José Juan Ortega Trejo

Expediente 1483/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1483/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • José Juan Ortega Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Con la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Realizar todas las gestiones pertinentes e idóneas a fin de dar respuesta congruente a las peticiones formuladas por ********************, mediante escritos presentados ante su autoridad el veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; allegándose de todos los elementos que estime necesarios para ello, y ordenar notificarle la misma de manera personal. CAUSÓ EJECUTORIA Y SE REQUIRIÓ CUMPLIMIENTO. En fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días comunicaran a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la aludida ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Ahora, toda vez la parte quejosa en su escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, pidió la intervención de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala para que cesen los actos de deslealtad que incluso -dice- dejan entrever corrupción por parte de los Agentes Ministeriales adscritos a Calpulalpan, Tlaxcala. Ello, con motivo de diversas violaciones que denotan el dolo de retardar los procesos y de cierta manera beneficiar a los investigados. Por lo que pide respete el discurso de ver un cambio real y permita su derecho de acceder a la tutela judicial efectiva, para lo cual, debe solicitar a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, vigile el actuar de los Agentes del Ministerio Público, Vanessa Merari Benítez Ramírez, Abigail Sánchez Neri, Hermelinda Ortiz Aguillon y Yuliana González Martínez, Agentes del Ministerio Público de su adscripción que intervinieron en las Carpetas de Investigación 113/2021, 92/2020, 169/2021. Ello, pues tales funcionarios buscan entorpecer los procedimientos y obstaculizar el acceso a la justicia, demostrando parcialidad a favor de J. Pedro Ortega Trejo y Delfino Ortega Trejo, faltando a la ética profesional y favorecer a aquellos que cuentan con recursos económicos para manipular la justicia. Y no obstante, dichos servidores públicos continúan laborando en la Procuraduría, a pesar de ser omisos en su actuar conforme a la Constitución Federal, pues no se les investiga solo por el hecho de cambiar de adscripción; por tanto, pide su intervención y ponga la atención debida en el caso. Y, en la diversa petición de veintiocho de abril de dos mil veintidós, solicitó que se le otorgue certeza de que el Ministerio Público con sede en Calpulalpan, Tlaxcala, realice una correcta formulación de imputación, con todos los datos de prueba que cuente dentro de las carpetas de investigación: 179/2020, actualmente judicializada con el número 57/2022. 92/2020, judicializada con el número 59/2023. 97/2021, judicializada con el número 58/2022. 169/2021, judicializada con el número 602/2021. 113/2021 judicializada con el número 457/2021; - y las que se puedan agregar-. Actuando de manera imparcial, que las mismas son conocidas por Alejandro Flores Rugerio, quien con su actuar negligente ha retardado los procedimientos penales indicados; por lo que pide que dicho servidor público se conduzca con legalidad y respecto a la Constitución Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, coadyuvando con el indicado quejoso en su carácter de víctima. Por su parte el Agente del Ministerio Público Adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia, remitió un acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que en respuesta a los referidos escritos indicó que de los mismos no se advierte a qué Subprocuradora se refiere, y que si señala posibles actos de corrupción estos debieron ser denunciados; además, menciona que en las carpetas de investigación que indica la parte quejosa, específicamente en la 82/2020 judicializada con el número 113/2020, no se advierte alguna violación a sus derechos fundamentales puesto que la actuación de la autoridad Ministerial es con estricto apego a lo ordenado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha representación social se rige por los principios de: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, sin que la autoridad Ministerial, haya realizado conductas que denoten su parcialidad. Por cuanto hace a la carpeta 113/2021, relató lo actuado en las mismas tratando de justificar la actuación de los Ministerios Públicos que en su momento conocieron de las mismas, y señaló que respecto de la Ministerio Público Vanesa Merari Benítez Ramírez, no son hechos propios y por lo tanto no se puede pronunciar al respecto; asimismo, comunicaron lo actuado en las carpetas de investigación 179/2020, 97/2021 y 169/2021. Por oficio 0136/2023 registrado en este Juzgado con el número 4646, se tuvo a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, informando que en auto de diez de marzo del año que transcurre, emitido por la misma, se instruyó al Titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, ordenara al servidor público que corresponda, realizara todas las gestiones pertinentes e idóneas a fin de dar respuesta de manera personal y congruente a las peticiones formuladas por el aquí quejoso ********************, mediante escritos de referencia presentados el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el despacho de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, turnados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para su seguimiento. En acatamiento a las instrucciones del citado auto de diez de marzo, el Licenciado Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, remite constancias relativas a las acciones realizadas para notificar al quejoso respecto de los acuerdos en cita. Por otro lado, por escrito registrado en este Juzgado con número 5244, el Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, informó que por oficio C.J. 0326/2023 de uno de marzo de dos mil veintitrés, dirigido a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que solicitó diera contestación a los escritos signados por el quejoso ********************, el veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, y, remitió copia certificada del acuse de recibo por el Despacho de la Procuraduría el uno de marzo del año en cita. Por oficio 0188/2023 signado por la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que instruye a la Titular del Departamento de Investigación a fin de que realicen las gestiones tendentes a dar contestación a las solicitudes del aquí quejoso, así como también realizar las notificaciones de manera personal. Atento a ello, por oficio número 275/2023, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscritos, remite las constancias donde se acredita que dieron contestación a las carpetas de investigación: ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 124 a 131). ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 133 a 136). ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 137 a 141). ********************, suscrito por ********* Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, Región Norte Calpulalpan, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 142 a 148). Así como la constancia de notificación al quejoso en doce de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, se constituyó en el Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, a fin de notificarle personalmente al quejoso ********************, el estado procesal de las carpetas de investigación, ********************, ********************, ******************** y ********************; por lo que el quejoso manifestó que no era su deseo entrevistarse con el citado Agente del Ministerio Público, por lo que se deja la constancia respectiva para los efectos legales a que haya lugar. (foja 132). Finalmente, se requirió nuevamente a las autoridades responsables en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que dieran cumplimiento a la sentencia protectora, debiendo acordar las peticiones formuladas por la parte quejosa de forma congruente y exhaustiva, exponiendo los artículos que lo que funda su actuar, así como los motivos, causas y circunstancias que tome en consideración para ello. Por tanto, en oficio 534/2023 con número de registro 10442, la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y razón de notificación realizada al quejoso ********************, del que se advierte lo siguiente: La Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, manifestó que desde el inicio de sus funciones como Titular de la Institución del Ministerio Público, su actuar ha sido con estricto apego a los principios de Justicia, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad, Unidad y Buena Fe, que rigen el funcionamiento. Que giró inicialmente instrucciones para que el actuar de los servidores públicos de dicha entidad, se apeguen a los mismos principios y en estricta observancia de lo establecido en el artículo 21, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán vigilar que no se violen garantías y se gestione designación de un asesor jurídico a la víctima u ofendido, y se vigilen los derechos cumpliendo con las formalidades de ley durante el inicio, trámite y conclusión de las investigaciones. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso ********************, se dio vista al Licenciado Rabindranath Atalo Rodríguez Rodríguez, Titular de la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que conforme a sus facultades observe e inspeccione la debida legalidad en las carpetas de investigación de números: ********************, ********************, ********************, ********************, UICALP-2/113/2021, UICALP-1/82/2020. Lo anterior a fin de determinar si dicha omisión constituye alguna responsabilidad de los servidores públicos de los que se duele el quejoso, mismos que corresponden a los nombres de: Vanessa Merari Benítez Ramírez, Abigail Sánchez Neri, Hermelinda Ortiz Aguillon, Yuliana González Martínez y Alejandro Flores Rugerio, para que en consecuencia proceda conforme a derecho. SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo solicitado por el Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, pues le dio contestación congruente y exhaustiva al quejoso ********************, mediante escritos presentados ante su autoridad en fechas veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de las carpetas de investigación ********************, ********************, ******************** y ********************; notificándole las mismas de manera personal. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo después de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Con la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Mediante sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Realizar todas las gestiones pertinentes e idóneas a fin de dar respuesta congruente a las peticiones formuladas por ********************, mediante escritos presentados ante su autoridad el veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; allegándose de todos los elementos que estime necesarios para ello, y ordenar notificarle la misma de manera personal. CAUSÓ EJECUTORIA Y SE REQUIRIÓ CUMPLIMIENTO. En fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días comunicaran a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la aludida ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Ahora, toda vez la parte quejosa en su escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, pidió la intervención de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala para que cesen los actos de deslealtad que incluso -dice- dejan entrever corrupción por parte de los Agentes Ministeriales adscritos a Calpulalpan, Tlaxcala. Ello, con motivo de diversas violaciones que denotan el dolo de retardar los procesos y de cierta manera beneficiar a los investigados. Por lo que pide respete el discurso de ver un cambio real y permita su derecho de acceder a la tutela judicial efectiva, para lo cual, debe solicitar a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, vigile el actuar de los Agentes del Ministerio Público, Vanessa Merari Benítez Ramírez, Abigail Sánchez Neri, Hermelinda Ortiz Aguillon y Yuliana González Martínez, Agentes del Ministerio Público de su adscripción que intervinieron en las Carpetas de Investigación 113/2021, 92/2020, 169/2021. Ello, pues tales funcionarios buscan entorpecer los procedimientos y obstaculizar el acceso a la justicia, demostrando parcialidad a favor de J. Pedro Ortega Trejo y Delfino Ortega Trejo, faltando a la ética profesional y favorecer a aquellos que cuentan con recursos económicos para manipular la justicia. Y no obstante, dichos servidores públicos continúan laborando en la Procuraduría, a pesar de ser omisos en su actuar conforme a la Constitución Federal, pues no se les investiga solo por el hecho de cambiar de adscripción; por tanto, pide su intervención y ponga la atención debida en el caso. Y, en la diversa petición de veintiocho de abril de dos mil veintidós, solicitó que se le otorgue certeza de que el Ministerio Público con sede en Calpulalpan, Tlaxcala, realice una correcta formulación de imputación, con todos los datos de prueba que cuente dentro de las carpetas de investigación: 179/2020, actualmente judicializada con el número 57/2022. 92/2020, judicializada con el número 59/2023. 97/2021, judicializada con el número 58/2022. 169/2021, judicializada con el número 602/2021. 113/2021 judicializada con el número 457/2021; - y las que se puedan agregar-. Actuando de manera imparcial, que las mismas son conocidas por Alejandro Flores Rugerio, quien con su actuar negligente ha retardado los procedimientos penales indicados; por lo que pide que dicho servidor público se conduzca con legalidad y respecto a la Constitución Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, coadyuvando con el indicado quejoso en su carácter de víctima. Por su parte el Agente del Ministerio Público Adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia, remitió un acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que en respuesta a los referidos escritos indicó que de los mismos no se advierte a qué Subprocuradora se refiere, y que si señala posibles actos de corrupción estos debieron ser denunciados; además, menciona que en las carpetas de investigación que indica la parte quejosa, específicamente en la 82/2020 judicializada con el número 113/2020, no se advierte alguna violación a sus derechos fundamentales puesto que la actuación de la autoridad Ministerial es con estricto apego a lo ordenado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha representación social se rige por los principios de: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, sin que la autoridad Ministerial, haya realizado conductas que denoten su parcialidad. Por cuanto hace a la carpeta 113/2021, relató lo actuado en las mismas tratando de justificar la actuación de los Ministerios Públicos que en su momento conocieron de las mismas, y señaló que respecto de la Ministerio Público Vanesa Merari Benítez Ramírez, no son hechos propios y por lo tanto no se puede pronunciar al respecto; asimismo, comunicaron lo actuado en las carpetas de investigación 179/2020, 97/2021 y 169/2021. Por oficio 0136/2023 registrado en este Juzgado con el número 4646, se tuvo a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, informando que en auto de diez de marzo del año que transcurre, emitido por la misma, se instruyó al Titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, ordenara al servidor público que corresponda, realizara todas las gestiones pertinentes e idóneas a fin de dar respuesta de manera personal y congruente a las peticiones formuladas por el aquí quejoso ********************, mediante escritos de referencia presentados el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el despacho de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, turnados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para su seguimiento. En acatamiento a las instrucciones del citado auto de diez de marzo, el Licenciado Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, remite constancias relativas a las acciones realizadas para notificar al quejoso respecto de los acuerdos en cita. Por otro lado, por escrito registrado en este Juzgado con número 5244, el Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, informó que por oficio C.J. 0326/2023 de uno de marzo de dos mil veintitrés, dirigido a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que solicitó diera contestación a los escritos signados por el quejoso ********************, el veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, y, remitió copia certificada del acuse de recibo por el Despacho de la Procuraduría el uno de marzo del año en cita. Por oficio 0188/2023 signado por la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que instruye a la Titular del Departamento de Investigación a fin de que realicen las gestiones tendentes a dar contestación a las solicitudes del aquí quejoso, así como también realizar las notificaciones de manera personal. Atento a ello, por oficio número 275/2023, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscritos, remite las constancias donde se acredita que dieron contestación a las carpetas de investigación: ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 124 a 131). ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 133 a 136). ********************, suscrito por Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 137 a 141). ********************, suscrito por ********* Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, Región Norte Calpulalpan, con fecha diez de abril de dos mil veintitrés, (fojas 142 a 148). Así como la constancia de notificación al quejoso en doce de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que Joel de Sixto Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de Investigación del Delito y Litigación, se constituyó en el Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, a fin de notificarle personalmente al quejoso ********************, el estado procesal de las carpetas de investigación, ********************, ********************, ******************** y ********************; por lo que el quejoso manifestó que no era su deseo entrevistarse con el citado Agente del Ministerio Público, por lo que se deja la constancia respectiva para los efectos legales a que haya lugar. (foja 132). Finalmente, se requirió nuevamente a las autoridades responsables en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que dieran cumplimiento a la sentencia protectora, debiendo acordar las peticiones formuladas por la parte quejosa de forma congruente y exhaustiva, exponiendo los artículos que lo que funda su actuar, así como los motivos, causas y circunstancias que tome en consideración para ello. Por tanto, en oficio 534/2023 con número de registro 10442, la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió copia del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y razón de notificación realizada al quejoso ********************, del que se advierte lo siguiente: La Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, manifestó que desde el inicio de sus funciones como Titular de la Institución del Ministerio Público, su actuar ha sido con estricto apego a los principios de Justicia, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad, Unidad y Buena Fe, que rigen el funcionamiento. Que giró inicialmente instrucciones para que el actuar de los servidores públicos de dicha entidad, se apeguen a los mismos principios y en estricta observancia de lo establecido en el artículo 21, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán vigilar que no se violen garantías y se gestione designación de un asesor jurídico a la víctima u ofendido, y se vigilen los derechos cumpliendo con las formalidades de ley durante el inicio, trámite y conclusión de las investigaciones. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso ********************, se dio vista al Licenciado Rabindranath Atalo Rodríguez Rodríguez, Titular de la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que conforme a sus facultades observe e inspeccione la debida legalidad en las carpetas de investigación de números: ********************, ********************, ********************, ********************, UICALP-2/113/2021, UICALP-1/82/2020. Lo anterior a fin de determinar si dicha omisión constituye alguna responsabilidad de los servidores públicos de los que se duele el quejoso, mismos que corresponden a los nombres de: Vanessa Merari Benítez Ramírez, Abigail Sánchez Neri, Hermelinda Ortiz Aguillon, Yuliana González Martínez y Alejandro Flores Rugerio, para que en consecuencia proceda conforme a derecho. SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo solicitado por el Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, pues le dio contestación congruente y exhaustiva al quejoso ********************, mediante escritos presentados ante su autoridad en fechas veintiocho de abril de dos mil veinte y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de las carpetas de investigación ********************, ********************, ******************** y ********************; notificándole las mismas de manera personal. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese este juicio como concluido. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo después de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Juan Ortega Trejo, por el cual, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; atento a ello, se reserva acordar sobre su contenido, hasta que transcurra el término de la ley de la materia, para calificar el cumplimiento dado por las responsables. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *********por el cual, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; atento a ello, se reserva acordar sobre su contenido, hasta que transcurra el término de la ley de la materia, para calificar el cumplimiento dado por las responsables. Notifíquese.

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