José Juan Peña Hernández
Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Juan Peña Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que el quejoso ********************, recurriera el auto de diez de abril de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. ....este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de Valle de Santiago, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 374/2023-II. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio de amparo, establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, no contiene algún motivo específico de improcedencia del juicio de amparo, sino que permite deducir la improcedencia de alguna disposición tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo. El contenido de las fracciones III, IV y V del artículo 107 del referido ordenamiento legal permite advertir una regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos suscitados al desahogarse un juicio, un procedimiento en forma de juicio e incluso en procedimientos específicos como el de ejecución de sentencia y de remate. Esto tiene su razón en que, por una parte, el juicio de amparo no deber obstaculizar el desarrollo de tales procesos, y por otra, que las violaciones que en su caso ocurran son susceptibles de análisis constitucional, a través de amparo directo o indirecto, al reclamarse la decisión definitiva que se emita en el juicio o procedimiento respectivo. Empero, como se dijo, la improcedencia aludida constituye una regla general y como tal tiene su excepción, ya que el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto realizado en el juicio o procedimiento es de imposible reparación, entendiéndose por tal, el que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, el carácter de irreparable del acto es la característica esencial que permite acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que, de ser reparable en un acto posterior, como lo es en la resolución que decide la materia del juicio o procedimiento, dicho sumario es improcedente. En la especie, el acto reclamado es la determinación asumida en audiencia de tutela de derechos de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 1P4222-117, en el que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, confirmó el acuerdo de veintiuno de marzo pasado, dictado por el Agente del Ministerio Público, en el que desechó la prueba de geolocalización ofrecida por el imputado -aquí quejoso- dentro de la carpeta de investigación seguida en su contra por el delito de secuestro agravado y ordenó el cierre de la investigación complementaria. Al respecto, se destacan tres cuestiones: Primera: El acto reclamado se gestó dentro de una investigación complementaria, que conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte del procedimiento penal, pues tal indagatoria está constituida por un conjunto de actos procesales formalmente ordenados para determinar si se ejerce o no la acción penal. Segunda: La investigación complementaria, como parte del procedimiento penal, no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco es constitutivo de un juicio. Tercera: Como consecuencia de lo anterior, por regla general, los actos surgidos en la etapa de investigación complementaria no son susceptibles de análisis constitucional mediante el juicio de amparo indirecto en términos de las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues se insiste, no se emiten dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco dentro de juicio. Ahora bien, el hecho de que los actos reclamados no tengan cabida, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, no impide subsumirlos en la fracción II del artículo 107 de la ley de la materia, que admite dicho juicio contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, judiciales administrativos o del trabajo. Así, los actos ocurridos en la investigación complementaria del procedimiento penal son, por regla general, susceptibles de reclamo constitucional conforme a dicho precepto y fracción. Entonces, esta hipótesis legal, desde un plano gramatical, no exige que tales actos sean de imposible reparación para acudir al amparo indirecto. Sin embargo, si los actos reclamados han sido emitidos dentro de un procedimiento formal y legalmente establecido, pese a que la invocada fracción II del artículo 107 no lo prevea, debe exigirse el requisito de irreparabilidad como ocurre en los casos de las fracciones III, IV y V de ese precepto, ya que es palpable que subyace el mismo principio. Esto es, existe la posibilidad de reparabilidad dentro del mismo procedimiento al emitirse una resolución posterior que es impugnable en amparo indirecto, en el cual pueden invocarse las violaciones ocurridas durante el procedimiento. Como se anunció, en el caso, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que el juez responsable haya confirmado el desechamiento de la prueba de geolocalización ofrecida por el imputado -aquí quejoso-, y se declarara el cierre de la etapa de investigación complementaria, no constituyen actos de imposible reparación; es decir, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso. En efecto, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. Así, la investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. En ese tenor, el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual confirmó el desechamiento de la prueba de geolocalización ofrecida por el imputado -aquí quejoso-, y se declaró el cierre de la investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 230/2021, cuya ejecutoria dio origen a la jurisprudencia con número de registro digital 2025607 de rubro "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", sostuvo que el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el imputado -aquí quejoso- tiene derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 del mismo código adjetivo penal nacional, para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral; ello conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador. Conforme a lo expuesto, se hace patente que el acto reclamado por el quejoso, no afecta ni impide el ejercicio de sus derechos sustantivos dentro del proceso penal de origen, ya que, se insiste, durante la audiencia intermedia, el acusado (aquí quejoso) o su defensa en ejercicio del principio de contradicción y derecho al debido proceso y defensa adecuada, estarán en aptitud de ofrecer sus medios de prueba, etapa que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral; por ende, al no producir los actos reclamados efectos de imposible reparación sobre el quejoso o sus derechos, el juicio de amparo indirecto se torna improcedente en contra de esos actos. En ese orden de ideas, en razón que los actos reclamados no son actos de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, ambos preceptos de la Ley de Amparo; de ahí que respecto de los actos reclamados en estudio, lo procedente sea desechar la demanda de amparo promovida por ********************, en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal. Al respecto se invoca, por las razones que la conforman la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017560, décima época, libro 57, agosto de 2018, tomo III, página 2987, del rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular. Igualmente se invoca la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2012423, décima época, materia común, penal, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2592, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.". Domicilio, autorizados y medio expedito de comunicación. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ******************** en esta ciudad, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a ********************pues no cuentan con dicho registro. Además, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, a efecto de entablar comunicación en los casos en que este órgano lo estime necesario. Transparencia. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
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