, relativas al juicio laboral 378/2011; en específico, del proveído de seis de junio de dos mil diecinueve; documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al artículo 2º de la Ley de Amparo. Sobre el particular tiene aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el presente caso el suscrito de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma, por identidad de razón, la Jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página treinta y ocho, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Es así, porque la omisión que reclama la parte quejosa en el presente juicio constitucional, se encuentra colmada, pues se advierte que mediante proveído de seis de junio de la anualidad que transcurre, la autoridad laboral responsable, dio respuesta a la petición plasmada en el escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 53) y acordó lo relativo a la ejecución del laudo e hizo efectivos los apercibimientos realizados a la parte demandada el veinticuatro de octubre del año próximo pasado; además, para continuar con la ejecución del laudo, requirió nuevamente a la demandada el pago de la cantidad objeto de la condena, con el apercibimiento respectivo; por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley en comento. En estos términos, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por la parte quejosa en cuanto al acto que aquí se analiza, como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por cuanto a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, tampoco serán motivo de estudio ya que constituyen sólo una manifestación sujeta a la apreciación del acto reclamado lo que ya fue realizado en esta resolución. Orienta esta consideración la tesis III. 1o.A.5K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de la Décima Época, de registro 2008976, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, la cual es del rubro siguiente: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Lázaro Marino, contra actos de la autoridad que quedó precisada en el considerando segundo, por las razones y fundamentos contenidos en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se aprecia que en acuerdo de doce de junio del año en curso, se reservó acordar respecto del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto se resolviera en recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, lo que en la especie ya aconteció, por tanto, se provee sobre el particular. Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que le resulta el carácter de terceros interesados al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, Coordinador General de Giras del Poder Ejecutivo del Estado y Secretaría Particular del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, auto admisorio y el presente cuerdo, efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se les gire en el domicilio de su residencia oficial. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia debidamente certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 95/2019; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que el punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por *** en contra del auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 694/2019, mediante el cual desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por el quejoso. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes y dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. En consecuencia, se reanuda el procedimiento y se cita a las partes para la continuación de la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, dado que la autoridad responsable, se encuentran gozando de su primer período vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que ésta reanude sus labores le haga entrega de los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese. ***

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