José Julián Castillo Silva

Expediente 952/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
952/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • José Julián Castillo Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Vista la certificación puesta por la secretaria de este juzgado, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "a) Dejar sin efectos los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática, contenidos en los recibos de pago de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, a nombre del quejos con números de referencia 758506017 y 758506078. b) En relación a los actos de aplicación de los ordinales 79, fracción II y 79-A, 82, fracción IV y 82-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en los recibos de pago con números de referencia 758506017 y 758506078, se devuelvan las cantidades erogadas por el quejoso, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional) y, se le reintegre el excedente. c) Igualmente, devolver al quejoso las cantidades erogadas, respecto a lo que cubrió por los conceptos de "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional", dado que dichos cobros fueron determinados como consecuencia directa e inmediata de la aplicación de los mencionados numerales 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normas que, como ya se dijo, son contrarias al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Por lo que mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la autoridad responsable realizó la devolución de las cantidades que erogó el quejoso por concepto del excedente pagado contenido en los recibos relativos a la inscripción de documentos. En efecto, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $19,585.00 (diecinueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) mediante cheque expedido a su nombre. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable hubiese incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente al quejoso José Julián Castillo Silva; mediante oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la adscripción.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de la ciudad de Torreón, Coahuila, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista al quejoso por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso...

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