José Julian Flores Parra

Expediente 1157/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1157/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • José Julian Flores Parra

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO Y SE REMITE EXPEDIENE AL ARCHIVO.

  2. Principal

    Se agrega razón actuarial, se ordena realizar notificación personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones. . .

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III, INCISO A) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN VIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ JULIÁN FLORES PARRA, EL AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Personería Se tiene por recibido la demanda firmada por José Julián Flores Parra, mediante la cual promueve juicio de amparo indirecto por su propio derecho. Desechamiento de la demanda Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, ante lo manifiesto e indudable de su improcedencia. De acuerdo con dicha disposición legal, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia obtenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V (en sentido contrario) y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo; disposiciones legales que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . Del primer dispositivo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De la interpretación en sentido contrario del diverso numeral se desprende que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no puedan ser considerados como de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, una ejecución de imposible reparación debe entenderse como una afectación inmediata de alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Consecuentemente, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la quejosa, ya que para ello, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a alguno de los derechos sustantivos aludidos. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por su parte, el contenido del precepto 172, fracción III, revela que, para efectos del juicio de amparo directo, se consideran violaciones cometidas en el procedimiento que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, cuando en los juicios tramitados ante tribunales civiles se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Ahora, en el caso particular el quejoso a través de esta vía constitucional reclama la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, con sede en esta ciudad, dentro del juicio 1211/2017, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto que lo tuvo por desistido del desahogo de ciertas pruebas testimoniales. En dicha determinación (nueve de agosto de dos mil dieciocho) se declaró infundado el medio ordinario de impugnación y se confirmó el auto de diecinueve de junio del año en curso, mediante el cual se tuvo al oferente por desistido en el desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de Ana Lorena Ojeda González y Mauricio Alfredo Aramburo Muriel. De ahí que el motivo de las impugnaciones en la vía ordinaria y extraordinaria radica en el indebido desechamiento de pruebas. Por ello, es inconcuso que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación que afecten en sus derechos sustantivos a la parte quejosa, pues versa solamente sobre cuestiones procesales desplegadas dentro de un procedimiento penal, en especificó, el desistimiento por desinterés en el desahogo de ciertos medios de convicción en el proceso civil. Por lo tanto, la decisión judicial combatida no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que el desechamiento (desitimiento) de las pruebas testimoniales sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos del artículo 172 de la Ley de la materia, haciendo valer tal acontecimiento como violación procesal. Al respecto, por analogía se invoca la jurisprudencia 2a./J. 24/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso. En esa tesitura, es claro que el juicio de derechos fundamentales que se intenta es improcedente, al actualizarse la causa a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V (en sentido contrario) y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo [no es acto de imposible reparación, dado que constituye violación procesal reclamable en amparo directo]. Por tal motivo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Julián Flores Parra, conforme al artículo 113 del ordenamiento de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo de la Colonia número 36, colonia Valle Verde, de esta ciudad. Ahora, se tiene a Fernando Torres Ortiz y Héctor Miguel Riesgo Aguilar, por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Blas Martínez Aboyte, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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