José Lázaro Magaña

Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1395/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • José Lázaro Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José Lázaro Magaña; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1395/20225, promovido por **********, contra los actos que reclama del Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés posterior, José Lázaro Magaña, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO Orden de presentación o detención. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de la Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. 2 Policía de Investigación Adscrita al Centro de Procuración de Justicia de la Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1395/2022-3; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito, se apertura incidente de suspensión, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de presentación o detención librada en contra de José Lázaro Magaña. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables 1) Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de la Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, 2) Policía de Investigación Adscrita al Centro de Procuración de Justicia de la Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, pues en términos similares manifestaron que no existe en contra del quejoso orden de aprehensión, presentación, o investigación, como se advierte del acuerdo de fecha doce de los actuales. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, pues en términos similares manifestaron que no existe en contra del quejoso orden de aprehensión, presentación, o investigación. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguense a los autos para que obren como correspondan los telegramas de cuenta remitidos por el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, en su denominación correcta Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Centro de Procuración de Justicia de Ciudad Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco y la Policía de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Inmediata Centro de Procuración de Justicia de Ciudad Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, autoridades señaladas como responsables; mediante los cuales rinden su informe justificado, en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1395/2022-3; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por José Lázaro Magaña, contra los actos que reclama del Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco y otra autoridad, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS La orden de presentación y/o aprehensión y/o detención girada en su contra, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. Omiso. 2 Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. Omiso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla y la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Tecolutilla, ambas de Comalcalco, Tabasco, autoridades señaladas como responsables, omitieron rendir sus informes previos, a pesar de que fueron notificados desde el día cinco de septiembre de la presente anualidad, como se desprende del seguimiento de envío a las guías MA020505688MX y MA020505674MX, en la página electrónica oficial del Servicio Postal Mexicano Correos de México, por ello, con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se les presumen ciertos los actos que se les atribuyen. TERCERO. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de presentación y/o detención; considerando que dicho acto ya se dictó y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O PRESENTACIÓN. Tomando en consideración que de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de comparecencia, presupone, por una parte, que el delito reprochado no es de aquellos por el que deba decretarse prisión preventiva oficiosa, y por otra, la incomparecencia en la fecha y hora que hubiera sido citado por el juez de control, con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, respecto de la orden de comparecencia, además que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse ésta, con la ejecución del acto, se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, para el efecto de que el quejoso José Lázaro Magaña, no sea llevado por la fuerza pública ante la autoridad judicial, para los efectos señalados en la orden de comparecencia; con la obligación de comparecer ante dicha autoridad, por sí mismo o de manera voluntaria, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto por el Título Sexto, del Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como las veces que sea necesaria su comparecencia para el desahogo de alguna diligencia. Medida suspensional que surte sus efectos desde luego, pero que será revocada si el juez responsable comunica que la parte quejosa incumplió con las medidas de aseguramiento u obligaciones procesales impuestas, tal como lo dispone la última parte del artículo 166 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO." SUSPENSIÓN RELATIVA A LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN. Ahora, previo a pronunciarse sobre la medida cautelar, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo, exige dos requisitos para conceder la suspensión que la solicite el quejoso y que no se siga el perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, no obstante que el quejoso, de forma notoria, señalen que reclama de las autoridades responsables la emisión de alguna orden de presentación y/o aprehensión y/o detención girada en su contra, sin expresar elementos objetivos y subjetivos suficientes, que hagan presumir la existencia de la misma, la presente medida cautelar se ocupará de la orden de aprehensión reclamada, así como de las diversas formas que tiene la autoridad jurisdiccional de conducir al imputado al proceso penal, de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (citatorio, orden de comparecencia y aprehensión). SUSPENSIÓN RELATIVA A LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Al actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo, pues el accionante del amparo solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse ésta, con la ejecución del acto, se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, de manera que se concede la suspensión provisional al quejoso José Lázaro Magaña, para los siguientes efectos: En la hipótesis de que la orden de aprehensión que se reclama fue emitida por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa y ésta no ha sido cumplida, la suspensión provisional se concede para el efecto que el quejoso no sea detenido hasta en tanto se emita la suspensión definitiva; con la obligación de que deberá presentarse al proceso penal, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para el desahogo de la audiencia inicial, de conformidad con lo previsto por el Título Sexto, del Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como a todas aquellas diligencias a las que sea citado por la autoridad jurisdiccional, en términos del penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Apercibidos que, de no cumplir con ello, en términos del último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, se revocará la media cautelar decretada, con la sola comunicación de la autoridad responsable del incumplimiento referido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de diez de octubre de dos mil siete, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". De igual modo, en el supuesto de que la orden de aprehensión sea emitida en la etapa de ejecución, a efecto de internar al quejoso para el cumplimiento de una pena de prisión impuesta en una sentencia definitiva ejecutoriada, el efecto será para que no sea privado de su libertad, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el presente asunto; siempre y cuando el delito no sea de los considerados como graves. En el caso de que el delito que se atribuye al quejoso, merezca prisión preventiva oficiosa, a la que refiere el artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar sólo producirá el efecto de que una vez que sea cumplida, quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar en el que sea recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, y al juez de la causa para la continuación del procedimiento, en términos de la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo. En el supuesto de que se trate de delito que no merezca prisión preventiva oficiosa, pero el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de la responsable ordenadora competente y el Ministerio Público que interviniese en el procedimiento penal, solicite al juez la prisión no preventiva porque considere que otras medidas cautelares sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión provisional, será para que queden a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que se encuentre detenido, en términos del artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente en lo que se refiera a su libertad, y al juez de la causa para la continuación del procedimiento, en términos del penúltimo párrafo del artículo 166 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CASOS EN EL QUE NO SURTE EFECTOS LA SUSPENSION PROVISIONAL De conformidad con lo establecido por la última parte del artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional decretada no surtirá efectos: Si la orden de captura reclamada fue emitida por autoridad jurisdiccional diversa al señalado como responsable. Si son detenidos al momento de cometer algún hecho considerado como delito (flagrancia). Asimismo, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el caso de que el quejoso se encuentre detenido, por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, para efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Por último, en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. A fin de que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos, de manera definitiva y discrecionalmente, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierten elementos de prueba que permitan tomar como base los mismos, se fija como garantía, la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que deberá exhibir dentro de los cinco días siguientes al de su notificación respecto de este proveído, apercibido que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión concedida, ello en concordancia con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo. La garantía podrá presentarse en póliza de fianza o billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a falta de éstos. Si se opta por la primera, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; en el entendido que su vigencia deberá ser además por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio constitucional del que deriva este incidente, por seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, por lo que si la vigencia vence antes de la conclusión de éste, la suspensión dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar el nombre del quejoso como depositante, y de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que tiene como objeto que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1395/2022-3, formado con la demanda promovida por José Lázaro Magaña, además deberá contener la firma, clave (número) y sello de la institución emisora del billete, pues de no satisfacer esos requisitos, no se le tendrá por constituida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia que no se opone a la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que en caso de exhibir la garantía en billete de depósito, su devolución, se hará directamente al quejoso o por conducto de su apoderado con cláusula especial para tal fin, o en su defecto con autorización expresa de la parte impetrante. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende al quejoso en flagrante delito o en caso urgente o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a José Lázaro Magaña, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a José Lázaro Magaña, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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