José Julián Javier Pacheco Ugalde
Expediente 659/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2017
Partes del expediente
- José Julián Javier Pacheco Ugalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, promovida por José Julián Pacheco Ugalde, con motivo de la incompetencia que se planteó por éste órgano jurisdiccional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como total y legalmente concluido. Ahora bien, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente....IV
- Principal
Visto el estado de autos, del cual se desprende que por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido oficio 4408/2017, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusó recibo del diverso oficio 12255/2017, con el cual le fue enviada la demanda de amparo promovida por José Julián Javier Pacheco Ugalde, con motivo de la incompetencia planteada por éste Juzgado, misma que radicó bajo el número de amparo directo civil 337/2017, y ordenó realizar el trámite previsto en el artículo 178 de la Ley de amparo, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento si se avocó al conocimiento de dicha demanda de amparo; en consecuencia, solicítese atentamente a la alzada, a efecto de que informe a éste Juzgado sobre dicho avocamiento, lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de archivar el presente cuadernillo como totalmente concluido....IV
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 12255/2017, con el cual le fue enviada la demanda de amparo promovida por José Julián Javier Pacheco Ugalde, con motivo de la incompetencia planteada por éste Juzgado, de cuyo contenido se desprende que la radicó bajo el número de amparo directo civil 337/2017, y que ordenó realizar el trámite previsto en el artículo 178 de la Ley de amparo e informa que hecho que sea, dará cuenta para acordar lo procedente....IV.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que no fue posible realizar la notificación del proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete al quejoso José Julián Javier Pacheco Ugalde, por las razones asentadas, en tal virtud; se ordena realizar la notificación del citado proveído y las subsecuentes, por lista que se pública diariamente en los estrados de éste órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo....IV AUTO DE 18/05/2017 REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 659/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMPETENCIA Tomando en consideración que las cuestiones relativas a la competencia constituyen un presupuesto procesal "sine qua non", cuyo estudio es preferente a la procedencia de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado declina competencia para el conocimiento de la demanda que nos ocupa al Tribunal Colegiado en turno en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro. Lo anterior es así, toda vez que del análisis de la presente demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: El auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 138/2015, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual declaró la caducidad de dicho juicio oral mercantil, y entre otras cuestiones, ordenó levantar el embargo del bien inmueble trabado en autos. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO 1.- Durante el año dos mil catorce, el ahora quejoso demandó por la vía oral mercantil a Renato Basurto Pacheco, dando origen al expediente 1457/2014, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro. 2.- Posteriormente se decretó de forma precautoria el embargo de bienes del demandado, consistentes en el bien inmueble ubicado en el sitio, municipio de San Juan del Río, Querétaro, con una superficie de 18-54-36-0 hectáreas, embargo que fue inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de San Juan del río, bajo el folio real 00126766/0003. 3.- En la audiencia de juicio llevada cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, en virtud del fallecimiento del demandado, interrumpió el juicio de origen, hasta en tanto se apersonará el representante de la contraparte del quejoso. 4.- Ulteriormente, en auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, el aludido juez se excusó de conocer del juicio de origen, con motivo de la tercería excluyente de dominio promovida por Estela Bravo Mejía, por lo se remitieron los autos al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, bajo el expediente 138/2015, quien ordenó acordar lo conducente, en relación a la tercería interpuesta, hasta en tanto se tuviera información respecto del representante de la Sucesión del fallecido demandado. 5.- Mediante auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, a petición de la citada Estela Bravo Mejía, declaró la caducidad de dicho juicio oral mercantil, y entre otras cuestiones, ordenó levantar el embargo del bien inmueble trabado en autos. Siendo éste último auto, el acto que reclama el hoy impetrante del amparo. Así, el artículo 170, de la ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" El precepto transcrito dispone que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En esas condiciones, es claro que corresponde el estudio de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil en turno del Vigésimo Segundo Circuito, dado que el acto que la parte quejosa reclama es el auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual la autoridad responsable, declaró la caducidad del juicio de origen, y entre otras cuestiones, ordenó levantar el embargo del bien inmueble trabado en autos; esto es, el acto que aquí se reclama constituye una resolución que pone fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 185437, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, Diciembre de 2002, materia administrativa, diciembre de dos mil dos, visible en la página 236, misma que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello, aun y cuando en contra del citado auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, el quejoso hizo valer el recurso de apelación que la ley le concede, de conformidad con el capítulo tercero, artículos 684 y 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dicen: "Artículo 684. El proceso caduca en los siguientes casos: (.) IV. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción durante un plazo mayor de seis meses, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. Artículo 686. (.) La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos." Lo anterior, en razón de que las resoluciones dictadas en los juicios orales mercantiles como el que nos ocupa son irrecurribles conforme lo dispuesto en los artículos 1339 y 1390 bis del Código de Comercio. Conviene citar al caso, en lo conducente, la jurisprudencia J/8 K, sustentada por el Pleno del Trigésimo Segundo Circuito, con número de registro 2006612, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, libro 7, junio de dos mil catorce, visible en la página 854, misma que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO." Por las anteriores consideraciones, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil en turno del Vigésimo Segundo Circuito, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en este auto, provea lo conducente. Apoya a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 2002115, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, libro XIV, noviembre de dos mil doce, visible en la página 1841, misma que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA AL DICTARSE LA SENTENCIA DEFINITIVA Y ÉSTA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO ES APELABLE, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 709, de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.", estableció que contra la resolución que decreta la caducidad de la instancia en el procedimiento en materia mercantil, en los asuntos que por razón de cuantía no son apelables, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; sin embargo, tal supuesto opera únicamente cuando la declaratoria de caducidad se dicta dentro de la secuela del procedimiento, pero si la misma se decreta precisamente al dictar la sentencia definitiva y ésta por razón de cuantía no es apelable, procede en su contra el juicio de amparo en la vía directa, ya que independientemente de que dicha resolución no decidió la controversia de fondo porque no analizó las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, formalmente se trata de una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, máxime que el citado recurso de revocación procede únicamente contra autos y decretos, lo que excluye la procedencia de ese medio de impugnación contra las sentencias definitivas." CUADERNO DE ANTECEDENTES Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias que integran este expediente, solicitándole atentamente al Tribunal Colegiado que por razón de turno conozca del presente asunto acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte en términos del artículo 12 de la ley especial a la personas que menciona en su demanda, excepto a Rodrigo Chan Morales únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal
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