José Julián Ramírez Solano

Expediente 1488/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1488/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • José Julián Ramírez Solano
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja, interpuesto por ********************, en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo********************, al que le fuera asignado el número de queja civil ********************

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ********************; por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitido por este órgano jurisdiccional****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a ********************, interponiendo el citado RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve****************************************En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo********************, se desechó la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo y otras****************************************Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas al presente juicio, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito y anexo de cuenta presentado por José Julián Ramírez Solano, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo y otras. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1488/2019, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgador procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN EL CONGRESO ESTATAL DE GUERRERO" "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Se reclaman: el derecho de petición, derecho de acceso a la justicia, y de acceso a la información." Asimismo, en su hecho CUARTO, de su escrito de demanda se advierte lo siguiente: "CUARTO. En cuanto a las autoridades señaladas como responsables les reclamo directamente lo siguiente: AL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVO, reclamo el derecho de petición, derecho de acceso a la justicia, y de acceso a la información debio darme una respuesta a mi escrito inicial de demanda, dándome el acceso por todos los medios permitidos como lo son publicación de estrados, publicación en la página de internet donde consten los datos de las partes en litigio y resumen de su acuerdo. B). PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA dado que también en el recae la presidencia de la judicatura del tribunal que preside, busque los mecanismos alternos para dar tanto al suscrito quejoso como a la ciudadanía en general el derecho de acceso a la información al menos consistente en la publicación de todos los medios permitidos como lo son, publicación de estados, publicación en la página de internen donde consten los datos de las partes en litigio y resumen del acuerdo recaído, de los juicios en primera y en segunda instancia. No debiendo olvidar que las audiencia son públicas y aciertas. C). PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN EL CONGRESO ESTATAL DE GUERRERO. Pido muy respetuosamente que como representantes del pueblo Guerrerense y en representación como ciudadano requiera informe al presidente del Tribunal superior de justicia sobre los medios de comunicación y publicación que garanticen en su totalidad y en general el derecho de acceso a la información sobre los juicios ventilados para las partes que en ellos intervienen, puesto que es de interés público el derecho a la justicia y a la información, no debiendo olivar que en el poder judicial las audiencia son públicas y abiertas." El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del enlace de los dispositivos transcritos se desprende la inejercitabilidad del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados dentro de juicio que no tengan consecuencias de imposible reparación; asimismo, se corrobora que tienen dicha característica aquéllos que perjudiquen derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Cierto, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación confirmó que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan: I) producir una afectación material a derechos en forma actual; y, II) que los derechos perturbados revistan la naturaleza de sustantivos, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes formales o adjetivas. Por otro lado, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, estableció que no resulta factible reclamar de forma autónoma una violación a un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Toda vez que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquéllos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales se rigen bajo las diversas garantías previstas en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, preceptos que regulan en forma específica su actuar ante peticiones de los particulares; por tanto, determinó que es inadmisible controvertir la omisión de dar respuesta a una petición cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de juicio, o en un procedimiento administrativo seguido como tal, puesto que no se deja sin defensa al quejoso, no puede ventilarse de forma independiente y se trata de una violación de carácter adjetivo conforme al cual tienen que atenderse las reglas de la legislación ordinaria para obligar a que se emita la respuesta relativa. Las jurisprudencias que derivaron del criterio examinado son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Posteriormente, la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal al resolver la diversa contradicción de tesis 325/2015, reiteró la regla general de improcedencia del amparo indirecto cuando se promueve contra violaciones de carácter adjetivo que no tienen una ejecución irreparable, puntualizando como tales a las afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional por la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de nuestra Ley Suprema, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello no obstante que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos en forma directa, como lo puede ser la violación al artículo 8 Constitucional; sin embargo, ese menoscabo no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. De ahí que, como pauta genérica, debe estimarse que no es viable el juicio de amparo en la vía indirecta. Ahora, del contenido integral de demanda, se conoce que el quejoso José Julián Ramírez Solano, reclama de las autoridades responsables, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y Presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Estatal de Guerrero, la omisión de acordar el escrito de demanda, que presentó ante la citada en primer orden, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Resulta claro que si bien, el artículo 8 Constitucional impone la obligación a la autoridad a quien se haya dirigido la petición, de dar una respuesta en breve término; sin embargo, como se dijo, ello deriva de no acordar su escrito de demanda que presentó el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en esas condiciones, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto en los artículo 14 y 17 Constitucional, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, resulta improcedente, pues se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, sino que se trata de una violación de carácter adjetiva. Por tanto, el juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho de petición que considera se le pretende desconocer, dado que el quejoso tiene a su alcance los medios para hacer valer su reclamación ante la propia autoridad ante quien presentó su escrito de demanda, quien se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales. Por lo que resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión se dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 Constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Entonces, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes analizada, procede desechar de plano la demanda presentada por José Julián Ramírez Solano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabino Palma Hernández y Carolina Sánchez Ramírez, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Oscar Guelmi Gabriel Antaño, por no contar con registro de cédula en el sistema antes aludido, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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