José Lázaro Celso Vázquez Morillón

Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
603/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • José Lázaro Celso Vázquez Morillón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de junio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de junio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Agréguese el oficio por el cual el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaria de Bienestar, en su carácter de Delegado de la Titular de la Secretaría de Bienestar, así como del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios, y del Director General de Validación de Beneficiarios, ambos de la Secretaría de Bienestar, mediante el cual informa: 1) Que el superior jerárquico inmediato de la autoridad responsable es la Unidad de Coordinación de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar. 2) Manifiesta que resulta improcedente el pago retroactivo al quejoso, a partir del catorce de octubre de dos mil veinte; lo anterior, pues refiere que ello contravendría lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, dígase a la autoridad oficiante que en los efectos de la sentencia de amparo dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por este órgano jurisdiccional misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito se precisó que las autoridades deben realizar lo siguiente: "En ese sentido, el efecto del fallo protector deberá consistir en que el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala y el Coordinador del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, adscrito a dicha Delegación, en el ámbito de sus competencias, emprendan todas aquellas acciones necesarias tendentes a iniciar y concluir con el proceso de acceso a la pensión, previsto en las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte [por ser el año en que la madre del quejoso intentó gestionar el beneficio respectivo ante las autoridades responsables], así como en las Reglas de Operación de ejercicios fiscales subsecuentes. Lo que implica que deberán procurar recibir del quejoso, a través de la persona adulta auxiliar, la documentación considerada como requisitos de acceso, de manera que en caso de que aquél omita la exhibición de algún documento o el que exhiba carezca de algún elemento, las autoridades responsables deberán hacérselo saber de manera inmediata y orientarle para su obtención, a través del adulto auxiliar, a fin de que, a la brevedad, se logre su incorporación a dicho programa. De ser necesario, las autoridades responsables deberán implementar los "ajustes razonables", conforme lo explicado en líneas anteriores, a fin de garantizar al quejoso el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, particularmente el previsto en el artículo 4°, párrafo catorce, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el apoyo económico que el Estado debe garantizar a las personas que tengan alguna discapacidad permanente, en los términos que fije la Ley. En la inteligencia de que -una vez que se inicie el trámite para la incorporación del quejoso al citado programa y en caso de que éste cumpla con los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso- deberá ser admitido como beneficiario de dicho programa dentro del plazo máximo establecido en el numeral 4.1 de las referidas Reglas de Operación, debiendo realizársele el pago de la pensión correspondiente, pero con efectos retroactivos al catorce de octubre de dos mil veinte, fecha en que ********************, madre del quejoso ********************, acudió ante las autoridades responsables a gestionar el beneficio que prevé el multicitado programa social". En consecuencia, las autoridades responsables y vinculadas con el cumplimiento, están obligadas realizar todas las gestiones necesarias de manera inmediata a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, en el ámbito de su competencia deberá emprender todas las acciones necesarias con la finalidad de hacer el pago retroactivo; lo cual incluye ajustar su presupuesto o solicitar las autorizaciones o ajustes necesarios para ello. En consecuencia, lo procedente es requerir a las autoridades 1) ********************, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, 2) ********************, Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios y al 3) ********************, Director General de Validación de Beneficiarios, todos de la de la Secretaría de Bienestar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una multa por el equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Requerimiento a superiores jerárquicos Asimismo, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Unidad de Coordinación de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades antes citadas, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, ordenen a las autoridades responsables y vinculadas con el cumplimiento a ejecutar la sentencia de amparo, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258, en relación con el 238 del referido ordenamiento, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, además de que incurrirán en la misma responsabilidad de la autoridad responsable, misma que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, que no basta que dicho superior jerárquico emita un oficio en el cual giren una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de la sentencia de mérito protectora de derechos humanos, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de la sentencia protectora, pues de lo contrario, se hace acreedor a las sanciones previstas en la Ley de Amparo, esto es, imposición de multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase al Titular de la Unidad de Coordinación de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, para que dentro del término de tres días informe el nombre y apellido de quien ostenta dicho cargo, y quien para efectos del presente asunto, será el responsable de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente sumario. En consecuencia, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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