José Juan Vega Mora

Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
403/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • José Juan Vega Mora
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo la parte quejosa, no recurrió al acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita). A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a la depuración, para remitirse al Centro archivístico respectivo. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese la razón actuarial de cuatro de junio del año que transcurre, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que con motivo que el domicilio del autorizado de la parte quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional para ser notificado del acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, estuvo imposibilitado para practicar la misma. En consecuencia, se ordena notificar el acuerdo de referencia y los subsecuentes autos por medio de lista, que se fija en este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 27, fracción ll, de la Ley de Amparo. ...Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, rinden su informe justificado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que adjunta a dicho informe. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye: - La inactividad o abierta dilación procesal, por falta de cumplimiento de los actos procesales en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, al no emitir proveído señalando fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente -----. De las constancias enviadas por la Junta responsable, se desprende que el nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que el nueve de abril de la anualidad cursante se pronunció respecto del acto reclamado; esto es, señaló hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del expediente laboral -----; por tanto, de las mismas se verifica la inexistencia del acto reclamado; y, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, así como el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone sobreseer el presente juicio, en atención a las siguientes consideraciones. Para una mejor comprensión de la inexistencia del acto reclamado, debe decirse que el derecho que la peticionaria del amparo estima fue infringido en su perjuicio por la responsable, consiste en el derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional que dice: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El precepto transcrito, consagra el principio de celeridad que se debe observar en la administración de justicia, a fin de que se resuelvan las controversias que sometan a la potestad de las autoridades en el menor tiempo posible. Asimismo, del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los órganos jurisdiccionales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que para tal efecto fijen las leyes y, en su caso, deberán ejecutar dichas resoluciones. Norma el criterio la jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, con número de registro 172759, que dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En este sentido, cuando lo que se reclama es la omisión o abstención de llevar a cabo algún acto, como es la omisión de señalar fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente, la inexistencia del acto reclamado provendrá de que no existe la demanda o el procedimiento, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya emitido el proveído correspondiente; pues si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dictado acuerdo a la solicitud del gobernado pero tal determinación se produce con posterioridad, entonces habría una cesación de efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1994, de la Octava Época, con número de registro 210237, cuyo texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Ahora bien, de la lectura integral de las constancias que obran en autos, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México dictó el auto correspondiente el nueve de abril de dos mil veintiuno; e incluso, dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de mayo del año en curso. En la especie, el acto reclamado que se atribuye a la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, es la omisión de emitir el acuerdo correspondiente en el que se señale hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ; sin embargo, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de mayo de esta anualidad), ya no existía el acto reclamado, dado que la autoridad responsable dictó el acuerdo respectivo en una fecha anterior, esto es, el nueve de abril de dos mil veintiuno e, incluso, se le notificó dicha determinación el veinticinco de mayo último; por tanto, es claro que al catorce de mayo de dos mil veintiuno, ya no existía el acto reclamado, pues para acreditar su existencia era necesario que la autoridad responsable no hubiera dictado dicho acuerdo en el expediente en comento. En tales condiciones, como ya se dictó el acuerdo correspondiente en el que se señaló fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente en el expediente laboral ----- desde el nueve de abril de dos mil veintiuno, el que le fue notificado el veinticinco de mayo de este año, no se puede entrar al estudio de fondo de los conceptos de violación; por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Octava Época, con número de registro 206346, que reza: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por los razonamientos que en ella se contienen, también resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 196072, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1º., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y característica de éste, de manera que si la orden de aprehensión se girada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandatan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con el epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que una vez que causa ejecutoria la sentencia dictada en el presente expediente, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México dejara insubsistente la resolución reclamada, dictada en el juicio ------, y emitiera otra, en la que a la luz de los agravios hechos valer, revocara el auto que constituye el acto reclamado y le dé al quejoso garantía de audiencia a fin de que justificara su inasistencia a la diligencia a la que fue citado. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio 685 recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de mayo del año en curso y acordado el seis siguiente, la citada responsable remitió copia certificada del auto y resolución interlocutoria, ambos de tres del mismo mes y año, dictados en el expediente ----- de su índice. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable en copia certificada, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el tres de mayo de dos mil veintiuno, se atendieron los efectos del fallo protector, pues el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México dictó un auto dentro del juicio -----, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por otra parte; la autoridad responsable dictaminó una nueva resolución en la que revocó el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve y otorgó garantía de audiencia al ahora quejoso, al prevenirlo para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que fuera notificado personalmente, manifestara y en su caso acreditara, las circunstancias por las que no compareció a la valoración en psicología señalada para el dieciocho de octubre del mismo año. A efecto de hacer patente el cumplimiento del auto de cita, se inserta el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS EJECUTORIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO La autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, dictada en el juicio ----, y emitiera otra, en la que a la luz de los agravios hechos valer, revocara el auto que constituye el acto reclamado y le diera al quejoso garantía de audiencia a fin de que justificara su inasistencia a la diligencia a la que fue citado. El tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México dictó un auto en el juicio -----, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil diecinueve; asimismo, dictaminó una nueva resolución en la que revocó el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve y otorgó garantía de audiencia al ahora quejoso, al prevenirlo para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que fuera notificado personalmente, manifestara y en su caso acreditara, las circunstancias por las que no compareció a la valoración en psicología señalada para el dieciocho de octubre del mismo año. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. En otro orden, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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