Jose Julian Rodriguez Acosta
Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 31/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Julian Rodriguez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil, José Julián Rodríguez Acosta solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de lo Civil con residencia en Cuernavaca, Morelos, y Actuarios de su adscripción. Acto reclamado: ".La ilegal orden de desalojarme del inmueble materia del litigo sin que exista de manera definitiva sentencia firme que así lo impere. mediante exhorto enviado mediante oficio de fecha 8 de febrero del año en curso. Del Juez Primero,. Décimo de lo Civil de Cuernavaca Morelos,. la ilegal ejecución." SEGUNDO. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró su incompetencia por territorio, y ordenó remitir la demanda de amparo a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, esta autoridad por conducto de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio 3578/2019, al que se anexó el juicio de amparo 188/2019, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número de expediente 308/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en el número cuatrocientos diecinueve, de la calle Vicente Guerrero número dieciséis, sótano, colonia centro, código postal 62000, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, así como su ejecución relativo al juicio sobre arrendamiento inmobiliario 673/2017-B. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (denominación correcta) con residencia en Cuernavaca, Morelos, pues así lo informaron de manera categórica al momento de rendir su informe, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga le corresponde. La responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado refiriendo que desahogó el exhorto número 21/2018, relativo al expediente 673/2017, el que devolvió diligenciado, sin embargo, debe tenérsele negando el mismo, en consideración a que la parte quejosa reclama la orden de lanzamiento ordenada mediante oficio exhorto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, de ahí que deba tenerse a dicha responsable por negado el acto que se le reclama. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y Juez Noveno de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado y remitieron las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Al efecto, cabe señalar que el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable...". Así, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos que la finalidad que persiguen, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, atendiendo a su naturaleza y para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pueden clasificarse en: a. Actos consumados de modo reparable, y b. Actos consumados de modo irreparable En efecto, los primeros son aquellos que no obstante de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que, en este sentido, el juicio de amparo será improcedente. En este orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Asimismo, conviene señalar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Ahora bien, a fin de acreditar la causa de improcedencia aludida, conviene destacar los antecedentes más relevantes derivados del expediente 673/2017-B, a saber: El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, los apoderados legales de la actora Plaza López Cotilla Sociedad Anónima de Capital Variable, demandaron en la vía de controversia de arrendamiento la terminación del contrato de subarrendamiento en contra de José Julián Rodríguez Acosta, (fojas 1 a 19 del anexo). El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, emitió sentencia definitiva en la que condenó: ". PRIMERO: Ha procedido la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario en la que la parte actora Plaza López Cotilla, Sociedad Anónima de Capital Variable, acreditó parcialmente sus peticiones, mientras que la parte demandada José Julián Rodríguez Acosta, se condujo en rebeldía; en consecuencia: SEGUNDO. Se declara la terminación el contrato de subarrendamiento celebrado el primero de julio del dos mil quince, entre Plaza López Cotilla, Sociedad Anónima de Capital Variable,. y José Julián Rodríguez Acosta en su carácter de subarrendatario. TERCERO. Se condena al demandado José Julián Rodríguez Acosta, a desocupar y entregar a la parte actora o quien sus derechos represente el inmueble identificado como el número 419 ubicado en calle Vicente Guerrero número 16, sótano, colonia centro, Delegación Benito Juárez García, código postal 62000, Cuernavaca, Morelos, por lo que se le concede al demandado el término de cinco días contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, para que desocupe voluntariamente el inmueble subarrendado, con el apercibimiento que para el caso de incumplimiento, se procederá al correspondiente lanzamiento a su costra. CUARTO. Se condena al demandado José Julián Rodríguez Acosta, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $7,250.00 (.) . QUINTO. Se condena al demandado José Julián Rodríguez Acosta, a pagar a la actora. de las pensiones rentísticas que se sigan generando a partir del mes de agosto del dos mil diecisiete, y hasta la total desocupación y entrega del inmueble arrendado. SEXTO. Se condena al demandado José Julián Rodríguez Acosta, a pagar a la parte actora. por concepto de pena convencional el 6%... mensula sobre cada pensión rentística no pagada. SEPTIMO. Al efecto, y con el fin de que el demandado realice el pago de lo aquí condenado, se concede a la parte demandada el término de cinco días." Por escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, José Julián Rodríguez Acosta. Interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primer grado. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, tuvo al ahora quejoso interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la que admitió en el efecto devolutivo y de tramitación inmediata (foja 243 del anexo). El veintitrés de enero del año en curso, la responsable tuvo a la actora contestando los agravios expresados por su contraria y ordenó la remisión del recurso a la sala civil de ese Tribunal. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, a solicitud de la parte actora en atención a que el recurso de apelación se admitió en el efecto devolutivo, a efecto de ejecutar la sentencia definitiva fijó una garantía a la actora para la indemnización de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte demandada si el tribunal de alzada revoca la sentencia por la suma de $8,700.00 pesos (foja 253 del anexo). El cinco de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora exhibiendo la cantidad fijada para daños y perjuicios, y en consecuencia ordenó girar el exhorto al Juez competente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el objeto de llevar a cabo el lanzamiento del demandado del inmueble ubicado en el número cuatrocientos diecinueve, de la calle Vicente Guerrero número dieciséis, sótano, colonia centro, código postal 62000, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con oficio 431 de ocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 255 a 256 del anexo). El doce de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Noveno de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, recibió el exhorto ordenó su diligenciación en los términos ordenados y en diligencia de lanzamiento de once de marzo de dos mil diecinueve, ejecutó la sentencia definitiva lanzando al quejoso del domicilio en arrendamiento (foja 33 a 41 anexo del exhorto) que constituye el acto reclamado. Ahora bien, se reitera, la parte quejosa reclama en este juicio la orden de lanzamiento que se giró mediante oficio de ocho de febrero de dos mil diecinueve, para ejecutar la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, que conoció el Juez Noveno Civil de Primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Sin embargo, de la relación de constancias realizada se advierte que la orden de entregar el inmueble ubicado en el número cuatrocientos diecinueve, de la calle Vicente Guerrero número dieciséis, sótano, colonia centro, código postal 62000, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, condenado en la sentencia definitiva en el juicio sobre controversia de arrendamiento 673/2017-B, a ejecutarse mediante exhorto que conoció el Juez Noveno Civil responsable se ejecutó en diligencia de lanzamiento de once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 33 a 41 anexo del exhorto); de ahí que se considere que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. Debiendo destacarse que la parte demandada, ahora quejosa, tuvo conocimiento del procedimiento instaurado en su contra, fue oída y vencida en juicio, existiendo una condena que si bien no está firme, en razón a que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación que interpuso el demandado aquí quejoso, que conoce la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también es cierto, que el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, admitió el recurso de apelación en el efecto devolutivo el nueve de enero de dos mil diecinueve (foja 243 del anexo), por lo que al haber depositado la actora la garantía para daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al demandado en diverso auto de cinco de febrero del año en curso, de conformidad con los artículos 694, 699 fracción III y 699 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, formó la sección de ejecución que culminó con la diligencia de lanzamiento que se ejecutó el once de marzo del año en curso; aunado a que en este juicio de derechos fundamentales al resolverse la suspensión definitiva el once de marzo de dos mil diecinueve, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado; sin que la parte quejosa, realizara manifestación alguna o recurriera tales autos dictados por la responsable. Entonces, resulta material y físicamente imposible restituir a la parte quejosa en sus derechos fundamentales violados, pues no se puede retrotraer en el tiempo la reparabilidad física y material del acto reclamado, a fin de que el amparo que pudiera obtener surta sus efectos prácticos y jurídicos, debido a que la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en lo relativo al punto tercero relativo a desocupar el inmueble ubicado en el número cuatrocientos diecinueve, de la calle Vicente Guerrero número dieciséis, sótano, colonia centro, código postal 62000, de la ciudad de Cuernavaca Morelos, ha producido todos sus efectos, toda vez que la parte quejosa en diligencia de lanzamiento de once de marzo de dos mil diecinueve fue lanzado del referido inmueble arrendado (foja 33 a 41 anexo del exhorto), y entregado a su propietario actor en el juicio natural. Por tanto, es evidente que la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en el número cuatrocientos diecinueve, de la calle Vicente Guerrero número dieciséis, sótano, colonia centro, código postal 62000, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del cual el demandado era subarrendatario, es un acto consumado de manera irreparable, por haber sido cumplidos en su totalidad los efectos de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho en su resolutivo tercero, relativa al juicio de controversia de arrendamiento 673/2017-B, donde el quejoso es parte demandada, dado que la orden de entregar el domicilio arrendado, se ha cumplido como se advierte de la diligencia de lanzamiento de once de marzo del año en curso (foja 33 a 41 anexo del exhorto). Por tanto resulta jurídica y materialmente imposible restituir al quejoso en la posesión del bien inmueble desposeído, en razón a que no ofreció elementos de prueba suficientes para establecer en forma indiciaria o presuntiva que es titular de un derecho posesorio sustentado en un título que eventualmente puede ser afectado con la ejecución, por lo que no se advierte cuente con un derecho susceptible de tutela constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), Registro 2011829, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Página 672, de rubro y texto: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Máxime que tales actos son consecuencia de la sección de ejecución de una condena decretada en contra de la parte aquí quejosa con motivo de haberse ordenado en el juicio 673/2017, al exhibir la parte actora la garantía para daños y perjuicios en caso de resultar adversa la sentencia que resuelva el recurso de apelación que se admitió en el efecto devolutivo, sin soslayar que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente los acuerdos dictados, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa, contra aquellas actuaciones que podrían perjudicarle. En virtud de lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Juez Noveno de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del acto atribuido a la autoridad ordenadora. Al resultar improcedente la acción de derechos fundamentales y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, registro 394465, Sétima Época, Apéndice de 1995, visible en la página 335, rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002359, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 530, de voz: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, registro 2002179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Se notifica a la parte tercero interesada Plaza López Cotilla S.A. de C.V., por conducto de sus apoderados legales, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida treinta y uno de julio de dos mil diecinueve: "...En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito con anexo signado por los apoderados legales de la persona moral tercera interesada denominada PLAZA LÓPEZ COTILLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; al respecto, y, en virtud de que el cinco de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional se ordena formar cuaderno de antecedentes. Ahora, visto el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 5°, de la Ley de Amparo, se tiene a la persona moral PLAZA LÓPEZ COTILLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de sus apoderados legales apersonándose a la presente contienda constitucional en su carácter de tercera interesada, asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a las personas que cita. Finalmente, por cuanto a las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que su llegada resulta extemporánea como ha quedado asentado. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por la Juez Trigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias del emplazamiento encomendado; al respecto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte y por satisfecho lo solicitado. Finalmente, vistas las constancias que remite se tiene por emplazada a la parte tercera interesada Plaza López Cotilla Sociedad Anónima de Capital Variable. Notifíquese.
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