Jose Juan Mendoza Casarubias
Expediente 521/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/06/2016
Partes del expediente
- Jose Juan Mendoza Casarubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
VI) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente incidente de suspensión evidencia que mediante proveído de esta misma fecha, se ordenó el archivo del juicio de amparo del cual derivan los presentes incidentes, el cual a la letra dice: "Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que el impetrante del amparo José Juan Mendoza Casarrubias, dentro del plazo inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual se sobreseyó en el juicio. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado; las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El presente expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, incisos I y II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos expedientes no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009; además, a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe." Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que el impetrante del amparo José Juan Mendoza Casarrubias, dentro del plazo inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual se sobreseyó en el juicio. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado; las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El presente expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, incisos I y II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos expedientes no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009; además, a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. En términos de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, glósese para los efectos legales procedentes, el oficio por el que el Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; informa sobre el cumplimiento a la suspensión de oficio decretada en este expediente. Por otra parte, acorde con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósese para los efectos legales procedentes, la constancia de notificación personal practicada por el actuario judicial al quejoso José Juan Mendoza Casarrubias, en donde éste asentó su deseo de desistir del juicio. Asimismo, a dichas aseveraciones se les concede valor en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, porque fueron asentadas en la constancia de notificación signada por el actuario judicial, quien tiene fe en ejercicio de su encargo, y por ende, conserva valor para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. En lo conducente se invoca, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyos rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la manifestación vertida por el quejoso, con la cual se evidencia que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. .". Y, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por José Juan Mendoza Casarrubias, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado prevención y Readaptación Social y otras autoridades. Lo anterior, en atención a que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada y con la sola declaración de la voluntad válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, pues el desistimiento constituye la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Se deja insubsistente la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis). Se justifica lo anterior, porque al surgir en el procedimiento una causa de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, no es necesario esperar a la audiencia constitucional, pues traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al caso se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 10/2003, en las páginas 386 y 387, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, toda vez que el quejoso cuenta con autorizados y domicilio procesal, es evidente que se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; motivo por el cual, practíquense las notificaciones aún las de carácter personal, por conducto de los autorizados en el domicilio señalado en la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del incidente de suspensión en que se actúa, es pertinente indicar que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia publicada con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Por ende, al tener a la vista el juicio de amparo de donde deriva el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha, se sobreseyó en el juicio de amparo por desistimiento expreso del impetrante de garantías José Juan Mendoza Casarrubias, lo cual conlleva a declarar sin materia el incidente de suspensión, porque en el juicio de amparo la voluntad para promover es un principio fundamental, el cual debe extenderse al incidente de suspensión del acto reclamado, pues la materia incidental la constituyen los actos reclamados que siempre se tramita previa petición de suspensión de los mismos por parte del quejoso, según lo previene el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, que con la sola declaración de la voluntad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento de su tramitación, lo que se traduce en la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad en esa materia. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1209, Tomo XC, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Aunque de las constancias de autos no aparezca que se haya acordado ya, el desistimiento del quejoso por lo que hace al juicio principal, sin embargo si en forma expresa se desiste del incidente de suspensión, tomando en consideración que la materia incidental la constituyen los actos reclamados, previa petición de suspensión de los mismos, por parte de los quejosos, según lo previene el artículo 124, fracción I, de la ley que reglamenta el amparo, el desistimiento expresado, induce a declarar sin materia dicho incidente." Expuesto lo anterior, se deja insubsistente la fecha fijada para la celebración de la audiencia incidental (nueve horas con treinta minutos del once de mayo de dos mil dieciséis). Finalmente, toda vez que el quejoso cuenta con autorizados y domicilio procesal, es evidente que se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; motivo por el cual, practíquense las notificaciones aún las de carácter personal, por conducto de los autorizados en el domicilio señalado en la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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