José Juan Sánchez Lizárraga
Expediente 1831/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1831/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/01/2022
Partes del expediente
- José Juan Sánchez Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Vistas las piezas postales devueltas por el servicio de mensajería denominado "estafeta"; que contienen los oficios 27223/2021, 27222/2021 y 27224/2021, dirigidos a la Comandancia de la I Región Militar; General de Brigada Diplomado de Estado Mayor; General de División D.E.M. Comandante de la Primera Región Militar, los cuales fueron devueltos con las leyendas "datos o extensión" "checar dirección de entrega correcta". Reexpídanse. Por tanto, en obvio de dilaciones, reexpídanse los citados comunicados a las autoridades responsables en comento, a fin de que se les notifique el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, así como la sentencia dictada en autos en los siguientes domicilios. Comandancia de la I Región Militar (Avenida Santos Dumont sin número, esquina con Guillermo Villasana, colonia aviación civil, alcaldía Venustiano Carranza ciudad de México) General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (boulevard Manuel Ávila Camacho sin número esquina industria militar, lomas de Sotelo, delegación miguel hidalgo, campo militar ciudad de México) General de División D.E.M. Comandante de la Primera Región Militar (Avenida Santos Dumont sin número, esquina con Guillermo Villasana, colonia aviación civil, alcaldía Venustiano Carranza ciudad de México).
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Zapopan, Jalisco, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Resuelve consulta. Téngase por recibido el oficio enviado a través del correo electrónico oficial que contiene firma electrónica de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, en atención a la consulta formulada en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, informa que se determinó que corresponde a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. II. Infórmese. Hágase saber lo anterior, al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para los efectos legales procedentes. III. En cuanto al cuaderno de antecedentes. Se ordena glosar a las actuaciones del principal, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del returno planteado. IV. Decisión sobre la instancia constitucional. En tal sentido, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por José Juan Sánchez Lizárraga, por derecho propio, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: ? Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. ? Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Luego, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.". Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Luego, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "Registro digital: 216176 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Junio de 1993, página 252 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Queja 3/93. Moreno y Asociados, S. A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1665, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA.". Por otra parte, los artículos 1, 2, 66, 67 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa. Para efectos del párrafo anterior, se entiende por disposiciones normativas de carácter general los reglamentos locales y municipales, así como los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones administrativas de observancia general. También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes.". "Artículo 2. Los juicios que se promuevan con fundamento en lo dispuesto por el artículo precedente, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina esta ley. A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.". "Artículo 66. Una vez iniciado el juicio administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias, para evitar que quede sin materia el juicio o se cause daño irreparable a la parte demandante. Las medidas cautelares positivas se decretarán, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo. Para esto, será necesario realizar una apreciación preliminar, sobre la legalidad de la resolución administrativa impugnada, de manera que, para conceder tales medidas, bastará la comprobación de la apariencia del buen derecho, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra.". "Artículo 67. La solicitud de medidas cautelares, presentada por la parte demandante o su representante legal, se tramitará y resolverá con el incidente respectivo, de conformidad con lo siguiente: La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos: I. Señalar los hechos que se pretenden resguardar; y II. Manifestar el interés suspensional del promovente y expresar los motivos por los cuales solicita la suspensión o medida cautelar positiva. La parte promovente deberá adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes y autoridades relacionadas, a fin de correrles traslado. En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente. La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Unitaria, y podrá ser presentada en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.". "Artículo 68. El incidente de suspensión se tramitará por cuerda separada. El Magistrado instructor deberá proveer lo conducente sobre las medidas cautelares provisionales peticionadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y en dicho acuerdo, ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se presenta el informe requerido o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, se presumirá cierto el acto o resolución impugnada, para el sólo efecto de resolver la materia del incidente. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado de Sala Unitaria, en un término máximo de cinco días, resolverá en definitiva la promoción formulada.". De la interpretación gramatical de la disposición transcrita, se advierte, entre otras cosas, de forma genérica la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos o resoluciones cuyo objeto es resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Asimismo, los numerales 66, 67 y 68 de la citada ley, establecen que con la instauración del procedimiento se suspenderá el acto cuando la solicita expresamente el recurrente, no se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público; no se ocasionen daños o perjuicios a terceros. En la especie, de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado en estudio consiste, esencialmente, en la emisión la cédula de notificación de la infracción de folio 113|352072648, de tres de marzo de dos mil veintiuno, en la que se le impuso una multa, respecto del vehículo con placas de circulación JRH8774. De lo anterior se advierte que contra dicho acto, procede el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a través del cual puede ser revocado, asimismo, que con la interposición del mismo se pudiere suspender el acto reclamado, lo cual no se encuentra supeditado a que se cumplan mayores requisitos que los contemplados en dicha ley. Aunado a que la parte quejosa puede instar el procedimiento señalado y previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y entonces acudir al juicio de amparo, de ahí lo improcedente de la demanda que ahora se estudia. Orientan lo anterior los criterios siguientes: "Registro digital: 213455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: XXI.1o.45 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307 Tipo: Aislada DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Improcedencia en revisión 286/93. Sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Meza Reyes. 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra.". "Séptima Época Registro: 257209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 12, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 37 Genealogía: Informe 1969, Tribunales Colegiados de Circuito, página 25. RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo en estudio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por Ministerio de Ley, del que se advierten las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad en vías de cumplimiento. Requiérase nuevamente. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, cumpla con los efectos de la sentencia de amparo, los cuales se citan a continuación: (.) 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de trece de noviembre de dos mil veinte, en la que aprobó la planilla de liquidación promovida por Mauricio Fuentes Arteaga, en su carácter de autorizado de la parte actora en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, en el juicio mercantil ordinario 758/2016, así como, los actos de ejecución relativos a dicha resolución. 2. En su lugar, dictar otra, en la que se establezca que la liquidación formulada por Mauricio Fuentes Arteaga resulta improcedente, en razón que el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, no permite que en su carácter de abogado autorizado pueda ejercer el derecho sustantivo de promover el incidente de liquidación génesis del acto reclamado. (.) Remitiendo copia certificada que lo acredite. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. III. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. ...V. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista física y electrónica.
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