José Julián Ramírez Barrios
Expediente 348/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/07/2016
Partes del expediente
- José Julián Ramírez Barrios
- Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, CERTIFICA: a) Que ha transcurrido en exceso el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. b) Que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. c) Que de conformidad con el punto décimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. d) Que en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. e) Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. f) Que de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. Lo que se sienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos, así como con la certificación que antecede. Conste. Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El once de abril de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 28 a 31) 2. Por auto de cuatro de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. (Folio 38 a 40) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Director General y el Director de Seguridad y Operaciones, ambos de Prevención y Readaptación Social del Estado de México: "Dejen insubsistente la orden de traslado del quejoso José Julián Ramírez Barrios, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, a diverso centro de reclusión. - - - Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director y al Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia de aquél.". En ese tenor, a través de misivas DGPRS/DTL/5156/2016 y DGPRS/DSO/02784/2016, de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Director General y el Director de Seguridad y Operaciones, ambos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, informaron la forma que dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, y la primera remitió copia certificada del memorandum de trece del citado mes y año, por el cual el Secretario General del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", Almoloya de Juárez, en la entidad, hizo del conocimiento del Director Técnico Legal, que una vez que realizó una búsqueda en el sistema de procesados y sentenciados (DATA), se pudo constatar que José Julián Ramírez Barrios sí se encuentra como población en esa institución penitenciaria, ubicado en el dormitorio uno, pasillo tres, celda doce, cama tres. (Fojas 102 a 105 de autos) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a las presentes actuaciones. Por auto de dieciocho de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que lo hubiesen hecho. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a las responsables ordenadoras, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Director General y el Director de Seguridad y Operación, ambos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, informaron, la primera, que se dejó insubsistente la orden de traslado por lo que se refiere al quejoso José Julián Ramírez Barrios, y al efecto agregó que el peticionario de amparo actualmente se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, y a fin de acreditar su dicho exhibió copia certificada del memorandum de trece del citado mes y año, del que se advierte que en el sistema de procesados y sentenciados (DATA), se aprecia que el quejoso se encuentra como población en ese centro carcelario, ubicado en el dormitorio uno, pasillo tres, celda doce, cama tres; en tanto que, la segunda de las responsables indicó que esa autoridad no ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar algún acto, consistente en la orden de traslado a diverso centro de reclusión. Derivado de ello, el siete de junio del año en curso, se turnaron los autos al Actuario de la adscripción, a efecto de que notificara al quejoso dicho acuerdo en el lugar en que se encontraba recluido, lo cual aconteció el once siguiente, en las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. (Foja 110) Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que las autoridades obligadas a cumplir la concesión de amparo acataron los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México dejó insubsistente la orden de traslado de José Julián Ramírez Barrios, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso centro penitenciario; en tanto que, la diversa responsable, en cumplimiento a la sentencia amparadora, señaló que esa autoridad no había dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar algún acto, consistente en la orden de traslado del quejoso a diverso centro de reclusión. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. No es óbice a lo anterior, el que las diversas responsables ejecutoras Director y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, hayan sido omisas en rendir su informe respecto al cumplimiento del fallo protector, pues como quedó evidenciado, las responsables ordenadoras acataron los efectos de la sentencia amparadora, y se acreditó que en relación al aquí quejoso, derivado de haberse observado el fallo protector, se dejó insubsistente la orden de traslado a diverso centro carcelario, y por ende, se le dejó interno en el referido centro penitenciario; lugar en el que, incluso, se llevó a cabo su notificación por parte del fedatario adscrito a este órgano de control constitucional. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar solicitada; y, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, resulta innecesaria su glosa al presente expediente. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
se notifica por lista Comisariado Ejidal del núcleo de población ejidal de San Mateo Otzacatipan, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, el siguiente acuerdo: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión de dos de junio de la presente anualidad, en autos del recurso de queja 72/2015 de su índice, por la cual el órgano colegiado de su adscripción determinó: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se ordena al Juez de Distrito que provea lo conducente respecto a la demanda de amparo". . Por tanto, acúsese de recibo a la superioridad, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, agréguense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes y provéase respecto a la admisión o desechamiento del presente asunto. PREVENCIÓN. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que nos ocupa, es necesario requerir a la totalidad de los promoventes para que en el plazo de tres días a partir de su legal notificación, bajo formal protesta de decir verdad, abunden en los antecedentes relacionados al acto reclamado, dentro de los cuales establecerán: 1. Si se ha promovido alguna actuación, juicio o controversia en materia agraria o de cualquier otra índole en contra del acto que por esta vía reclaman, en su caso, indiquen la persona que lo promovió y el estado procesal del mismo; 2. En su caso, indiquen los números de juicios con los cuales fueron registrados y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite, así como también, cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado; 3. Manifiesten, con respecto a la ampliación de calles derivada de las obras de construcción del Distribuidor Vial entre la avenidas José López Portillo y Boulevard Miguel Alemán, en Toluca, Estado de México, son parte de dicho ejido, y cuáles son las parcelas específicas y su posesionario, que consideran afectadas por dicha extensión. Dichos requerimientos se formulan con el fin de identificar provisionalmente los actos que se tildan de inconstitucionales. APERCIBIMIENTO. Así mismo, se le apercibe a la totalidad de los quejosos que de no desahogar los requerimientos formulados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. De igual manera, requiérase a los miembros del Comisariado Ejidal del núcleo de población ejidal de San Mateo Otzacatipan, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, a efecto de que en el plazo de tres días a partir de su legal notificación, bajo formal protesta de decir verdad, informen a este órgano de control constitucional, si en el lapso de tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda - seis de marzo de dos mil quince - a la fecha actual, han celebrado convenio alguno con cualquier autoridad con respecto a la ampliación de calles derivado de la construcción del Distribuidor Vial entre la avenidas José López Portillo y Boulevard Miguel Alemán, en Toluca, Estado de México; con el apercibimiento que de ser omisos a lo anterior, o bien, de no exponer por escrito las razones que les impidan cumplir con el presente requerimiento, se les impondrá una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (antes Distrito Federal), según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia. Así también, hágase del conocimiento de los requeridos de LAS PENAS A QUE SE HACEN ACREEDORES LOS QUE AFIRMAN HECHOS FALSOS ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se les apercibe que para el caso de DESAHOGAR LOS REQUERIMIENTOS DE MÉRITO O EN SU CASO, DENTRO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, hayan manifestado hechos falsos u omitan los que les consten, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ALGÚN DELITO. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. REQUIRIMIENTO DE CONSTANCIAS. Por otro lado, requiérase al Delegado en el Estado de México del Registro Agrario Nacional, a efecto de que informe el estado que guarda el núcleo de población de San Mateo Otzacatipan, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, con respecto a su debida inscripción en dicha dependencia; de la misma forma, el carácter que tengan los impetrantes de garantías, con relación a los derechos que argumentan poseer y si dichos haberes se encuentran debidamente registrados ante ese organismo; de igual forma, informe si existió un procedimiento legal de expropiación con dicho núcleo de población, a efecto de ampliar las calles en dicho lugar, como consecuencia de la construcción del Distribuidor Vial ubicado en las avenidas José López Portillo y Boulevard Miguel Alemán, en Toluca, Estado de México; en caso, de haber existido, deberá remitir copias certificadas que lo acrediten; con el apercibimiento que de ser omiso a lo anterior, o bien, de no exponer por escrito las razones y disposiciones legales que les impidan cumplir con el presente requerimiento, se les impondrá una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (antes Distrito Federal), según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia. Lo anterior, con la finalidad de acreditar la legitimación de los quejosos en el presente juicio de garantías y establecer la temporalidad en que fue presentada la demanda. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia se tiene como representante común de los quejosos
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al quejoso José Julián Ramírez Barrios, del auto de dieciocho de mayo de la presente anualidad. En consecuencia, comisiónese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional a efecto de que notifique personalmente a dicha parte, el auto referido en parágrafos anteriores.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por el Director de Seguridad y Operación y el Director General, ambos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, mediante los cuales informan sobre la forma en que dieron cumplimiento a la sentencia de veintiséis de abril del dos mil dieciséis. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el cumplimiento otorgado por las responsables, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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