José Juan Pérez Cortés

Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
755/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • José Juan Pérez Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintitrés de junio del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, en principio, debe decirse que por cuanto hace al acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en: la falta de llamamiento al juicio ordinario civil de interdicto para recuperar la posesión *** del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos del numeral 62 de la ley en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". De la interpretación gramatical de la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados que hayan sido materia de otro juicio de amparo que esté resuelto, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Es decir, para que se actualice la causal de improcedencia en comento es necesario que las normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para evidenciar la existencia de la causal de improcedencia que se invoca, conviene establecer que para un juzgador constituyen hechos notorios, que pueden ser invocados como prueba de manera oficiosa, aquéllos datos que se obtengan de los juicios tramitados ante él. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que uno de los actos que reclama en esta instancia constitucional es la falta de llamamiento al juicio ordinario civil de interdicto para recuperar la posesión *** del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. De lo antes relatado, se aprecia que la demanda de derechos fundamentales que dio origen a los juicios de amparo 2/2019-B y 80/2022-L, así como la demanda que en esta fecha se provee, fueron promovidas por la misma parte quejosa; es decir, por ***, contra las mismas autoridades responsables Juez, Secretario y Diligenciario, todos adscitos al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, siendo el mismo acto reclamado, consistente en la falta de llamamiento al juicio ordinario civil de interdicto para recuperar la posesión *** del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Por tal motivo, es claro que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues la falta de llamamiento al juicio ordinario civil de interdicto para recuperar la posesión *** del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ya fue materia de estudio en el diverso juicio ***, del índice de este Juzgado, en el que se desechó la indicada demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, misma que por auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, causó estado y se ordenó el archivo correspondiente de dicho juicio. Ello, pues aplica al producirse la cosa juzgada con motivo del desechamiento emitido en el juicio ***, del índice de este Juzgado, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, máxime que violaciones constitucionales son las mismas. Cabe apuntar que la cosa juzgada encuentra su fundamento en la necesidad de preservar, mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, como medida para conservar la estabilidad y la seguridad jurídica de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. Asimismo, tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones controvertidas y materia de litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Lo hasta aquí expuesto, pone de manifiesto que el acto reclamado en este sumario constitucional, ya fue materia de una determinación firme en el diverso juicio de amparo ***, dictada por este órgano de control constitucional. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que no exista un pronunciamiento de fondo en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello pues al haber desechado previamente el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional y no haber sido recurrido, hace inejercitable la acción de amparo de manera posterior al existir un pronunciamiento firme e inamovible, lo que da lugar a que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, procede desechar la demanda que nos ocupa, respecto al acto reclamado antes precisado. Por otra parte, en relación con el diverso acto consistente en: la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once en el expediente ***, la cual condena a *** para que entreguen la posesión del bien inmueble denominado ***, en favor de ***. Al respecto, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a la obligación de este juzgador de examinar el líbelo constitucional para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Lo anterior es así, porque los actos reclamados se encuentran dentro de un procedimiento que se encuentra en ejecución de sentencia, dentro del cual no se ha dictado la última resolución. De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En términos del criterio jurisprudencial antes citado, por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once en el expediente ***. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Se tiene al quejoso señalando como domicilio el que refiere en el escrito de cuenta; y con fundamento en el artículo 12 del ordenamiento legal en cita, ténganse como autorizado únicamente para recibir y oír notificaciones a ***, por así haberlo solicitado expresamente la parte prmovente. Se autoriza a cualquier persona secretaria y actuaria adscrita a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio, dada la urgencia del caso debido a la naturaleza de los actos reclamados. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Administradora de Correos de Tlaxcala, por el que informa que el catorce de junio de dos mil veintidós, fue entregado a este juzgado federal el acuse de recibo de la pieza postal correspondiente al oficio *** dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, requerido mediante auto de quince de junio de ese año. Ahora bien, toda vez que el referido acuse de correos, fue recibido en la Oficialía de Parte de este juzgado, el quince de junio del presente año, se deja sin efectos el apercibimiento formulado en auto de esa misma fecha.

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