José Juan Ortega Trejo
Expediente 1085/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Juan Ortega Trejo
- Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala
- Delfino Ortega Trejo
- J. Pedro Ortega Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
A la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1085/2023, promovido por José Juan Ortega Trejo, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes, en el Estado de Tlaxcala, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el dos de agosto siguiente a este Juzgado de Distrito, José Juan Ortega Trejo, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes, en el Estado de Tlaxcala. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada en el recurso de revocación de trece de julio de dos mil veintitrés, en la que confirmó la determinación de siete de julio de dos mil veintitrés en la que negó solicitar al Agente del Ministerio Público se pronuncie con solicitar Audiencia Inicial en la causa judicial 59/2022. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien formuló pedimento; se emplazó a la parte tercera interesada; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución dictada en el recurso de revocación de trece de julio de dos mil veintitrés, en la que confirmó la determinación de siete de julio de dos mil veintitrés en la que negó solicitar al Agente del Ministerio Público se pronuncie con solicitar Audiencia Inicial en la causa judicial 59/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, lo que se corrobora con las constancias escritas de la carpeta de investigación UIVCALP-2/29/2020, y la causa judicial 59/2022, así como el audio y video de la audiencia celebrada el siete de julio de dos mil veintitrés y la diversa de trece de julio de dos mil veintitrés, contenidas en un disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respecto al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los preceptos precisados con antelación. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto de los diversos actos, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación propuesto por la parte quejosa, aun suplidos en su queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, de ahí que, deba negarse el amparo y la protección de la justicia federal. En principio se estima pertinente hacer una breve narración de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que integran la causa judicial de donde emana el acto reclamado. 1.- Mediante oficio 389/2022, la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, actuando dentro de la carpeta de investigación C.I.UICAPL-2/92/2020, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral en turno del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, señalara día y hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, por el delito de falsificación y uso indebido de documento, en contra de Delfino Ortega Trejo y J.Pedro Ortega Trejo. (fojas 5 a 12 del tomo I de pruebas). 2.- En veinte de junio de dos mil veintitrés la Juez Sexto del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la causa judicial 59/2022, y en atención a la solicitud señaló día y hora para el desahogo de la audiencia inicial. (foja 27 ídem). 3.- En diez de noviembre de dos mil veintidós, fecha señalada para la celebración de la audiencia inicial, la Juez del conocimiento dictó auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial de mérito en favor de Delfino Ortega Trejo y J.Pedro Ortega Trejo. (fojas 53 a 55 ibídem). 4.- Mediante escrito presentado ante el Juzgado del conocimiento, en diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el ahora quejoso José Juan Ortega Trejo -en su carácter de víctima- solicitó audiencia innominada por omisiones del ministerio público en la etapa de investigación inicial en la causa penal de mérito, y en atención a lo solicitado, en proveído de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de conocimiento fijó día y hora para la celebración de la audiencia de referencia. (fojas 91 a 93 del tomo I de pruebas). En tres de mayo de dos mil veintitrés fecha señalada para la celebración de la audiencia de referencia la Juez de Control determinó que al no encontrarse debidamente notificada la víctima, no podía celebrarse la audiencia respectiva y al no existir condiciones para ello, do por terminada la misma. Posteriormente mediante escrito de cuatro de mayo de dos mil veintitrés José Juan Ortega Trejo -en su carácter de víctima-, solicitó que el representante social volviera a solicitar audiencia inicial. En veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la Juez de Control requirió al Agente del Ministerio Público se pronunciara respecto a la solicitud realizada por parte de la víctima de señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial, al ser la referida representación social quien cuenta con la facultad de conducir e investigar a los investigados. (fojas 103 a 105 del tomo I de pruebas). 5.- Mediante escrito de siete de julio de dos mil veintitrés el Agente del Ministerio Público responsable, atendió el requerimiento efectuado y manifestó que dicha autoridad investigadora advertía que no era dable atender la solicitud, bajo la consideración que no existían datos de prueba nuevos dentro de la carpeta de investigación de origen, de los cuales se hubiera allegado para solicitar nueva vinculación, aunado a que la asesoría jurídica no había aportado datos de prueba que permitieran establecer nuevas líneas de investigación y estar en condiciones de solicitar nueva audiencia. En proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, la juez de control tuvo recibido el oficio de la representación social y determinó que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal le corresponde y es facultad única de la representación social, salvo las excepciones previstas en la ley, y concluyó que, si la representación social por el momento determinaba que no era dable solicitar día y hora para audiencia inicial, al ser facultad exclusiva de ésta, y determinó que por ello, no ha lugar a señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial, pues si no existían nuevas líneas de investigación no habría razón para convocar a nueva audiencia. (fojas 129 a 131 del tomo I de pruebas). 6.- En contra de dicha determinación José Juan Ortega Trejo en su carácter de víctima ahora quejoso, interpuso recurso de revocación mediante escrito de doce de julio de dos mil veintitrés, en el cual en lo que interesa enderezó los siguientes conceptos de violación: Que al negársele lo solicitado de llevar a cabo audiencia inicial, se violentaba en su contra derechos fundamentales consistentes en una tutela judicial efectiva, violentando de manera flagrante los principios de audiencia, legalidad y debido proceso. Dicho recurso, fue resuelto de plano, en trece de julio de dos mil veintitrés por la Juez del conocimiento, y determinó confirmar el auto recurrido bajo las consideraciones siguientes: En principio transcribió la responsable, el auto recurrido y concluyó que se conducía bajo el principio de legalidad e imparcialidad y que como había quedado establecido, la forma de conducción y el ejercicio de la acción penal era facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público, y, que por tanto dicha juzgadora no podía actuar más allá, de lo que la ley le faculta, y que en ese sentido si la representación social informó, que no tenía nuevas líneas de investigación y que por el momento no era dable ejercitar la acción penal, ello debía ser acordado en ese sentido, pues dicha juzgadora era ajena a la institución del Ministerio Público y que si bien existían recursos ordinarios y extraordinarios para que la representación social ejercitara la acción penal, la víctima no los había hecho valer aun, y que por tanto no podría dicha juzgadora ir más allá y ordenar de manera arbitraria al Ministerio Público ejercer la acción penal, como lo pretende la víctima. Sostuvo la responsable que contrario a lo manifestado por la recurrente, el auto recurrido se encontraba debidamente fundado y motivado y que en ese sentido, las pruebas hechas valer no eran suficientes para demostrar su dicho o desvirtuar el auto materia de análisis y concluyó que los agravios hechos valer, eran infundados, inatendibles e insuficientes para revocar el auto combatido. Siendo las anteriores consideraciones las que sustentan el acto aquí reclamado. Ahora, la parte quejosa, como concepto de violación expuso lo siguiente: Que se violenta en su contra la garantía de audiencia y acceso a una tutela judicial efectiva, pues estima, se está retardando el acceso a la justicia y a una posible reparación del daño, e insiste que el Agente del Ministerio Público, en la causa judicial ha actuado sin objetividad generando un retraso en el procedimiento. No asiste razón jurídica a la parte quejosa. Para sostener lo anterior, es importante destacar que el artículo 21 de la Constitución Federal, señala que la investigación de los delitos incumbe al Ministerio Público y, que dicha institución es la autoridad competente para ejercer la acción penal. Así, en el sistema penal acusatorio, durante la etapa de investigación, el Ministerio Público es sujeto procesal investigador, en representación del Estado, y conserva de manera exclusiva la activación del poder punitivo. Por ello, el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que le compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, será el Ministerio Público quien dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados, la cual, podrá realizarse con o sin detenido. Así, cuando el Ministerio Público cuente con datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable comisión o participación del inculpado en su comisión, hará una solicitud al juez de Control para audiencia de formulación de imputación. Ahora, en la determinación recurrida, la Juez de Control responsable en principio, tuvo por recibido el escrito presentado por la víctima en la causa judicial 59/2022, por el cual solicitaba señalara nueva fecha para celebrar audiencia inicial y en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por una parte determinó, no ha lugar a acordar de conformidad, y con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión, requirió al Agente del Ministerio Público se pronunciara respecto a lo solicitado. Mediante escrito de siete de julio de dos mil veintitrés la Juez de Control tuvo a la representación social dando cumplimiento a requerimiento efectuado en el sentido que no era dable atender la solicitud del promovente, pues no existían nuevos datos de prueba que se hubiera llegado para solicitar nueva vinculación a proceso, y que tampoco la asesora Jurídica había aportado datos que permitieran establecer nuevas líneas de investigación para estar en condiciones de solicitar nueva audiencia. En proveído de la misma fecha la responsable dictó determinación correspondiente y concluyó que la conducción de la investigación correspondía y era facultad exclusiva y única de la representación social, salvo sus excepciones y determinó que, como lo refería el Ministerio Público, no era dable por el momento realizar la petición formal de solicitar día y hora para audiencia inicial, pues no existían nuevas líneas de investigación y por tanto concluyó que no habría razón para convocar a audiencia. Dicha determinación fue recurrida por la víctima aquí quejosa mediante recurso de revocación y en la resolución que dictó la responsable y que es aquí el acto reclamado, determinó declarar infundados, inatendibles e insuficientes los agravios para revocar el auto recurrido, bajo la consideración que se condujo bajo el principio de legalidad e imparcialidad y reiteró que la forma de conducción y el ejercicio de la acción penal correspondía exclusivamente al Ministerio Público, y que dicha Juzgadora no podía actuar más allá de lo que la ley le permitía, al ser ajena a la institución del Ministerio Público y que existían recursos ordinarios que la promovente no había hecho valer. Con lo anterior expuesto, se estima que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, no se violó en su contra la garantía de audiencia y acceso a la tutela judicial efectiva, pues de entrada la responsable al escrito presentado por la ahora quejosa le dio trámite y requirió a la representación social a efecto que manifestara lo conducente, con lo manifestado por la representación social dictó auto en el cual determinó no procedente acordar de conformidad lo solicitado respecto a la audiencia inicial al no haber nuevas líneas de investigación y estableció que la que la conducción de la investigación correspondía y era facultad exclusiva y única de la representación social, contra dicha determinación la víctima ahora quejosa interpuso recurso de revocación el cual fue resuelto de plano por la autoridad responsable. Por ello es que se considera que contrario a lo referido por la parte quejosa no se violó en su contra su derecho de audiencia ni el debido proceso, pues se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, y por ende tampoco se vulnera el acceso a la justicia, previsto en el artículo 1 y 17 constitucional, pues la parte quejosa hizo valer el recurso que tuvo a su alcance, y estuvo en condiciones de igualdad procesal. Asimismo, se estima que la resolución reclamada, es respetuosa de los derechos fundamentales, pues se considera acertada la determinación de confirmar el auto recurrido, bajo la consideración que la conducción de la investigación corresponde y es facultad exclusiva y única de la representación social, y que al no advertirse nuevas líneas de investigación no procedía solicitar nueva fecha de audiencia inicial además que determinó la Juez de Control que no podía actuar más allá de lo que la ley le permitía y que era ajena a la institución del ministerio público. Consideraciones que esta Juzgadora estima constitucionales, pues no sería válido que el Juez de Control dirija al Ministerio Púiblico en la investigación en la carpeta de investigación de origen, pues considerar lo contrario, esto es, que dirija el Juez de Control la actuación de la fiscalía en la investigación de los delitos, contravendría lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional y además, se le restaría la imparcialidad con que cuenta el Órgano Jurisdiccional. Asimismo debe decirse que, como bien lo estableció la autoridad responsable, existen recursos ordinarios y extraordinarios en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Ministerio Público ejercite la acción penal, los cuales están al alcance de la víctima y que puede hacer valer, si considera que la representación social, incurre en omisiones en la etapa de investigación en la cual se encuentra la carpeta de investigación. Sobre dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Dichas consideraciones quedaron expuestas en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en la , Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." De ahí que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, a consideración de la suscrita Juzgadora la determinación del Juez de Control se encuentra ajusta a derecho, por tanto son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; y, por ende, debe negarse el amparo respecto de la detención decretada a éste. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Juan Ortega Trejo, por propio derecho, contra el acto de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, vía electrónica al a representación social y mediante oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por el tercero interesado J. Pedro Ortega Trejo, y previo a acordar lo conducente, se tiene que, de la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio de amparo, la Audiencia Constitucional se celebró a las a las once horas con cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en consecuencia se ordena en este acto, aperturarse y formarse físicamente expedientillo con el escrito de cuenta. Ahora, agréguese sin mayor proveer, el escrito de cuenta, toda vez que, como se precisó en el párrafo que antecede, el presente expediente se encuentra con audiencia celebrada. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que, transcurre el término al que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; toda vez que, se tuvo por emplazados a los terceros interesados el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo no es posible llevarla a cabo; toda vez que, en proveído de veintiuno de septiembre se ordenó emplazar a los terceros interesados sin que a la fecha obre constancia de dicho emplazamiento En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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