José Julián Jiménez Moreno

Expediente 1176/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1176/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • José Julián Jiménez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y toda vez que ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que se le concedió al promovente xxxxxxxxxxxxxxxxxx, como representante del menor con iniciales xxxxxx, para que diera cabal cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, esto es, exhibiera el original o copia debidamente certificada, del acta de nacimiento del referido menor a quien representa, sin que hasta la presente fecha lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda propuesta. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo 1 Diario Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2016. para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo legal, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión la resolución dictada en el presente expediente, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, toda vez que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa xxxxx, se provee lo siguiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para que, dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, dé cumplimiento al fallo protector, que se concedió para los siguientes efectos: a) "Deje insubsistente la resolución escrita de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca xxxx/18-2019/S.M. b) Hecho lo anterior, señale día y hora para la celebración de la audiencia oral en la que se resuelva el recurso de apelación, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, posteriormente emitirla por escrito. c) En dicha resolución deberá pronunciar con libertad de jurisdicción, pero fundado y motivando su determinación" Ahora bien, es preciso señalar que la sala aquí responsable no tiene superior jerárquico que ordene su debido cumplimiento, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la ley de la materia en vigor, conforme a la tesis de jurisprudencia I.3º. C. J/8 (10ª), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE); por tanto, se apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este juicio, dentro del término concedido, sin causa justificada se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $ 8,688 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho M.N.) tomando en consideración que el valor de la medida de actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veinte, es de $86.88 (ochenta y seis pesos con 88/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido por los artículos 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en términos del numeral 193 de la citada legislación. Asimismo, se remitirán los autos de manera directa al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las autoridades responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en el artículo 198, párrafo cuarto de la ley de la materia, siempre y cuando este Juzgado califique que la responsable actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dispone: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese

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