José Lázaro Banda Rivera
Expediente 33/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 17/03/2021
Partes del expediente
- José Lázaro Banda Rivera
- Juez de Primera Instancia Mixto. San Fernando, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 33/2019-II, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedieron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y dado que obran los acuses de recibos respectivos, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes se inconformó con el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. Finalmente, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo correspondientes y hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo de este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia Mixto, con asentamiento en San Fernando, Tamaulipas. Luego, el veintiuno de agosto de ese mismo año, se levantó la suspensión de plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo cual, se reanudó el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del tres de agosto del citado año. En tales circunstancias, al no ser recurrida la aludida sentencia por las partes, el seis de noviembre de esa misma anualidad, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a tal determinación. En tales condiciones, a través del oficio 560/2020, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de diciembre de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, Tamaulipas, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Comunicado anterior, que se ordenó poner a la vista de las partes a fin de que manifestaran lo de su intención, sin que así lo hubieren hecho. Luego, el dieciocho de enero del año en curso, se levantó la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanudó el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en lo que aquí interesa, en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por José Lázaro Banda Rivera, para el efecto de que la de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en contra del aquí quejoso, en la causa penal 1/2018, por el ilícito de secuestro agravado; * En su lugar, pronuncie otra, que puede ser en diverso o en igual sentido, pero cumpliendo con los requisitos de motivación en cuanto a la probable responsabilidad del aquí quejoso. * Con plenitud de jurisdicción, de estimar el mismo sentido, deberá efectuar el estudio detallado y acucioso en cuanto a la probable responsabilidad, precisando el grado de participación o autoría y las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas, así como el enlace de las probanzas respecto de los cuales se vincule la probable responsabilidad al aquí quejoso con el hecho delictivo." Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, se estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, a través del oficio 560/2020, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de diciembre de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, Tamaulipas, informó que dejó sin efectos la orden de aprehensión y detención de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, única y exclusivamente por lo que respecta al aquí quejoso, por aparecer como presunto responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de L.R.H., dentro de la causa penal 1/2018; asimismo, con plenitud de jurisdicción en data de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se libró orden de aprehensión y detención en contra de Lázaro Rivera y/o Lázaro Banda Rivera, al aparecer como presunto responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de L.R.H., anexando copia certificada de la resolución aludida. En tales condiciones, la autoridad responsable siguió los lineamientos señalados en el fallo protector, y cumpliendo con los requisitos de motivación en cuanto a la probable responsabilidad del aquí quejoso. En ese sentido, con plenitud de jurisdicción, efectuó el estudio detallado y acucioso en cuanto a la probable responsabilidad, precisando el grado de participación o autoría y las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas, así como el enlace de las probanzas respecto de los cuales se vincule la probable responsabilidad al aquí quejoso con el hecho delictivo, circunstancias que se observan en el considerando cuarto de dicha resolución visible en fojas 180 anverso a 193. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en que la autoridad responsable dejó sin efectos la orden de aprehensión y detención de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, única y exclusivamente por lo que respecta al aquí quejoso, por aparecer como presunto responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de L.R.H., dentro de la causa penal 1/2018; asimismo, con plenitud de jurisdicción en data de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se libró orden de aprehensión y detención en contra de Lázaro Rivera y/o Lázaro Banda Rivera, al aparecer como presunto responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de L.R.H. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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