José Juan Hernandez Tecruceño
Expediente 1647/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 05/09/2019
Partes del expediente
- José Juan Hernandez Tecruceño
- Juez De Control Especializado En Violencia De Genero En Lerma Estado De México Y/O Juez De Control En Lerma Estado De México
- Lorena Gutierrez Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de agosto del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo en mención). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal, razón por la cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo para que las partes realizaran manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hicieran uso de ese derecho. Por tanto, en términos de los artículos 17, párrafo segundo y 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, párrafo primero, 196, párrafo segundo y tercero, y 214 de la de la ley de la materia, procede analizar si de acuerdo con las constancias que obran en este asunto, la sentencia de amparo se encuentra puntual y totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 60), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "Único. La Justicia de la Unión Ampara y protege a José Juan Hernández Tecruceño, contra el acto reclamado y autoridad invocados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Inconforme con esa determinación, la parte tercero interesada interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Con las precisiones hechas en este ejecutoria, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Juan Hernández Tecruceño contra los actos, autoridades y PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE FINAL DEL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTE VEREDICTO CONSTITUCIONAL." "(1) La autoridad responsable Juez de Control Especializado en Violencia de Género en Lerma, Estado de México, deje insubsistente la decisión adoptada en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 40/2015 de su índice y, en su lugar, emita una nueva determinación en la que proceda del siguiente modo: (2) Al resolver sobre la medida de prisión preventiva oficiosa solicitada por el Ministerio Público y los Asesores de la parte ofendida, deberá reiterar los factores que tomó en consideración dentro del acto reclamado; (3) Adicionalmente, deberá pronunciarse respecto de los siguientes puntos: (i) el riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real, (ii) la necesidad de investigar y posibilidad de colusión que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial bajo un peligro efectivo, (iii) la viabilidad de presión o riesgo sobre los testigos, (iv) la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, (v) el ejercicio efectivo del derecho de defensa, y (vi) la eventualidad apoyada en datos de riesgo con los elementos de convicción aportados por la Representación Social; (4) Todo ello, para establecer el estándar internacional reconocido por el Estado mexicano, consistente en el test de dilaciones indebidas, que abarca los siguientes factores: (I) la complejidad del caso, (II) la actividad procesal del interesado y, (III) la conducta de la autoridad judicial, así como de otras que incidan en el proceso, particularmente el destacado en el punto (II), que se relaciona con el ejercicio de la adecuada defensa y que constituye el supuesto compatible con el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal que consagra la excepción que justifica la prolongación de la prisión preventiva más allá del plazo constitucional, dentro del cual deberá destacar que la concesión del amparo decretado en el Amparo Directo 200/2017, fue precisamente para escudriñar sobre las pruebas de la defensa; y (5) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción provea sobre la prolongación o no de la prisión preventiva oficiosa al imputado José Juan Hernández Tecruceño." Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, Estado de México. Ahora bien, el Juez de Control Especializado en Delitos de Género con competencia ampliada conforme acuerdo del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el Distrito Judicial de Lerma, México, mediante oficio 1830, en cumplimiento dado al fallo protector, celebró audiencia el diez de julio del año en curso, en la carpeta administrativa 40/2015 y en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; determinó lo siguiente Dejó insubsistente la decisión adoptada en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 40/2015 de su índice y, en su lugar, emitió una nueva en la que: Reiteró los motivos por los que decretó la prisión preventiva oficiosa, toda vez que los delitos que se le imputaban al acusado son considerados graves, de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 194 inciso a), fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado pero aplicable al presente asunto (a partir del minutos 13:55). Se pronunció respecto los siguientes puntos: El riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real: la responsable determinó que no existía referencia ni dato de prueba que permitiera establecer riesgo de comisión de nuevos delitos por parte del acusado José Juan Hernández Tecruceño. La necesidad de investigar y posibilidad de colusión que deben evaluarse en asunto donde el acusado que impedir el curso normal del proceso judicial bajo un peligro efectivo: La autoridad resolvió que no contaba con bases objetivas para determinar la necesidad de investigar y posibilidad de colusión donde el quejoso pueda impedir el curso normal del proceso (a partir del minuto 28:30); sin embargo, se consideró que ello no es suficiente para no imponer la prisión preventiva oficiosa al quejoso, incluso explicó la razones por las que se consideró que no se vulnera el principio de presunción de inocencia. La viabilidad de presión o riesgo sobre los testigos: Resolvió que no existía referencia o elementos donde el imputado José Juan Hernández Tecruceño utilice actos de presión a testigos; sin embargo los padres de la víctima tuvieron que cambiar de domicilio por temor a las represalias (a partir del minuto 32:10). La debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: La autoridad responsable tomó en consideración tres aspectos, a saber, (I) la complejidad del asunto, (II) la actividad procesal del acusado y, (III) la conducta de la autoridad judicial, así como de otras que incidan en el proceso (a partir del minuto 33.12). Explicó los puntos, describió las fechas de las diligencias que se desahogaron para justificar su actuación así como el curso de cada una. El ejercicio efectivo del derecho de defensa. El quejoso con asistencia de su abogado defensor ejercieron un efectivo derecho de defensa durante el desarrollo del procedimiento desde su detención el 11/02/2015 al 08/06/2017 donde se dictó sentencia absolutoria y del 05/10/2018 al 10/07/2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado b) fracción IV de la Carta Magna, el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos denominado Pacto de San José de Costa Rica, así como lo establecido en el artículo 153 fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado (a partir del minuto 53:22). La eventualidad apoyada en datos de riesgo con los elementos de convicción aportados por la Representación Social: El ministerio público no aportó elementos de convicción que permitieran establecer la eventualidad apoyada en datos de riesgo, sin embargo al ser prisión preventiva oficiosa la autoridad responsable tomó en cuenta la gravedad del delito y del acto impacto que representa el delito de feminicidio que se atribuye al hoy acusado, (a partir 59:12). 4) (a partir del minuto 1:04:50) Consistente en el test de dilaciones indebidas (I) la autoridad responsable justifica su actuar debido a la complejidad del asunto, ya que existían dos procesados, diversos hechos que se imputaban al acusado (violación y feminicidio) y las pruebas que aportaron las partes; (II) El quejoso con asistencia de su abogado defensor ejercieron un efectivo derecho de defensa durante el desarrollo del procedimiento desde su detención el 11/02/2015 al 08/06/2017 donde se dictó sentencia absolutoria y del 05/10/2018 al 10/07/2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado b) fracción IV de la Carta Magna, el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos denominado Pacto de San José de Costa Rica, así como lo establecido en el artículo 153 fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado (a partir del minuto 1:14:30); (III) La autoridad responsable ha sido diligente al actuar de modo oportuno, propositivo y evitando que se perdieran elementos probatorios por el paso del tiempo, actuado de acuerdo a los términos legales establecidos (a partir del minuto 1:18:00). 5) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción determinó lo siguiente: "en términos de lo que establecen los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 194 inciso a) fracción I del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado pero aplicable al presente asunto, se IMPONE AL ACUSADO JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ TECRUCEÑO, la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, la cual tendrá una vigencia por todo el tiempo que dure la etapa de juicio o hasta que se dicte sentencia". Consecuentemente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable -respecto de aquellos aspectos en los que se dejó plenitud de jurisdicción para resolver-, se considera que la ejecutoria de amparo está totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la tesis 2a.XCVI/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, Tomo I, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004994, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese.
- Principal
SE LISTA AVISO DE LA QUEJOSA Toluca, Estado de México; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo para que las partes realizaran manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hicieran uso de ese derecho. Por tanto, en términos de los artículos 17, párrafo segundo y 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, párrafo primero, 196, párrafo segundo y tercero, y 214 de la de la ley de la materia, procede analizar si de acuerdo con las constancias que obran en este asunto, la sentencia de amparo se encuentra puntual y totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 60), este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "Único. La Justicia de la Unión Ampara y protege a José Juan Hernández Tecruceño, contra el acto reclamado y autoridad invocados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Inconforme con esa determinación, la parte tercero interesada interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Con las precisiones hechas en este ejecutoria, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Juan Hernández Tecruceño contra los actos, autoridades y PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE FINAL DEL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTE VEREDICTO CONSTITUCIONAL." "(1) La autoridad responsable Juez de Control Especializado en Violencia de Género en Lerma, Estado de México, deje insubsistente la decisión adoptada en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 40/2015 de su índice y, en su lugar, emita una nueva determinación en la que proceda del siguiente modo: (2) Al resolver sobre la medida de prisión preventiva oficiosa solicitada por el Ministerio Público y los Asesores de la parte ofendida, deberá reiterar los factores que tomó en consideración dentro del acto reclamado; (3) Adicionalmente, deberá pronunciarse respecto de los siguientes puntos: (i) el riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real, (ii) la necesidad de investigar y posibilidad de colusión que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial bajo un peligro efectivo, (iii) la viabilidad de presión o riesgo sobre los testigos, (iv) la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, (v) el ejercicio efectivo del derecho de defensa, y (vi) la eventualidad apoyada en datos de riesgo con los elementos de convicción aportados por la Representación Social; (4) Todo ello, para establecer el estándar internacional reconocido por el Estado mexicano, consistente en el test de dilaciones indebidas, que abarca los siguientes factores: (I) la complejidad del caso, (II) la actividad procesal del interesado y, (III) la conducta de la autoridad judicial, así como de otras que incidan en el proceso, particularmente el destacado en el punto (II), que se relaciona con el ejercicio de la adecuada defensa y que constituye el supuesto compatible con el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución Federal que consagra la excepción que justifica la prolongación de la prisión preventiva más allá del plazo constitucional, dentro del cual deberá destacar que la concesión del amparo decretado en el Amparo Directo 200/2017, fue precisamente para escudriñar sobre las pruebas de la defensa; y (5) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción provea sobre la prolongación o no de la prisión preventiva oficiosa al imputado José Juan Hernández Tecruceño." Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, Estado de México. Ahora bien, el Juez de Control Especializado en Delitos de Género con competencia ampliada conforme acuerdo del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el Distrito Judicial de Lerma, México, mediante oficio 1830, en cumplimiento dado al fallo protector, celebró audiencia el diez de julio del año en curso, en la carpeta administrativa 40/2015 y en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; determinó lo siguiente Dejó insubsistente la decisión adoptada en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 40/2015 de su índice y, en su lugar, emitió una nueva en la que: Reiteró los motivos por los que decretó la prisión preventiva oficiosa, toda vez que los delitos que se le imputaban al acusado son considerados graves, de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 194 inciso a), fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado pero aplicable al presente asunto (a partir del minutos 13:55). Se pronunció respecto los siguientes puntos: El riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real: la responsable determinó que no existía referencia ni dato de prueba que permitiera establecer riesgo de comisión de nuevos delitos por parte del acusado José Juan Hernández Tecruceño. La necesidad de investigar y posibilidad de colusión que deben evaluarse en asunto donde el acusado que impedir el curso normal del proceso judicial bajo un peligro efectivo: La autoridad resolvió que no contaba con bases objetivas para determinar la necesidad de investigar y posibilidad de colusión donde el quejoso pueda impedir el curso normal del proceso (a partir del minuto 28:30); sin embargo, se consideró que ello no es suficiente para no imponer la prisión preventiva oficiosa al quejoso, incluso explicó la razones por las que se consideró que no se vulnera el principio de presunción de inocencia. La viabilidad de presión o riesgo sobre los testigos: Resolvió que no existía referencia o elementos donde el imputado José Juan Hernández Tecruceño utilice actos de presión a testigos; sin embargo los padres de la víctima tuvieron que cambiar de domicilio por temor a las represalias (a partir del minuto 32:10). La debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: La autoridad responsable tomó en consideración tres aspectos, a saber, (I) la complejidad del asunto, (II) la actividad procesal del acusado y, (III) la conducta de la autoridad judicial, así como de otras que incidan en el proceso (a partir del minuto 33.12). Explicó los puntos, describió las fechas de las diligencias que se desahogaron para justificar su actuación así como el curso de cada una. El ejercicio efectivo del derecho de defensa. El quejoso con asistencia de su abogado defensor ejercieron un efectivo derecho de defensa durante el desarrollo del procedimiento desde su detención el 11/02/2015 al 08/06/2017 donde se dictó sentencia absolutoria y del 05/10/2018 al 10/07/2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado b) fracción IV de la Carta Magna, el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos denominado Pacto de San José de Costa Rica, así como lo establecido en el artículo 153 fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado (a partir del minuto 53:22). La eventualidad apoyada en datos de riesgo con los elementos de convicción aportados por la Representación Social: El ministerio público no aportó elementos de convicción que permitieran establecer la eventualidad apoyada en datos de riesgo, sin embargo al ser prisión preventiva oficiosa la autoridad responsable tomó en cuenta la gravedad del delito y del acto impacto que representa el delito de feminicidio que se atribuye al hoy acusado, (a partir 59:12). 4) (a partir del minuto 1:04:50) Consistente en el test de dilaciones indebidas (I) la autoridad responsable justifica su actuar debido a la complejidad del asunto, ya que existían dos procesados, diversos hechos que se imputaban al acusado (violación y feminicidio) y las pruebas que aportaron las partes; (II) El quejoso con asistencia de su abogado defensor ejercieron un efectivo derecho de defensa durante el desarrollo del procedimiento desde su detención el 11/02/2015 al 08/06/2017 donde se dictó sentencia absolutoria y del 05/10/2018 al 10/07/2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado b) fracción IV de la Carta Magna, el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos denominado Pacto de San José de Costa Rica, así como lo establecido en el artículo 153 fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado (a partir del minuto 1:14:30); (III) La autoridad responsable ha sido diligente al actuar de modo oportuno, propositivo y evitando que se perdieran elementos probatorios por el paso del tiempo, actuado de acuerdo a los términos legales establecidos (a partir del minuto 1:18:00). 5) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción determinó lo siguiente: "en términos de lo que establecen los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 194 inciso a) fracción I del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado pero aplicable al presente asunto, se IMPONE AL ACUSADO JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ TECRUCEÑO, la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, la cual tendrá una vigencia por todo el tiempo que dure la etapa de juicio o hasta que se dicte sentencia". Consecuentemente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable -respecto de aquellos aspectos en los que se dejó plenitud de jurisdicción para resolver-, se considera que la ejecutoria de amparo está totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la tesis 2a.XCVI/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, Tomo I, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004994, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Por recibida la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la tercera interesada Lorena Gutiérrez Rangel o autorizados, el proveído de quince de julio del año en curso, por los motivos expuestos. A dicha razón se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, por tratarse de la actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Sobre el particular se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia marcada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario". En ese orden, se comisiona nuevamente al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio Calle Aldama, número 1321, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, con la finalidad de que notifique a la parte tercero interesada el proveído de quince de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese.
Quedan 24 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Jose Juan Hernandez Segura1324/2023
- José Juan Hernández Tecruceño176/2021
- José Juan Hernandez Tecruceño848/2019
- José Juan Hernandez Tecruceño969/2019
- José Juan Hernández Tecruceño1526/2019
- José Juan Hernández Tecruceño1067/2019
- José Juan Hernandez Tecruceño882/2017
- José Juan Hernandez Tecruceño326/2015
- José Juan Hernández Tecruceño179/2021
- José Juan Laureano Tejada503/2018
- Jose Juan Martinez Cruz921/2021
- José Juan Mateos Fernández813/2016