José Juan Miranda López

Expediente 630/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
630/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • José Juan Miranda López

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 13643, del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo; registrado en oficialía de partes con el número 5762/2019, con el que remite original y copia de la demanda de garantías promovida por el demandado José Juan Miranda López, anexo simple, y los autos del juicio ejecutivo mercantil 22/2018-VII-A; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo José Juan Miranda López, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.-) AUTORIDADES RESPONSABLES.- son las siguientes: A.-) Ciudadano Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien tiene su domicilio en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número mil doscientos nueve (1209) Edificio "B", primer piso, Colonia Reserva Aquiles Serdán, Pachuca, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y cuatro (42084)_ B.-) Ciudadano Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa como encargado del despacho, quien tiene su domicilio en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número mil doscientos nueve (1209) Edificio "B", primer piso, Colonia Reserva Aquiles Serdán, Pachuca, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y cuatro (42084)_ B.-) Ciudadano Secretario de la Mesa VII del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa como encargado del despacho, quien tiene su domicilio en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número mil doscientos nueve (1209) Edificio "B", primer piso, Colonia Reserva Aquiles Serdán, Pachuca, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y cuatro (42084)_ EJECUTORAS.- A.-) El Ciudadano Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa como encargado del despacho, quien tiene su domicilio en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número mil doscientos nueve (1209) Edificio "B", primer piso, Colonia Reserva Aquiles Serdán, Pachuca, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y cuatro (42084) (.)".- "IV.-) ACTO RECLAMADO: A.-) De la autoridad señalada como ordenadora reclamo el haber NO ADMITIDO mediante auto de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por el suscrito JOSÉ JUAN MIRANDA LÓPEZ, en mi escrito de contestación de demanda de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el expediente 22/2018 mesa VII, pese a estar ofrecida conforme a derecho además de haber sido ofrecida en tiempo y forma (.).- Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se desprende que Juan Manuel López Castrellón, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a María Guadalupe Bueno Popocatl y José Juan Miranda, en su carácter de deudor principal y deudor solidario, diversas prestaciones, radicándose dicho asunto en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con el número de expediente 22/2018-VII-A. Seguido el juicio por todos sus trámites, el dos de agosto de dos mil diecinueve, el juez federal dictó un auto, en el cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio, acusó la rebeldía en la que incurrió la demandada María Guadalupe Bueno Popocatl, al no haber dado contestación en tiempo y forma, a la demanda entablada en su contra, no obstante que fue debidamente emplazada; así también, se tuvo al actor solicitando se abriera el periodo probatorio; y, finalmente, el juez de distrito no admitió la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por las partes actora y demandada, ya que no se rindió la misma en los términos del numeral 1253, fracción I, del Código de Comercio, ya que no expreso los puntos sobre las cuales versaría ni los hechos en concreto con los que se relacionó, motivo por el cual se desechó. Inconforme con lo anterior, el hoy quejoso promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". De lo anteriormente expuesto, se colige que el acto reclamado es el proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en la que resolvió entre otras cosas, desechar la prueba pericial ofrecida por las partes; en consecuencia, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio o que tengan el carácter de ser definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, con excepción del Juez Primero de Distrito, quien es el emisor del acto reclamado en el presente asunto; a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.XI. J/2 K (10a.) de los Plenos de Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 1024, Libro 39, febrero de 2017, Tomo II, materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE ATRIBUYE AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, DEBE DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO Y DECLINARLA AL QUE ESTIME COMPETENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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