José Juventino Montes Herrera

Expediente 143/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
143/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
01/09/2015

Partes del expediente

  • José Juventino Montes Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV A Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso (fojas 100 y 101), que declaró sin materia la ejecución de la sentencia, por imposibilidad jurídica para su cumplimiento; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  2. Principal

    MESA IV A De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercero perjudicada, en auto de diez de julio de dos mil quince (foja 92 vuelta), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto; por lo que se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil quince (fojas 75 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ JUVENTINO MONTES HERRERA, para el efecto de que la responsable Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado procediera a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis, dado que se reservó ese derecho. Por oficio 291, de veintinueve de junio del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de diecinueve de febrero del mismo año (19-febrero-2015), del que se advierte que procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis (foja 85). Sin embargo, toda vez que la calificación de las pruebas en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis, fue con anterioridad a la emisión del fallo protector (23 de junio de 2015); en tal virtud, no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento que haya dado la autoridad responsable a la sentencia ejecutoria, puesto que la calificación de pruebas que emitió fue antes de que se dictara sentencia; de ahí que con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecución de la sentencia, por imposibilidad jurídica de su cumplimiento. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA IV A De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercero perjudicada, en auto de diez de julio de dos mil quince (foja 92 vuelta), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto; por lo que se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil quince (fojas 75 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ JUVENTINO MONTES HERRERA, para el efecto de que la responsable Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado procediera a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis, dado que se reservó ese derecho. Por oficio 291, de veintinueve de junio del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de diecinueve de febrero del mismo año (19-febrero-2015), del que se advierte que procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis (foja 85). Sin embargo, toda vez que la calificación de las pruebas en el juicio laboral 1030/2013 (2) Bis, fue con anterioridad a la emisión del fallo protector (23 de junio de 2015); en tal virtud, no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento que haya dado la autoridad responsable a la sentencia ejecutoria, puesto que la calificación de pruebas que emitió fue antes de que se dictara sentencia; de ahí que con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecución de la sentencia, por imposibilidad jurídica de su cumplimiento. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IV A De los autos y del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, transcurrió sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de junio de dos mil quince, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa (fojas 75 a 79); en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. En otro aspecto, se advierte que en proveído de dos de los actuales (foja 91), se dijo que una vez que causara ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo se acordaría lo procedente respecto del oficio 291, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad y anexo que acompañó, circunstancia que en la especie se actualiza; por lo que, al respecto, se provee: Téngase por recibido el aludido oficio por el que la responsable de que se trata remite copia certificada del auto de diecinueve de febrero de la presente anualidad dictado en el expediente laboral 1030/2013 (2) Bis de su registro, en cumplimiento a la sentencia pronunciada por este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, a éste último por lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo a lo ordeado en proveído de veinte de mayo último (foja 70 vuelta), por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. De igual forma, para los efectos legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación relativa a que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia pronunciada en este juicio sea omitiendo sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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