José Julian Balderas Cardenas
Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- José Julian Balderas Cardenas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y apareciendo que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el proveído emitido el veinte de septiembre del año en curso, donde se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Por lo anterior, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Asimismo, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documentos originales.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito aclaratorio presentado por Armando Solís Vázquez, en su carácter de abogado defensor de José Julián Balderas Cárdenas, mediante el cual pretende cumplir la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional en acuerdo del veintinueve de agosto del presente año. Sin embargo, luego de efectuar un análisis del líbelo de mérito, se llega al convencimiento que no es viable tener a la parte quejosa subsanando en su totalidad las deficiencias de la demanda de amparo, debido a que en el auto precisado en el párrafo que antecede, se requirió al amparista con el fin de que enderezara su líbelo inicial, en los siguientes términos; "a) Manifieste bajo la protesta antes indicada que cuenta con el carácter de defensor particular del directamente quejoso ********************, dentro de la carpeta de donde derivan los actos reclamados, en virtud de ser un requisito indispensable acorde al numeral 14 de la ley de la materia. b) Aclare el acto reclamado que hace consistir en: ".La violación a derechos fundamentales de mi representado, esto dentro de la Carpeta Judicial número 8793/2023, esto por parte del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, órgano rector del procedimiento y encargado de vigilar que los derechos de las partes sean respetados." c) Correlacionado a lo anterior, deberá de relatar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. d) También, le corresponderá especificar si tiene conocimiento de diverso juicio de amparo promovido por sí mismo, o cualquier otra persona que derive del mismo procedimiento, carpeta de investigación y/o judicial de donde emerge el acto reclamado. e) Proporcionen las copias necesarias de su ocurso aclaratorio para cada una de las partes." Sin embargo, en relación a lo citado con incisos b) y c), el promovente sigue siendo omiso en indicar específicamente una determinación o actuación concreta en donde se materializó el acto que impugna, toda vez que mencionó que reclama una omisión del Juez de Control en garantizar la salvaguarda del derecho de una defensa técnica y adecuada del directo quejoso, tal y como lo establece el artículo 134, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, no expresa de manera cronológica los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de dicho acto, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, es decir, todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado. De ahí que, no es dable tener al agraviado por cumpliendo con la totalidad de las deficiencias de la demanda inicial, por consiguiente, requiérasele nuevamente para que cumpla de manera íntegra a lo ordenado en el proveído de veintinueve de agosto de este año, al tenor de lo especificado en líneas precedentes; con el apercibimiento de no atender lo anterior dentro del plazo fijado por este órgano jurisdiccional, se tendrá por no presentada la demanda, acorde lo establecido en el precepto 114, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de los arábigos 103 y 107 constitucionales. En el entendido que, la temporalidad de cinco días concedida en tal acuerdo, comenzaría a transcurrir el cinco de los cursantes y debía fenecer el once siguiente; no obstante, el libelo aclaratorio se presentó en la temporalidad en la que empezaría a surtir efectos dicho plazo, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdccional (como se advierte del sello visible en el mismo), por ende, el amparista aún cuenta con cinco días para dar cumplimiento a la aludida prevención, lapso que se computará desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. No es obstáculo el hecho se haya prevenido al quejoso con anterioridad, dado el órgano jurisdiccional debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, porque la finalidad de tales requisitos procesales es para lograr la seguridad jurídica de la parte agraviada en el presente medio extraordinario de defensa. Adquiere vigencia por analogía la tesis II.1o.22 K (10a.), de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2672, cuyo y rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A TENER POR NO PRESENTADA UNA DEMANDA O DESECHARLA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCURAR SUBSANAR O REPARAR EL DEFECTO POR MEDIO DEL DESAHOGO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO NO SEA CONTUMAZ O NEGLIGENTE Y NO SE DAÑE LA REGULARIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL O A OTRAS PARTES. La prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que el quejoso dé cuenta en el desahogo del requerimiento del artículo 108 del propio ordenamiento, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. Ello se debe a que la ley de la materia tiene una serie de reglas formales a fin de lograr la seguridad jurídica, a través de la legalidad; sin embargo, ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, pues debe cumplirse con el derecho de acceso a la justicia. Así, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles obstáculos producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, que en todo caso deben ser adecuados a los derechos humanos, para cumplir con el principio pro actione, pues los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto a que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer los derechos necesarios para las partes y el objeto del proceso. En consecuencia, el Juez de Distrito, previo a tener por no presentada una demanda de amparo o desecharla por no haberse cumplido con un requerimiento para su aclaración, debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, siempre que el quejoso no sea contumaz o negligente y no se dañe la regularidad del proceso constitucional o a otras partes, pues los requisitos formales deben interpretarse y aplicarse de modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el mencionado artículo 114, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los subsana, porque la finalidad del requisito procesal es establecer el objeto del proceso constitucional, pero no constituirse en mecanismos o tecnicismos que hagan del proceso constitucional un medio de defensa inaccesible."
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Armando Solís Vázquez en su carácter de abogado defensor de José Julián Balderas Cárdenas, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 691/2023-I. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, IV y V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su libelo en los siguientes términos: a) Manifieste bajo la protesta antes indicada que cuenta con el carácter de defensor particular del directamente quejoso José Julián Balderas Cárdenas, dentro de la carpeta de donde derivan los actos reclamados, en virtud de ser un requisito indispensable acorde al numeral 14 de la ley de la materia. Es así, toda vez que de una lectura integra a la demanda de amparo, se advierte que el promovente fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad contar con el carácter de defensor particular del directamente quejoso José Julián Balderas Cárdenas. En efecto, el artículo de referencia es del tenor siguiente: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." (Lo resaltado y subrayado es propio) Del artículo transcrito, se advierte que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. Entonces, cumplida esa exigencia la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. De ahí que se requiera al accionante de la presente demanda cumpla con ese requisito. b) Aclare el acto reclamado que hace consistir en: ".La violación a derechos fundamentales de mi representado, esto dentro de la Carpeta Judicial número 8793/2023, esto por parte del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, órgano rector del procedimiento y encargado de vigilar que los derechos de las partes sean respetados .". Lo anterior, en virtud que el agraviado no indica específicamente en qué consiste dicho acto, pues no precisa en tiempo, modo y lugar cómo aconteció la violación de derechos fundamentales de su representado, ello, en una actuación de la autoridad en concreto. En efecto, de una lectura integra a la demanda de amparo, se advierte que el promovente relata diversos antecedentes de la carpeta judicial 8793/2023, donde en esencia, alega una falta de defensa adecuada en contra del directamente agraviado. Sin embargo, esa circunstancia genera incertidumbre a este Juzgado de Distrito, pues no se tiene certeza en qué consiste el acto que reclama al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, pues como se dijo, el promovente no precisa un determinación o actuación concreta en donde se materializó el acto que impugna, así como la fecha de su emisión. Tiene aplicación al caso en concreto, la tesis: XX.57 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 871 que al rubro y a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. c) Correlacionado a lo anterior, deberá de relatar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Las anteriores prevenciones son con el fin de colmar los requisitos previstos por el numeral 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, pues el peticionario, por una parte, debe de expresar claramente el acto u omisión que de cada autoridad reclame; asimismo, realizar una narración clara de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio. d) También, le corresponderá especificar si tiene conocimiento de diverso juicio de amparo promovido por sí mismo, o cualquier otra persona que derive del mismo procedimiento, carpeta de investigación y/o judicial de donde emerge el acto reclamado. e) Proporcionen las copias necesarias de su ocurso aclaratorio para cada una de las partes. Sirve de ilustración, la jurisprudencia P./J.36/2001, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente expone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." De incumplir los requerimientos formulados, en el plazo fijado, se tendrá por no presentada la demanda, acorde al invocado precepto 114, penúltimo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales. Se tiene al promovente autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Ramírez Guerra y José Fernando Rojas Hernández, ya que facilita el número de las Vale invocar, la tesis XX.2o. J/24, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." En cuanto a su diversa petición en el sentido que se autorice el usuario "asolis", a fin de consultar vía electrónica en este sumario y recibir notificaciones, dado que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 36, 36, 37, 38, 39, 40 y 551 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Esto es, solicitarlo expresamente a través de una promoción al órgano jurisdiccional, así como proporcionar el nombre de 1 Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente. Artículo 37. La autorización para acceder a los expedientes electrónicos sólo será otorgada o revocada por las y los titulares. En todo caso, se atenderá a la situación jurídica de cada usuario en los asuntos en los que se solicite, de conformidad con su capacidad procesal y la vigencia de su firma electrónica. Artículo 38. La autorización o revocación del acceso para consultar un expediente electrónico surtirá efectos una vez que se acuerde favorablemente y el proveído respectivo se notifique a las partes y se integre al expediente. Al respecto, únicamente surtirá efectos para las personas y expedientes respecto de los cuales se formule la solicitud correspondiente. Artículo 39. El acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, en términos del artículo 55 del presente Acuerdo General. De conformidad con lo anterior, cuando no esté autorizada la realización de notificaciones electrónicas, la persona específicamente carezca de dicha autorización, o si la misma ha sido revocada, la usuaria o usuario podrá consultar los acuerdos y las constancias relacionadas con éste, con posterioridad a que se haya practicado la notificación respectiva. Artículo 40. Con independencia de que la demanda se presente por vía impresa o electrónica, la parte en el procedimiento jurisdiccional, por sí, por conducto de su representante legal o, excepcionalmente, por conducto del autorizado que cuente con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrá solicitar en cualquier momento autorización para ingresar al expediente electrónico. Sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar dicha autorización para terceras personas. Artículo 41. En los expedientes electrónicos podrá generarse una bitácora en la que se indique el nombre o los nombres de las personas autorizadas para ingresar a los Expedientes electrónicos, la cual se actualizará automáticamente con base en los datos ingresados por la o por el servidor público responsable de aquélla, una vez que se dicte el proveído que recaiga a la promoción en la que se otorgue o revoque la autorización respectiva. Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "Nombres de Usuario". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud. 22/09/23 13:36:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.29.6f Jesús Napoleón Valle Márquez 8 usuario creado en la página web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se provee de conformidad su petición, autorizándole el uso de las facilidades del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, para que el ocursante consulte el expediente y reciba notificaciones. Por otra parte, se le tiene señalando correo electrónico y número telefónico como forma de contacto; sin que ello se traduzca, en modo alguno, que las notificaciones que deriven del presente juicio se efectúen por dichos medios. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. cédulas profesionales; información corroborada por la secretaría, mediante una consulta a la página electrónica oficial http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, según se desprende de la certificación asentada en párrafos precedentes
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