José Lázaro González Olive
Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Lázaro González Olive
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto de veintiocho de junio del presente año, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
Notifíquese Personalmente...
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de junio de dos mil dieciocho. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con dos copias simples de la demanda de amparo, y como está ordenado en el cuaderno principal, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo 100/2018-I-1, promovido por Eréndira Guadalupe Noriega Mendoza, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Centro, Tabasco y otra autoridad. INFORME PREVIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y requiriéndoles que en el mismo se precise si son o no ciertos cada uno de los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo en los términos antes señalados, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como lo dispone el artículo 260, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridades responsables, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia incidental, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, es necesario precisar el acto que la parte quejosa reclama en la especie es: La sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 411/2017 del índice del juzgado responsable, en la que entre otras cosas, se ordena la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la calle 4, lote 23, manzana 3, del fraccionamiento Olmeca, en esta ciudad. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Para determinar si procede o no conceder la medida cautelar debe analizarse si concurren las condiciones relativas a la existencia del acto y que su naturaleza permita su paralización; además de la satisfacción de los requisitos previstos en los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, en atención a que la falta de alguno implica que deba negarse y, por ende, que sea innecesario el estudio de los restantes. Previamente, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, numeral que a letra dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Por su parte, el diverso 129 de la Ley de Amparo, considera, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Previo a emitir pronunciamiento respecto a la suspensión provisional solicitada, resulta oportuno señalar que tal medida podrá concederse cuando lo solicite la quejosa, siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y, que al resolver sobre su procedencia, cuando el acto lo permita, pueda realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 204/2009, publicada en la página 315 del Tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.", advirtió que en términos de la diversa jurisprudencia P./J. 15/96, para el otorgamiento de la suspensión (sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo), basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por la parte quejosa, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Asimismo, conforme a los preceptos transcritos, previamente al otorgamiento de tal medida cautelar, el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. En ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, incluso, valorar si dicho acto, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a éste. Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas en favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Lo que implica tener en cuenta la naturaleza de la violación alegada en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, incluso, verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico de la quejosa. Por otra parte, una vez verificado que la parte quejosa goza del derecho que pretende preservar a través de la suspensión del acto reclamado, será factible entonces analizar si se colman la totalidad de los requisitos exigidos por la ley en su otorgamiento. Por tanto, quien solicite la suspensión, está obligado a exhibir los elementos probatorios indispensables con los cuales acredite, aunque sea de manera indiciaria, que la ejecución de los actos reclamados pueden llegar a causarle daños y perjuicios de difícil reparación, para lo cual se requiere la acreditación, cuando menos indiciariamente, de un derecho legítimamente tutelado susceptible de verse vulnerado con el acto de autoridad. Así, el sujeto que solicita la medida cautelar consistente en la suspensión del acto reclamado, debe demostrar, aunque sea de manera indiciaria, su interés jurídico o legítimo, el que supone la conjunción de dos elementos básicos: la facultad de exigir y el deber de cumplir. En el caso, el primero de los requisitos precisados en el numeral 128 de la Ley de Amparo, está acreditado con la solicitud expresa realizada en la demanda de amparo. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL En ese sentido, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, toda vez que no se cumple con las exigencias previstas en las fracciones I y II del artículo 128 de la ley de la materia, ya que la quejosa no demostró su interés suspensional, es decir, no acreditó contar con el derecho que pretende conservar con la suspensión del acto reclamado, esto es la propiedad o posesión del bien inmueble que considera afectado por las responsables, en virtud que no acredita su interés suspensional, ni de forma indiciaria su propiedad o posesión. Lo anterior es así, dado que si bien exhibió copia simple de la sentencia definitiva emitida en el expediente 411/2017 del índice de las responsables, así como las cedulas de notificación de Junior López Lázaro y Rosario Elena Estrella Reyes, de éstas no se aprecia la propiedad o posesión de la quejosa sobre el citado bien inmueble, ni mucho menos sean pruebas idóneas para demostrar tal extremo. Tiene aplicación a lo anterior en sentido contrario, la jurisprudencia 2a./J.61/2010 (10a.), con número de registro 2011840, visible en la página 956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Segunda Sala, Materia Común, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." De ahí que, como se precisó, no sea procedente conceder la medida cautelar solicitada. EXPEDICIÓN DE COPIAS Como lo solicita la promovente del amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia certificada del presente proveído y entréguesele a las personas que para tal efecto autoriza, previa identificación y razón de recibo que se dejen agregadas a los autos. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional...
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