José Juan Jiménez Valadez

Expediente 606/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
606/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2015

Partes del expediente

  • José Juan Jiménez Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de octubre al doce de noviembre del año en curso, con exclusión de cinco días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el trece de octubre del presente año, dentro del juicio de amparo 606/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día trece de octubre del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la Juez Tercero Penal de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió en su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del proceso penal 8/2015-IV. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, dicho cuaderno guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión (y violación a la suspensión, en su caso), tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín González Zamora.- DOY FE. Sonia

  2. Principal

    El veintiséis de octubre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con el estado que guarda el presente expediente y la razón actuarial de catorce del presente mes y año. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de catorce de octubre del año en curso, asentada por el Actuario Judicial de la adscripción se desprende que no le fue posible notificar la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el trece de octubre del año en curso, a la parte tercero interesada menor LIDIA PAOLA BERNAL GALLEGOS, por conducto de su madre LIDIA GALLEGOS CHÁIREZ, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido legalmente notificada y requerida para que lo señalara; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la notificación del referido auto, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  3. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MENOR LIDIA PAOLA BERNAL GALLEGOS, POR CONDUCTO DE SU MADRE LIDIA GALLEGOS CHÁIREZ, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 606/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Juez Tercero del Ramo Penal, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, destacamentado en Fresnillo, Zacatecas. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "IV.-ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamamos la infundada orden de aprehensión y la ilegal detención de mi persona por las irregularidades dentro del proceso penal marcado con el número 8/2015 que se me instruye por el delito de violación agravada y atentados a la integridad de las personas que tengo conocimiento giró y estoy sujeto a dicho proceso en mi contra el Ciudadano Juez tercero del Ramo Penal de Fresnillo Zacatecas con domicilio bien conocido en carretera Fresnillo- Valparaíso s/n (instalaciones del CeReSo) y en contra agencia del ministerio público especial de delitos sexuales con domicilio en la casa de justicia de dicho municipio ubicada en la calle Manuel Ávila Camacho número tres en la colonia Francisco Villa desconociendo porqué se dictó dicha orden de aprehensión en mi contra en virtud de que el suscrito no he cometido ningún acto ilícito en contra de ninguna persona bajo protesta de decir verdad, y se me detuvo por una orden de aprehensión en mi contra dicha orden tengo conocimiento fue girada por el Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo Zacatecas; y de la autoridad señalada como ejecutora reclamo el cumplimiento de dicha orden de aprehensión dictada en mi contra por la ordenadora y por la ilegal detención echa en mi persona tanto como todas las irregularidades que existen dentro del procedimiento del proceso penal marcado con el número 8/2015/IV de donde se desprenden una serie de irregularidades en dicho proceso así como mi ilegal detención dentro de dicho proceso". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintinueve de abril de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 606/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar a la tercera interesada; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). la orden de aprehensión girada en contra del quejoso en el proceso penal 8/2015. b). La ejecución de la citada orden que se llevó a cabo el veinticuatro de abril de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Penal, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, en su Informe Justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; por su parte Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como el Comandante de la propia corporación policiaca en Fresnillo, Zacatecas al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que por una parte, las propias responsables son las encargadas de ejecutar los mandamientos de captura y por otra, de las copias fotostáticas certificadas del proceso penal número 8/2015-IV, remitidas por la mencionada autoridad judicial, se desprende que fue precisamente el comandante de que se trata, quien ejecutó la orden de aprehensión que aquí se reclama; en consecuencia, se tiene por cierto el acto de ejecución que se les reclama. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias relativas al aludido proceso 8/2015, que en fotocopia certificada remitió el Juez responsable; las cuales revisten plena eficacia probatoria, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este Juez Federal advierte, de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que en la especie ha ocurrido un cambio de situación jurídica. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." Ahora bien, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, reclama el libramiento de orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal y la ejecución de la misma, la cual tuvo verificativo, el veinticuatro de abril del dos mil quince. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable con su informe Justificado, consistentes, como ya se dijo en copias certificadas del proceso 8/2015, se desprende que efectivamente, el veintiséis de marzo de dos mil quince, se dictó orden de aprehensión en contra del impetrante del amparo, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de violación agravada y atentados a la integridad de las personas, cometidos en agravio de la menor Lidia Paola Bernal Gallegos (f. 80-106 del legajo de copias certificadas). Asimismo se advierte, que el veinticuatro de abril de dos mil quince, se dio cumplimiento al mandamiento de captura antes mencionado, por lo cual, el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, puso a disposición del Juez de la causa al peticionario de garantías (f.110 del mencionado legajo). Razón por la cual, recibido el oficio de puesta a disposición antes citado en auto de veinticuatro de abril del año en curso, se fijó hora, de la misma fecha para que fuera tomada a José Juan Jiménez Valdez, su declaración preparatoria (f.115-117 del legajo). Y, el treinta de abril de dos mil quince, se emitió el auto por el que se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, habiéndosele decretado auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los mencionados delitos de violación agravada y atentados a la integridad de las personas, cometidos en perjuicio de la menor Lidia Paola Bernal Gallegos (f. 205-229 del legajo). Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al quejoso, toda vez que durante la tramitación del juicio de amparo sobrevino dicho cambio, puesto que la demanda de amparo se promovió el veintiocho de abril de dos mil quince, contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del propio quejoso y su ejecución, llevada a cabo el veinticuatro de abril del año en curso; y, el treinta del propio mes y año, al resolverse la situación jurídica del amparista, se dictó el correspondiente auto de formal prisión. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa resolución referente a la situación jurídica del quejoso JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, esto es, el auto de formal prisión, resulta incuestionable que en el caso a estudio operó el cambio de la situación jurídica del quejoso, a que se refiere la fracción XVII del 61 de la Ley de Amparo vigente, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado contra la mencionada orden de aprehensión, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de garantías, ya que la privación de su libertad de que fue objeto con motivo del cumplimiento de dicha orden, obedece ahora a un acto diverso al reclamado, como lo es el auto de formal prisión, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del propio auto de formal enjuiciamiento. De modo que, las violaciones cometidas en el libramiento y ejecución de la orden de captura reclamada, que alega el quejoso, particularmente en el capítulo correspondiente a acto reclamado, tales como, que la aprehensión del mismo se llevó a cabo en forma ilegal, y que existen irregularidades dentro del proceso, deben considerarse consumadas de modo irreparable, pues como ya se dijo, no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que se aducen, por lo cual, en todo caso esas violaciones procesales que refiere, deben ser reclamadas en el amparo que en su caso se promueva en contra del aludido auto de término constitucional. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ. En el entendido de que el sobreseimiento decretado, debe hacerse extensivo en cuanto a los actos de ejecución reclamados del Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y Comandante de la propia Policía Ministerial con residencia en Fresnillo, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios. Esto último, encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, respecto de los actos y autoridades precisados en el presente fallo, por los motivos expuestos en su considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy trece de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE."

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 606/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Juez Tercero del Ramo Penal, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, destacamentado en Fresnillo, Zacatecas. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "IV.-ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamamos la infundada orden de aprehensión y la ilegal detención de mi persona por las irregularidades dentro del proceso penal marcado con el número 8/2015 que se me instruye por el delito de violación agravada y atentados a la integridad de las personas que tengo conocimiento giró y estoy sujeto a dicho proceso en mi contra el Ciudadano Juez tercero del Ramo Penal de Fresnillo Zacatecas con domicilio bien conocido en carretera Fresnillo- Valparaíso s/n (instalaciones del CeReSo) y en contra agencia del ministerio público especial de delitos sexuales con domicilio en la casa de justicia de dicho municipio ubicada en la calle Manuel Ávila Camacho número tres en la colonia Francisco Villa desconociendo porqué se dictó dicha orden de aprehensión en mi contra en virtud de que el suscrito no he cometido ningún acto ilícito en contra de ninguna persona bajo protesta de decir verdad, y se me detuvo por una orden de aprehensión en mi contra dicha orden tengo conocimiento fue girada por el Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo Zacatecas; y de la autoridad señalada como ejecutora reclamo el cumplimiento de dicha orden de aprehensión dictada en mi contra por la ordenadora y por la ilegal detención echa en mi persona tanto como todas las irregularidades que existen dentro del procedimiento del proceso penal marcado con el número 8/2015/IV de donde se desprenden una serie de irregularidades en dicho proceso así como mi ilegal detención dentro de dicho proceso". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintinueve de abril de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 606/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar a la tercera interesada; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). la orden de aprehensión girada en contra del quejoso en el proceso penal 8/2015. b). La ejecución de la citada orden que se llevó a cabo el veinticuatro de abril de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Penal, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, en su Informe Justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; por su parte Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como el Comandante de la propia corporación policiaca en Fresnillo, Zacatecas al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que por una parte, las propias responsables son las encargadas de ejecutar los mandamientos de captura y por otra, de las copias fotostáticas certificadas del proceso penal número 8/2015-IV, remitidas por la mencionada autoridad judicial, se desprende que fue precisamente el comandante de que se trata, quien ejecutó la orden de aprehensión que aquí se reclama; en consecuencia, se tiene por cierto el acto de ejecución que se les reclama. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias relativas al aludido proceso 8/2015, que en fotocopia certificada remitió el Juez responsable; las cuales revisten plena eficacia probatoria, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este Juez Federal advierte, de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que en la especie ha ocurrido un cambio de situación jurídica. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." Ahora bien, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, reclama el libramiento de orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal y la ejecución de la misma, la cual tuvo verificativo, el veinticuatro de abril del dos mil quince. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable con su informe Justificado, consistentes, como ya se dijo en copias certificadas del proceso 8/2015, se desprende que efectivamente, el veintiséis de marzo de dos mil quince, se dictó orden de aprehensión en contra del impetrante del amparo, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de violación agravada y atentados a la integridad de las personas, cometidos en agravio de la menor Lidia Paola Bernal Gallegos (f. 80-106 del legajo de copias certificadas). Asimismo se advierte, que el veinticuatro de abril de dos mil quince, se dio cumplimiento al mandamiento de captura antes mencionado, por lo cual, el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, puso a disposición del Juez de la causa al peticionario de garantías (f.110 del mencionado legajo). Razón por la cual, recibido el oficio de puesta a disposición antes citado en auto de veinticuatro de abril del año en curso, se fijó hora, de la misma fecha para que fuera tomada a José Juan Jiménez Valdez, su declaración preparatoria (f.115-117 del legajo). Y, el treinta de abril de dos mil quince, se emitió el auto por el que se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, habiéndosele decretado auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los mencionados delitos de violación agravada y atentados a la integridad de las personas, cometidos en perjuicio de la menor Lidia Paola Bernal Gallegos (f. 205-229 del legajo). Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al quejoso, toda vez que durante la tramitación del juicio de amparo sobrevino dicho cambio, puesto que la demanda de amparo se promovió el veintiocho de abril de dos mil quince, contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del propio quejoso y su ejecución, llevada a cabo el veinticuatro de abril del año en curso; y, el treinta del propio mes y año, al resolverse la situación jurídica del amparista, se dictó el correspondiente auto de formal prisión. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa resolución referente a la situación jurídica del quejoso JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, esto es, el auto de formal prisión, resulta incuestionable que en el caso a estudio operó el cambio de la situación jurídica del quejoso, a que se refiere la fracción XVII del 61 de la Ley de Amparo vigente, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado contra la mencionada orden de aprehensión, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de garantías, ya que la privación de su libertad de que fue objeto con motivo del cumplimiento de dicha orden, obedece ahora a un acto diverso al reclamado, como lo es el auto de formal prisión, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del propio auto de formal enjuiciamiento. De modo que, las violaciones cometidas en el libramiento y ejecución de la orden de captura reclamada, que alega el quejoso, particularmente en el capítulo correspondiente a acto reclamado, tales como, que la aprehensión del mismo se llevó a cabo en forma ilegal, y que existen irregularidades dentro del proceso, deben considerarse consumadas de modo irreparable, pues como ya se dijo, no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que se aducen, por lo cual, en todo caso esas violaciones procesales que refiere, deben ser reclamadas en el amparo que en su caso se promueva en contra del aludido auto de término constitucional. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ. En el entendido de que el sobreseimiento decretado, debe hacerse extensivo en cuanto a los actos de ejecución reclamados del Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y Comandante de la propia Policía Ministerial con residencia en Fresnillo, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios. Esto último, encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ JUAN JIMÉNEZ VALDEZ, respecto de los actos y autoridades precisados en el presente fallo, por los motivos expuestos en su considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy trece de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.

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