José Julio De la Cruz Barrera

Expediente 786/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
786/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
23/02/2015

Partes del expediente

  • José Julio De la Cruz Barrera
  • Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, le transcurrió a la parte quejosa del veintidós de enero al seis de febrero de dos mil quince, con excepción de los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero, y dos y cinco de febrero del año en curso, por haber sido inhábiles. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado.

  2. Principal

    Quedan notificados los terceros interesados por medio de lista de la determinación de diecinueve de enero de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Queda notificado y emplazado el tercero interesado por medio de lista de los autos de treinta de octubre de dos mil catorce y quince de enero de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, en especial con el oficio 3538, signado por la Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña consistentes en copia certificada de la diligencia de devolución de vehículo y oficio 3211/2014, dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, dentro del acta circunstanciada 1008/2014, que se instruye a Antonio Espinoza Santellanos, por el delito de Daños Culposos; se desprende que el aquí quejoso, compareció a solicitar la devolución del vehículo marca Nissan modelo Tsuru, año 2010, con placas de circulación 2696CTD del Estado de Coahuila, serie 3N1EB31S2AK329331, lo que fue acordado favorablemente por la Agente responsable, mediante proveído de once de noviembre de dos mil catorce. En el asunto que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la parte quejosa José Julio de la Cruz Barrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales, en esta ciudad, y otra autoridad, por los actos siguiente: "A).- Reclamo del C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ASUNTOS VIALES DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, la Negativa de Devolución en Depositaria del Vehículo de mi propiedad Marca Nissan Tsuru GSI, Modelo 2010, Color Blanco, Serie numero 3N1EB31S2AK329331, con Placas de Circulación del Estado de Coahuila numero 2696CTD, dentro del Acta Circunstanciada numero 1008/2014, instruida en contra del C. ANTONIO ESPONOZA SANTELLAOS por el Delito de Daños Culposos, en perjuicio del señor ENRIQUE OMAR GAYTAN GONZALEZ; Reclamando también la negativa en su caso de garantizar los Daños causados con el vehículo de mi propiedad mediante Póliza de Fianza que expida Compañía Afianzadora debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir Pólizas de Fianza, ya que se me ha informado que la garantía que se fije será EN EFECTIVO; reclamando también el hecho de que se pretenda consignar el expediente a cualquiera de los Agentes del Ministerio Públicos adscritos a los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a efecto de hacer nugatorio mi derecho de devolución como Depositario del Vehículo de mi propiedad; Reclamo también la negativa de señalarme Garantía para garantizar los daños causados y poder liberar el vehículo de mi propiedad, aduciendo de que no existe Dictamen de Valuación por el Perito de la Procuraduría, no obstante que en autos existe el Parte de Accidente en el cual se hace una Estimación de Daños causados por la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). B).- Del C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, Reclamo la Orden, Acuerdo o Resolución, Escrita o Verbal, girada al C. Agente Investigador del Ministerio Público de Asuntos Viales de Piedras Negras, Coahuila, para que se me niegue la Devolución en Depositaria del Vehículo de mi propiedad Marca Nissan Tsuru GSI, Modelo 2010, Color Blanco, Serie Numero 3N1EB31S2AK329331, con Placas de Circulación del Estado de Coahuila numero 2696CTD dentro del Acta Circunstanciada numero 1008/2014 instruida en contra del señor ANTONIO ESPONOZA SANTELLANOS por el Delito de Daños Culposos, en perjuicio del señor ENRIQUE OMAR GAYTAN GONZALEZ; Reclamando también la Orden, Acuerdo o Resolución, Escrita o Verbal, para que se me Niegue el Derecho de Garantizar los Daños causados con el vehículo de mi propiedad, mediante Póliza de Fianza que expida Compañía Afianzadora debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir Pólizas de Fianza.¨ De lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales, con residencia en esta ciudad, a su oficio 3538/2014, y anexo que acompañó, se advierte en los autos de la acta circunstanciada 1008/2014, que el once de noviembre de dos mil catorce, se acordó favorablemente la petición del ahora quejoso consistente en la devolución de vehículo marca Nissan modelo Tsuru, año 2010, con placas de circulación 2696CTD del Estado de Coahuila, serie 3N1EB31S2AK329331, el cual fue puesto a su disposición mediante oficio 3584/2014 de veintitrés de octubre de dos mil catorce. En esa testitura, se advierte de manera indudable la actualización de una causal de improcedencia, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Es así, dado que del anexo remitido junto con el oficio número 3538/2014, se advierte que se ordenó la devolución del vehículo materia del acto reclamado a la parte quejosa, librándose al efecto el oficio respectivo al Director de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad. Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En el caso, el que ahora resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que adjuntó la Agente responsable, se advierte que mediante acuerdo de once de noviembre del año pasado, se tuvo al afectado José Julio de la Cruz Barrera, compareciendo a solicitar la devolución del vehículo automotor de que se trata, mismo que en dicha fecha se acordó de conformidad; lo que se corrobora con el escrito signado por el autorizado del quejoso de referencia presentado en este juzgado el veintidós de diciembre del año pasado (foja 99), en el que manifestó que le fue entregado el vehículo de referencia. Lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, toda vez que de las constancias antes señaladas se aprecia que el vehículo materia del acto reclamado, fue entregado al quejoso el doce de noviembre de dos mil catorce, restituyendo con ello, en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia antes analizada. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: En tales circunstancias, lo procedente se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se dejan sin efecto todas las providencias decretadas en el presente juicio, así como la fecha y la hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinte de enero de dos mil quince (foja 76). Notifíquese; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables.

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