Jose Julian Torres Luna
Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Julian Torres Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como con la certificación de cuenta, se aprecia que el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: Expediente principal. DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento 12 y 15, interpretados a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Por otro lado, devuélvase al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, las constancias que allegó como complemento a su informe de ley, las cuales consisten en copia certificada del expediente ***** de su índice, en un tomo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la audiencia de treinta y uno de enero pasado, por medio de la cual las partes llegaron a un convenio. Documental que merece eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Constancia que hace patente una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio, pues dicha causa de improcedencia resulta de estudio preferente por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. Los preceptos legales en mención establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se actualiza con la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: Desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. Las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio familiar *** del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta Ciudad, por medio del cual se despacharon las medidas de separación de cónyuges y de restricción en su contra, promovidas por su entonces esposa, aquí tercera interesada, con el fin de que saliera de su domicilio y no se le acercara a cierta distancia. Sin embargo, como se asentó, en la constancia remitida por la autoridad responsable, valorada en párrafos que anteceden, se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, las partes celebraron un convenio, en el que decidieron concluir con el juicio de origen, el cual fue aprobado por la autoridad responsable y, ordenó enviar los autos al archivo como asunto totalmente concluido. En ese sentido, resulta que si la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional para solicitar la protección de la justicia de la Unión en contra de medidas de separación de cónyuges y de restricción dictadas en su contra como actos del juicio de oralidad familiar número ***, pero como se ha explicado, en ese juicio se llegó a un convenio aprobado por la autoridad correspondiente y, en vía de consecuencia, se dio por concluida la controversia; entonces, es inconcuso que han cesado los efectos de las medidas reclamadas, toda vez que al haber concluido el contradictorio desaparecieron sus efectos, de manera total. Esas medidas intermedias en el procedimiento natural, dejaron de tener existencia jurídica y, por lo mismo, de surtir efectos, al haberse aprobado el convenio por el cual se dio por concluido el procedimiento. De ahí que resulte notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado en su contra. Situación que no varía si se continuara con el trámite del presente juicio de amparo pues ni con las pruebas que llegaran a desahogarse en la respectiva etapa ni con algún otro dato, se haría variar la situación comprobada de manera fehaciente de que las medidas que aquí se reclamaron, dejaron de tener existencia jurídica y de surtir efectos. Así que la decisión aquí asumida incluso abona en beneficio de la celeridad en la impartición de justicia a favor de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia de la que se dio noticia, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, siendo ésta, las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. CERTIFICACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Se ordena a la secretaria que haga constar que el disco puede reproducirse, el cual deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a éste. Notifíquese, por lista a la parte promovente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad (denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "Juzgado de Oralidad Familiar de la ciudad de Irapuato, Guanajuato"); misiva mediante la cual rinde su informe justificado; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de ley. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad citada, anunciando como pruebas en apoyo a su informe de ley las documentales indicadas en la certificación que antecede. Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe y de las pruebas citadas, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. Debido al volumen de las constancias exhibidas fórmese un tomo de pruebas por separado, con el consecutivo I. Realícese las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la denominación correcta de las autoridades precisadas.
- Principal
INFORMES JUSTIFICADOS Ténganse por recibidos los oficios signados por la Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Irapuato, Guanajuato, así como el Actuario adscrito a dicha central; mediante el cual rinden su informe justificado1, en tales condiciones se le tiene por rendido los informes de ley. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva.
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