José Juan Jiménez Córdova

Expediente 1017/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1017/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • José Juan Jiménez Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el siete de diciembre del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por José Juan Jiménez Córdova, transcurrió del veintinueve de enero al ocho de febrero del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese

  2. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la constancia de cuenta suscrita por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso José Juan Jiménez Córdova, el proveído de siete de diciembre del año en curso, dictado en el presente asunto, en virtud de que fue informado por personal de las oficinas de administración del Fraccionamiento Real Campestre, que en el domicilio que señaló para para recibir notificaciones, no vive nadie con el nombre del citado quejoso, ni el de sus autorizados, negándole el acceso a ese lugar. En razón de lo asentado por el Fedatario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, así como las subsecuentes que deban hacerse de forma personal en este asunto a la parte quejosa, por la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale un domicilio para tal fin. Apoya a la anterior determinación por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles" Notifíquese. .-VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; con el escrito de cuenta se tiene al quejoso José Juan Jiménez Cordova, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esto es: Manifiesta bajo protesta de decir verdad que los hechos y antecedentes del acto reclamado son ciertos y que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de julio de dos mil veinte. Precisa que el acto reclamado es la resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, dentro del Procedimiento Disciplinario SSyPC/CHJ/005/2020. Exhibe las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de ahí que resulte oportuno traer a contexto su contenido y que en la parte que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por el ordinal 17, del cuerpo normativo. Al efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Ahora bien, previo al estudio de improcedencia, se hace la aclaración que el quejoso manifestó en su escrito aclaratorio que la resolución reclamada es de dieciséis de julio de dos mil veinte; sin embargo, de la lectura de su escrito de demanda, así como de los anexos que acompañó, se advierte que la resolución que reclama fue emitida el dieciséis de junio de dos mil veinte, tal y como lo señaló en su escrito inicial de demanda, y como se aprecia de la propia resolución que obra glosada en autos (fojas 25 a 42), así como de la constancia de notificación de dicha determinación (foja 24), por lo que, se trata de un simple error mecanográfico que no incide en la presente determinación. En ese sentido, sentado lo anterior, del análisis realizado a la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer los motivos de improcedencia, se precisa que el acto reclamado por el impetrante en el presente asunto es la resolución de dieciséis de junio de dos mil veinte, dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, dentro del Procedimiento Disciplinario SSyPC/CHJ/005/2020. En efecto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio manifestó que fue notificada de la resolución reclamada el catorce de julio de dos mil veinte, por lo que, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en que la parte quejosa se impuso del acto reclamado. En el caso, como ya se dijo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó en su escrito aclaratorio de demanda que fue notificada de la resolución que reclama el catorce de julio de dos mil veinte; en consecuencia, según las reglas descritas en párrafos que anteceden, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación de dicho acto reclamado, por lo que le transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del año en curso. Dicho plazo establecido en el párrafo que antecede, es tomando en consideración que a partir del tres de agosto del año en curso, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretado desde el dieciocho de marzo, hasta el treinta y uno de julio anterior, por los juzgados de distrito, con sede en esta ciudad, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. De lo antes expuesto, se infiere que el escrito de demanda, fue presentado de forma extemporánea, toda vez, que de la papeleta de turno se desprende que la fecha de recibido por la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta ciudad, fue el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y, como ya quedó precisado, el término que tenía la parte quejosa para promover su demanda le transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del año en curso. Por lo que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, al haber sido consentido tácitamente. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los numerales 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que señala el impetrante en su escrito aclaratorio de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ACUERDO

  3. Principal

    MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; con el escrito de cuenta se tiene al quejoso José Juan Jiménez Cordova, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esto es: Manifiesta bajo protesta de decir verdad que los hechos y antecedentes del acto reclamado son ciertos y que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de julio de dos mil veinte. Precisa que el acto reclamado es la resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, dentro del Procedimiento Disciplinario SSyPC/CHJ/005/2020. Exhibe las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de ahí que resulte oportuno traer a contexto su contenido y que en la parte que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por el ordinal 17, del cuerpo normativo. Al efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Ahora bien, previo al estudio de improcedencia, se hace la aclaración que el quejoso manifestó en su escrito aclaratorio que la resolución reclamada es de dieciséis de julio de dos mil veinte; sin embargo, de la lectura de su escrito de demanda, así como de los anexos que acompañó, se advierte que la resolución que reclama fue emitida el dieciséis de junio de dos mil veinte, tal y como lo señaló en su escrito inicial de demanda, y como se aprecia de la propia resolución que obra glosada en autos (fojas 25 a 42), así como de la constancia de notificación de dicha determinación (foja 24), por lo que, se trata de un simple error mecanográfico que no incide en la presente determinación. En ese sentido, sentado lo anterior, del análisis realizado a la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer los motivos de improcedencia, se precisa que el acto reclamado por el impetrante en el presente asunto es la resolución de dieciséis de junio de dos mil veinte, dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, dentro del Procedimiento Disciplinario SSyPC/CHJ/005/2020. En efecto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio manifestó que fue notificada de la resolución reclamada el catorce de julio de dos mil veinte, por lo que, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en que la parte quejosa se impuso del acto reclamado. En el caso, como ya se dijo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó en su escrito aclaratorio de demanda que fue notificada de la resolución que reclama el catorce de julio de dos mil veinte; en consecuencia, según las reglas descritas en párrafos que anteceden, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación de dicho acto reclamado, por lo que le transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del año en curso. Dicho plazo establecido en el párrafo que antecede, es tomando en consideración que a partir del tres de agosto del año en curso, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretado desde el dieciocho de marzo, hasta el treinta y uno de julio anterior, por los juzgados de distrito, con sede en esta ciudad, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. De lo antes expuesto, se infiere que el escrito de demanda, fue presentado de forma extemporánea, toda vez, que de la papeleta de turno se desprende que la fecha de recibido por la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta ciudad, fue el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y, como ya quedó precisado, el término que tenía la parte quejosa para promover su demanda le transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del año en curso. Por lo que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, al haber sido consentido tácitamente. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los numerales 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que señala el impetrante en su escrito aclaratorio de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual José Juan Jiménez Córdova, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal del Estado de Tabasco adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 109, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1017/2020-6. PREVENCION. Ahora, de conformidad con el artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracción V, de la Ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]." En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión, requiérase a José Juan Jiménez para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108 fracciones IV y V y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, realice lo siguiente: PRIMERO: Declare "bajo protesta de decir verdad" los antecedentes de los antecedentes narrados en su escrito de demanda. Lo anterior porque del análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente José Juan Jiménez omitió realizar la expresión formal "bajo protesta de decir verdad", prevista en fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Al respecto, en la Jurisprudencia P./J. 4/2020, de rubro "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA.", derivada de la Contradicción de Tesis 192/2019, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación determinó que la expresión "bajo protesta de decir verdad" no es sólo un formalismo procesado sino es un requisito esencial de procedencia para las demandas de amparo indirecto, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas al juicio y en relación con la veracidad de la información prevista. También, señaló que es el único elemento con el que inicialmente cuenta el juzgador para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar. Igualmente, apoya este criterio la jurisprudencia 64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 713, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Asimismo, la jurisprudencia 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." SEGUNDO: Precise que cual es el acto reclamado, esto es, si el acto reclamado es la resolución de catorce de julio de dos mil veinte, emitida por la Comisión de Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, o bien, si el acto reclamado es el cual en auto nueve de septiembre de dos mil veinte, por el que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco se declara incompetente para conocer la demanda. Lo anterior, ya que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de catorce de julio de dos mil veinte, emitida por la Comisión de Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, pero de los antecedentes narrados se advierte que el siete de septiembre de dos mil veinte recurrió la citada determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco, el cual en auto nueve de septiembre de dos mil veinte se declaró incompetente para conocer el asunto, es necesario que: TERCERO: Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado que señala en la demanda de amparo. Dado que resulta un dato indispensable para que este juzgador de amparo pueda realizar el pronunciamiento respectivo, encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 161/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el veintiuno de febrero de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de????? 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". CUARTO: Exhiba las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P./J. 36/2001, visible a página 79, XIII, abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo concedido; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como autorizados a Alfonso Arrieta Arce, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y conforme al segundo párrafo del citado numeral a Hilda Cristell Escalante Córdova, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, el quejoso señala como domicilio para recibir citas y notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; por tanto, comuníquese al ocursante que hasta en tanto señale uno en esta ciudad; ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por medio de lista, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". De igual forma, téngase al quejoso, proponiendo formas especiales de contacto, como son el número telefónico 9331123225 así como el correo electrónico juridicoarrietaarce@gmail.com; lo anterior, a fin de poder establecer las ya referidas comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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