Jose Juan Zamarripa Dominguez

Expediente 326/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
326/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Jose Juan Zamarripa Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que promovió; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el cual dice:Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por **********************; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado. Ahora, de un análisis que se realizó al escrito inicial de demanda, se advierte la improcedencia del juicio de garantías, por tal motivo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Lo anterior es así, en razón de que el quejoso reclama esencialmente: La resolución interlocutoria de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, dentro del toca **************mediante la cual confirman la resolución dictada por el Juez primario de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente ********************* Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, expuso en lo que interesa el quejoso refiere que dentro del expediente *******************, promovió incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones, en razón de que el catorce de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial en el estado, dado que estimó defectuoso el emplazamiento que le fue realizado dentro de dicho procedimiento, el cual fue resuelto por el juez natural el trece de octubre de dos mil dieciséis y confirmado por la Sala responsable el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Ahora, como las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías, en razón de que la determinación de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, que confirmó la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis, constituye esencialmente el acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación, como se trascribe a continuación: "ARTICULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes. III.- Cuando se reclamen actos de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Asimismo, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el numeral 107 de la Ley de la Materia, fracción V, literalmente dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Luego, si bien es cierto, en el caso que nos ocupa el acto reclamado fue dictado dentro de una controversia familiar, también verídico lo es, que la determinación veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, dentro del toca *********, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, no le causa un agravio directo, que no sea susceptible de combatirse, conforme lo establecido por el artículo 172, fracción V de la Ley de la Materia, toda vez que procede el amparo directo, ya que su naturaleza jurídica es considerada como de aquellas violaciones al procedimiento que es reclamable hasta que se dicte el sentencia definitiva, conforme a lo establecido por la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, por no ser considerada de ejecución irreparable, toda vez que únicamente afecta derechos procesales y no sustantivos, y siempre y cuando la resolución que se dicte en definitiva resulte desfavorable al promovente. Lo anterior se considera así, toda vez que la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, estipula que es procedente el amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o aún de carácter adjetivo con afectación superior, pero que no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga resolución definitiva favorable; pero de ningún modo los que sólo contravienen derechos adjetivos o procesales, pues contra ellos procede el amparo directo promovido contra la resolución definitiva que emita la autoridad responsable cuando la resolución sea adversa a sus intereses. En tales condiciones, la resolución interlocutoria que se combate, no es impugnable en amparo indirecto, pues no causa una afectación directa e inmediata a alguno de los derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que dichos actos sólo tiene efectos intraprocesales que pueden extinguirse en caso de que aquél obtenga sentencia favorable; aunado a que existe la posibilidad de interponer el medio de defensa constitucional vía directa, para el caso de que con dicha determinación se hayan violado leyes procedimentales pudiendo ser nulificado el acto que se reclama, por lo que no se deja a la parte quejosa en estado de indefensión y se repararía la supuesta violación. Al respecto, el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad". Asimismo, la fracción I del propio artículo dispone lo siguiente: "I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley". Lo anterior, pone de manifiesto que la irregularidad en el emplazamiento puede reclamarse como violación procesal al momento de promover el amparo directo contra la resolución definitiva que emita la autoridad responsable cuando sea adversa a sus intereses. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 256 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Novena Época, febrero de 2009, que literalmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". De igual manera es aplicable, por identidad de razón la tesis de Jurisprudencia 1.6o.T. J/84, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2403 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Septiembre de 2007, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro texto es el siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad. Aunado a lo anterior, el juicio constitucional indirecto intentado resulta notoriamente improcedente, por no afectar derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, toda vez que la regla general es que procede el amparo directo contra la resolución definitiva que en el juicio principal se dicte, por lo que el acto reclamado no puede ser objeto de análisis en la vía de amparo indirecto, máxime que de lo expresado por el promovente en el escrito inicia de demanda, se desprende que el juicio de donde emana el acto combatido se encuentra en trámite. Por lo antes expuesto, toda vez que el acto que por esta vía se reclama, no goza de las características que dispone el artículo 107 de la Ley de la Materia, como lo sería por ejemplo violación a derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones o la propiedad, lo que en la especie no acontece, se concluye que la demanda de que se trata es improcedente. "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas ser la indirecta." Al igual que la tesis VI2°.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, correspondiente a la Novena Época que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Asimismo, orienta el sentido de la anterior determinación el criterio sustentado por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, al resolver el toca R.L. 5/2006, que se originó con motivo del recurso de revisión interpuesto por Jaime Pujol López, en su carácter de quejoso dentro del juicio de amparo 1513/2005-A del índice de este propio Juzgado de Distrito. Motivos por los cuales, al ser clara la concurrencia de la causal de improcedencia prevista por el artículo 62 en relación con el 107 fracción V, interpretado a contrario sensu; 113, en relación con el 172, fracciones I y V, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE QUE SE TRATA POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los Estrados de este Juzgado de Distrito y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona, no así en términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no acredita fehacientemente que se encuentren facultados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, ni proporciona los datos de sus cédulas profesionales, como lo exige el numeral invocado en la materia civil, para verificarlas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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