José Julian Esparza Varela

Expediente 912/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • José Julian Esparza Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    -CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE- se declara que ha causado ejecutoria. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y a las demás partes por medio de lista.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, se declara que ha causado estado. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 912/2020-V, promovido por ................................, contra actos de la Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua; y, RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día siguiente a este Juzgado, José Julián Esparza Varela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua, lo que hizo consistir en la falta de respuesta a la solicitud de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se le pidió a la autoridad responsable una autorización para una transmisión de derechos para explotar, usar o aprovechar aguas del subsuelo, integrándose el expediente administrativo AGS-L-0170-31-03-17. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8 y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO Trámite del juicio de amparo Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró bajo el número 912/2020-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo a diversos diferimientos, se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO Competencia del órgano constitucional Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del artículo quinto transitorio los Acuerdos Generales 53/2015 y 18/2017, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama la omisión de una autoridad judicial que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado. Debe precisarse que la parte quejosa hizo consistir los hechos de que se duele en la falta de respuesta a la solicitud de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se le pidió a la autoridad responsable autorización para una transmisión de derechos para explotar, usar o aprovechar aguas del subsuelo, integrándose el expediente administrativo AGS-L-0170-31-03-17. TERCERO Existencia de los actos reclamados La autoridad responsable Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que le fue reclamado. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. CUARTO Causas de improcedencia. Previo estudio de las cuestiones de fondo expuestas por la parte quejosa, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al análisis oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible un pronunciamiento respecto de la litis planteada. En el presente caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la falta de respuesta a la solicitud de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se le pidió a la autoridad responsable se pronunciara en torno a la petición de una autorización para la transmisión de derechos para explotar, usar o aprovechar aguas del subsuelo, integrándose el expediente administrativo AGS-L-0170-31-03-17. Luego, del análisis del informe justificado y de las constancias que la responsable remitió en apoyo a éste, se obtiene que aduce "con fecha once de diciembre de dos mil veinte, elaboró la resolución derivada de la solicitud de trámite realizada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la cual se encuentra contenida en el oficio BOO.901.01.2020/102630, notificada previo citatorio con fecha de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio señalado para ello, adjuntando al presente informe copia certificada de las documentales referidas." Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; esto es, para que en ejercicio del Derecho de petición del gobernado, diera respuesta a la solicitud puesta a su consideración, lo que ya ocurrió. En esta tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de amparo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, ya que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes. Ilustra lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ...................................., por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021....912/2020-V.

  4. Principal

    -REGULARIZA PROCEDIMIENTO Visto el estado de autos, y como se advierte de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que se omitió dar vista a la parte quejosa con la contestación de que dio la autoridad responsable el once de noviembre de dos mil veinte, a su petición -acto reclamado-, misma que acompañó a su informe justificado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena dar vista a la parte quejosa con el informe remitido por la responsable de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que el término de quince días manifieste por escrito si es su deseo ampliar la demanda de amparo en contra de la contestación a su petición que dio la autoridad responsable el pasado once de diciembre de dos mil veinte, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se tendrá como acto y autoridad responsable, únicamente la señalada en su escrito inicial de demanda y se seguirá el trámite por esa autoridad y acto reclamado, lo anterior, para estar en posibilidad de dictar una sentencia apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión sea la base para generar un obstáculo que impida resolver el fondo de la cuestión planteada, ya que se desea lograr una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues es la armonización de la información con la que se cuenta, lo que determina la realidad y precisión de los actos reclamados y la autoridad responsable resulta necesario requerir a la parte quejosa, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 160116, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en página 801, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." -DIFIERE AUDIENCIA Ahora bien, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija a las catorce horas del cinco de abril de dos mi veintiuno. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la aparte quejosa y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021. 912/2020-V.

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