José Juan Sotelo Martínez

Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
226/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • José Juan Sotelo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de once de julio de dos mil diecinueve (foja 135), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal, para efecto de hacerle entrega de las documentales que exhibió en el presente sumario constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado, sería destruido con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que feneció el plazo otorgado en el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento exhibido será destruido con el presente expediente. En virtud de lo anterior, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción I del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiocho de junio de este año (fojas 114 a 127), en que sé que desechó la demanda promovida por José Juan Sotelo Martínez representante legal del Ingenio San Miguel del Naranjo, Sociedad Anónima de Capital Variable, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte, que en el presente expediente, la parte quejosa exhibió diversos documentos; por tanto, con fundamento en el punto décimo primero del mencionado acuerdo 1/2009 requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificada para hacerle entrega de dicha documental, apercibida para el caso de no hacerlo así, se procederá a su destrucción junto con las presentes actuaciones. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Ténganse por recibida la comunicación oficial de cuenta, remitida y signada electrónicamente por el Secretario en funciones de Juez adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y secretaria adscrita, por el cual devuelven diligenciado el exhorto 115/2019-III con número de orden 344/2019, del índice de este juzgado federal, mismo que se envió para el efecto de notificar a la sociedad promovente el auto de dieciocho de junio de la presente anualidad y requerirle para que señalara domicilio en esta ciudad. Acúsese de recibo vía interconexión (IOJ) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); hágase las anotaciones en el libro correspondiente. Por otra parte, visto el escrito y anexo de cuenta, signado por el José Juan Sotelo Martínez representante legal del Ingenio San Miguel del Naranjo, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual cumple con el requerimiento de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de que acompaña al citado escrito copias que coinciden con los anexos que exhibió en su escrito de demanda, este órgano jurisdiccional acuerda: En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama el promovente de amparo consisten en: - La discusión, aprobación, promulgación y expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve en específico el artículo 25, fracción VI. - La inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al no permitir a la promovente que pueda compensar el saldo a favor que obtuvo de Impuesto al Valor Agregado que consta en la declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de abril de dos mil diecinueve, sobre otros impuestos. En específico, cuando se presentó la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve. En este orden de ideas, tratándose de amparo contra leyes para poder determinar la procedencia del juicio de amparo, es importante analizar la naturaleza de la norma impugnada esto, si es autoaplicativa o heteropalicacitiva. El primer caso, el perjuicio puede materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación del promovente en los supuestos legales de la norma combatida. En cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es a través de este en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. Para los efectos del amparo, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. El carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación. En cambio, el segundo se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. Por su parte, en el caso de normas heteroaplicativas, para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. Sobre estas bases, la quejosa reclama el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente: VI. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades a favor establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente: a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. b) Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores". De la porción normativa transcrita se advierte que se sustituye la aplicación del artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como 6, primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para limitar la aplicación de la figura de la compensación únicamente a las cantidades que se tengan a favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, sin incluir aquellas por retención de terceros, y siempre que deriven del mismo impuesto, y no otros diversos. El artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación: "Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique Este numeral establece la figura de la compensación de cantidades pagadas indebidamente o del saldo a favor a favor de los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración. Asimismo, indica que se podrán compensar las cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligados a pagar, ya sea por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. En el resto de la porción normativa señalada, se regula la forma de realizar correctamente la compensación. El artículo 6, primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece lo siguiente: "Artículo 6. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente. Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores". De acuerdo con dicho precepto, en la declaración de pago por concepto de ese impuesto, en la que resulte saldo a favor, es posible compensar las cantidades correspondientes, y se extiende dicha posibilidad a que se lleve a cabo contra las cantidades a cargo por otros impuestos. En materia de Impuesto al Valor Agregado, únicamente se podrá acreditar contra el impuesto a cargo que corresponda en los meses siguientes, hasta agotarlo o solicitar su devolución, lo cual tiene como consecuencia que en este ejercicio los contribuyentes que estén obligados a pagar mediante declaración y tengan saldo a su favor, solo podrán compensar cantidades por adeudo propio, y únicamente tratándose del mismo impuesto y en el caso de Impuesto al Valor Agregado, ya no podrán efectuar compensaciones de saldo a favor. En consecuencia, este órgano jurisdiccional el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, tiene carácter autoaplicativo pues con su sola entrada en vigor impone restricciones a los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración en el ejercicio del derecho a compensar saldos a favor, pues lo limita a las cantidades que deriven del mismo impuesto y por adeudo propio. Asimismo, en materia de Impuesto al Valor Agregado, impide la compensación de saldo a favor, y establece que únicamente será motivo de acreditamiento hasta agotarlo, o bien, que se presente una solicitud de devolución. Por ello, es que basta con que la sociedad promovente se ubique en la categoría de contribuyente obligado a pagar mediante declaración, y que demuestre que cuenta con saldo a favor, pues de ese modo se corroboran las circunstancias y posición individual frente a las disposiciones de la normatividad reclamada. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, es un hecho notorio para este juzgado federal que la sociedad quejosa presentó el nueve de abril de dos mil diecinueve, una demanda de amparo que fue radicada con el número de expediente 580/2019 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, órgano jurisdiccional que por auto de once de abril siguiente, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, correspondiéndole conocer por razón de turno a este juzgado federal, el quince de abril de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó formar el expediente, se registró con el número 141/2019-II y por auto de dieciséis de abril siguiente se admitió a trámite, cabe destacar, que en dicho asunto la parte solicitante de amparo, señaló como actos reclamados: - La discusión, aprobación, promulgación y expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve en específico el artículo 25, fracción VI. - La inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al no permitir a la promovente que pueda compensar el saldo a favor que obtuvo de Impuesto al Valor Agregado que consta en la declaración provisional o definitiva de impuestos federales del mes de febrero de dos mil diecinueve, sobre otros impuestos. En específico, cuando se presentó la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que en el presente asunto se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Esto es, para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesaria la existencia de dos juicios de amparo que hayan sido promovidos por el mismo promovente, contra las mismas autoridades e idénticos actos reclamados; y que el más antiguo se haya admitido y se encuentre en trámite. Luego, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo promovente.- Ingenio San Miguel del Naranjo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal José Juan Sotelo Martínez. - Mismas autoridades responsable.- Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria. - Mismo acto reclamado.- el cual ya fue descrito en párrafos que anteceden. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 141/2019-II, se admitió el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por lo que se solicitó los informes justificados correspondientes y se señaló el día y la hora para llevar a cabo la audiencia constitucional; de lo que se advierte se encuentra en trámite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último aún esté en trámite. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 141/2019-II, se encuentra en trámite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto del cual de una eventual concesión de amparo tendría el efecto desincorporar la disposición impugnada de la esfera jurídica de la sociedad promovente, lo que impediría volverla a aplicar en su perjuicio en cualquier acto futuro; por tanto, este órgano de control constitucional está impedido para admitir la presente demanda de amparo. Aunado al hecho que de la lectura de los conceptos de violación se advierte que únicamente controvierte la constitucionalidad del precepto legal combatido, pero no cuestiona por vicios propios el acto concreto de aplicación de la norma impugnada. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte solicitante de amparo, puesto que con el juicio constitucional número 226/2019-III en que se actúa, la aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse de los actos de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y los actos que por esta se reclaman devienen de los reclamados en la ulterior, puesto que la primera se encuentra pendiente de celebrar la audiencia constitucional; por lo que aún puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma clara que opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por otra parte, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Pedro Antonio Santos Rivera, número 1, zona Centro, entre Juárez y Escontría, de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se tiene como autorizado de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Alberto Castillo rocha y a Ana Reyna Díaz López, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, se autoriza en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Salinas Romero, en virtud de que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual remite el juicio de amparo 923/2019 de su índice, promovido por el Ingenio San Miguel del Naranjo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal José Juan Sotelo Martínez, toda vez que en acuerdo de doce de junio del año en curso, dicho juzgado federal declaró que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de ese asunto y declinó su conocimiento a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, lo que por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de distrito. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por el Ingenio San Miguel del Naranjo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal José Juan Sotelo Martínez, personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, toda vez que acredita dicho carácter con la copia certificada del instrumento notarial sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos, pasado ante la fe del Notario Público número setenta y nueve, con ejercicio en la Ciudad de México, contra actos que reclama del Congreso de la Unión por conducto de las Cámara de Senadores y de Diputados y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 apartado B fracción I, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 226/2019-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción I y 110 de la Ley de Amparo, se requiere a la moral promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Allegue a esta instancia constitucional copias que coincidan con los anexos que exhibe con su escrito de demanda, toda vez que no exhibe las constancias relatadas en los incisos 2, 3 y 4 del capítulo de pruebas correspondiente; por lo que no existe seguridad y certeza que deben tener las partes respecto del contenido de dichos anexos. Apoya en lo conducente la la tesis III.2o.C.32 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2495, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016991, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, DE EXHIBIR LAS COPIAS RELATIVAS, PARA SU ADMISIÓN, CONSTITUYE UN REQUISITO PROCESAL DE OBSERVANCIA ESTRICTA. La regla general de exhibir copias de la demanda de amparo para traslado a las partes en el juicio, constituye un requisito procesal de observancia estricta, cuya omisión tiene como consecuencia que el órgano del conocimiento prevenga al quejoso para que exhiba copias suficientes para traslado a la totalidad de las partes y, si no lo hace así, tendrá por no presentada la demanda." Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Por otra parte, toda vez que la moral promovente señala domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción, ordene al personal a su cargo se constituya en el domicilio ubicado en avenida Paseo de la Reforma, número 350, piso 15, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y le notifique el presente acuerdo al representante legal de la moral quejosa. Asimismo, deberá requerirla a fin de que en el momento de realizar la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de juzgado federal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se le concede al funcionario que sea designado, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio en cita. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, se tienen como autorizados de la moral promovente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elizabeth Orrante González, Brenda Rocío Lopeandía Zacarías, Ivalani Yvonne Cazarín Viñas, Jesica Beatriz Márquez Nuncio y Luis Alfonso Velázquez Maya, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los Actuarios adscritos a este juzgado, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese y cúmplase.

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