José Juan Rivera Verona

Expediente 1373/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1373/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • José Juan Rivera Verona

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, y del estado procesal del presente juicio, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 20, fracción IV, de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el artículo 20 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de promovida por José Juan Rivera Verona, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1373/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 515/2023 de su índice, a través de la cual se confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el incidente de liquidación de sociedad conyugal dentro de los autos del expediente 469/2022. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente de su notificación, conforme a la ley del acto. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se obtiene que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se puede concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días (regla general). Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, del análisis integral de la demanda se obtiene que el quejoso reclama la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 515/2023 de su índice, a través de la cual se confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo Civil de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el incidente de liquidación de sociedad conyugal dentro de los autos del expediente 469/2022. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado en el párrafo que antecede se ubica dentro de la regla general de quince días antes enunciada, asimismo, el promovente manifestó en el escrito que se atiende en el presente acuerdo, que fue notificado de la resolución reclamada el once de agosto de dos mil veintitrés, lo que constituye una confesión expresa de la parte quejosa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De ese modo, si en el caso particular existe conocimiento del acto reclamado, como ha quedado precisado, desde el once de agosto de dos mil veintitrés, -como lo manifestó la parte quejosa-, es inconcuso que una vez que surtiera efectos dicha notificación tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; de ahí que, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, ya que el mismo comienza a partir del siguiente al de practicada la notificación. Tiene sustento a lo anterior, la Tesis II.1o.25 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la página 2316, del Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009522, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOS, LOS PLAZOS DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE PRACTICADAS [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 39/2013 (10a.)]. Los artículos 166 y 201 del citado código, abrogado, eran omisos en establecer cuándo surtían efectos las notificaciones, siendo su redacción similar al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 367/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 367, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", sin embargo, esta jurisprudencia no es aplicable, ni por analogía, al nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, porque con motivo de las reformas y el cambio de método de ordenamiento del referido código procesal civil, los capítulos VIII, denominado "De los plazos judiciales" y IX, intitulado "De las notificaciones y citaciones", ambos del título séptimo del libro primero, se eliminó la expresión "surtir efectos", provocando que la legislación actual sea clara al establecer que los plazos que deben computarse conforme a dicho ordenamiento empezarían a correr el día siguiente de practicada la notificación, lo cual puede corroborarse, incluso, de la consulta de la exposición de motivos respectiva, en la que se estableció que con el propósito de modernizar el marco jurídico, se ordenó que las notificaciones surtirían efectos el día en que se practicaran y que los plazos legales se computarían a partir del día siguiente de la notificación, con el propósito de agilizar los procedimientos civiles, entre otras cuestiones, quedando generalizado en el artículo 1.149 del referido código, que dice: "Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación.". En ese sentido, no entraña ninguna inseguridad al momento de computar el plazo para ejercitar los derechos o acciones relacionados con las resoluciones que se notifican, entre otras, la promoción del juicio de amparo, dada la claridad de redacción del mencionado artículo 1.149, es decir, aun cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México no señala expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, ello queda en evidencia cuando se observa cuál fue el propósito del legislador al redactarlo en los términos en que lo hizo. De ahí que aun ante las reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos que exige que las normas se interpreten de acuerdo con ésta y con los tratados internacionales en los que México es Parte, de manera que se favorezca ampliamente a las personas, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva para no establecer restricciones permanentes; y la tutela del derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos, que son los aspectos que fundamentan la jurisprudencia citada, en el caso es inaplicable que la notificación que de manera personal se haga en los asuntos de naturaleza civil, surta efectos legales el día siguiente al en que se hubiese realizado, corriendo los plazos legales en la forma y términos indicados en la legislación de amparo, dado que la redacción actual de la legislación procesal vigente ni siquiera menciona en su texto que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente de su realización, sino que de suyo, establece que los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y que cuando fueren varias las partes, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, si el mismo fuere común." Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del catorce de agosto al uno de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la Legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis visible en la página 652, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por José Juan Rivera Verona, por notoriamente improcedente. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se le tienen las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, como domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcelo Vara López, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24 de la legislación citada, a la restante profesionista que refiere, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese.

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