José Juan Ramos Millán

Expediente 1217/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1217/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • José Juan Ramos Millán
  • JOSÉ JUAN RAMOS MILLÁN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A JULIO ARTURO GÓMEZ PEÑA, DEFENSOR PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

  2. Principal

    CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A JULIO ARTURO GÓMEZ PEÑA, DEFENSOR PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.

  3. Principal

    REQUERIMIENTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Glósese a los autos el oficio de la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de siete de noviembre del año en curso, esto es, informa que designa como defensor público del aquí quejoso al servidor público Julio Arturo Gómez Peña; en tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire, por conducto de la Directora General de la Defensoría Pública del Estado, se requiere a Julio Arturo Gómez Peña, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, para que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño; para lo cual deberá presentarse en el domicilio ubicado en Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Apercibido que en caso de incumplir con lo ordenado o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ JUAN RAMOS MILLAN, por propio derecho, fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 1217/2022. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En relación a lo anterior, es de precisar que el acto reclamado lo constituye esencialmente: la negativa de admitir las pruebas ofrecidas dentro del proceso penal 3/2021 de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Puebla, así como el acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por el cual se le hace saber la improcedencia del recurso de revocación hecho valer en contra de dicha negativa. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA En esa tesitura, se concluye que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, es improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, si bien, JOSÉ JUAN RAMOS MILLAN, reclama la negativa de admitir las pruebas ofrecidas dentro del proceso penal 3/2021 de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Puebla, así como el acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por el cual se le hace saber la improcedencia del recurso de revocación hecho valer en contra de dicha negativa; lo cual resultó contrario a lo pretendido por el quejoso, quien solicitó su admisión. Entonces, la problemática que permea en este asunto, es la concerniente a la admisión de pruebas y tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal determinación y sus consecuencias únicamente producen el efecto de que se acumule el acervo probatorio en el proceso, lo cual, en sí no le genera una afectación real ni actual reclamable en este juicio, pues con independencia de que tales probanzas se desahogaran, se desconoce el alcance probatorio que tendrían y si le será desfavorable. Por tanto, no es dable emprender el análisis de la legalidad del acto reclamado a través del amparo biinstancial; en tanto que, se insiste, la cuestión medular que subyace como consecuencia de la inadmisión de diversos medios de prueba ello no genera por sí una afectación material a alguno de los derechos sustantivos tutelados constitucional y convencionalmente en favor del quejoso. Lo expuesto tiene sustento por analogía en la jurisprudencia siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN De igual manera por conducto de los Actuarios Judiciales, se ordena notificar el presente auto al directo quejoso interno, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Puebla. AUTORIZADA Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala para tal efecto, lo anterior es así por no encontrarse registrada su cédula profesional ante el Registro Único de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO DE DEFENSOR Como lo solicita y a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante oficio que al efecto se gire, con copia simple de la demanda de amparo, se requiere al Titular de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe defensor público a fin de que funja como asesor jurídico del aquí quejoso JOSÉ JUAN RAMOS MILLAN y lo haga comparecer a fin de que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño durante el presente juicio, sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera; ello con base en la interpretación conforme de las disposiciones relevantes, a fin de cumplir con el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que durante el juicio de amparo indirecto que promueve por derecho propio una persona recluida en virtud de un procedimiento penal, sin representación jurídica, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar ese derecho y, específicamente, el derecho a la asistencia letrada. Sin que esta institución pueda negarse a prestar el servicio tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Se le apercibe que en caso de incumplir con lo ordenado o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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