José Juan Hernandez Gonzalez
Expediente 1506/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 33 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1506/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 18/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Juan Hernandez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por ..... mediante el cual acusa recibo del oficio ..... por el que se le devolvió dos discos versátiles digitales........de la causa penal 27/2016 de su índice; de lo anterior tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE DIEZ DE JULIO DEL PRESENTE AÑO POR EL QUE SE TUVO POR CUMPLIDA LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES; SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO...EN RAZÓN DE LO ANTERIOR...DEVUELVASE AL JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN CUATRO DE EMILIANO ZAPATA, DOS DISCOS VERSATILES COMPACTOS...SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO...APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA POR RECIBIDO...Y EL ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DEPURACION...LA INFORMACION ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la responsable Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 155 a la 197), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Juan Hernández González, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas en el párrafo inmediato anterior, para los efectos siguientes... Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016, de su índice. Ordenar reponer el procedimiento en la audiencia inicial, a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención por las razones expuestas en esta sentencia. En ese orden, sin dejar insubsistente la medida cautelar decretada -prisión preventiva- y dentro del plazo constitucional ampliado, deberá adoptar las medidas necesarias para que, previo a la formulación de la imputación de la Fiscalía, se cumpla con lo establecido en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se allegue del peritaje médico correspondiente a fin de determinar si el imputado se ubica en alguno de los supuestos a que alude dicho numeral. En la inteligencia que, la responsable podrá, -si así lo estima pertinente-, adecuar la medida cautelar aludida en los términos y condiciones que sean razonables e idóneos para llevar a cabo los peritajes a que hace referencia el numeral invocado. Hecho lo anterior, dentro del término constitucional ampliado, deberá señalar fecha y hora para que en audiencia pública se proceda a la formulación de la imputación por parte del Representante Social, en cuyo caso, de existir opinión técnica de la insana salud mental del imputado, procederá a implementar en todo momento los ajustes razonables que estime pertinentes para lograr el real y efectivo acceso a la justicia del quejoso José Juan Hernández González; realizado lo que antecede, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica en la que debe quedar el agraviado de mérito. ." Firmeza de la Sentencia La resolución constitucional que se analiza, causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lo que se le requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma (fojas 256 y 257). Acto de la autoridad en relación con el cumplimiento En cumplimiento a la ejecutoria en comento, el Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, entre otras constancias remitió copia certificada de la valoración psicológica realizada al imputado aquí quejoso Juan José Hernández González, dos discos versátiles certificados que contienen la audiencia de formulación de imputación de doce de junio actual y el auto de vinculación a proceso de quince siguiente, dictados en la causa penal 27/2016 de su índice (fojas 285 a la 305 y 312); las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el cumplimiento. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 313), se ordenó dar vista al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la responsable, apercibido que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis Evaluativo En tales circunstancias, en la siguiente tabla se muestra como la autoridad responsable acató los lineamientos antes transcritos. EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ".Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016, de su índice. La autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en estos autos, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 262 a la 263) dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016 de su índice. 2. Ordenar reponer el procedimiento en la audiencia inicial, a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención por las razones expuestas en esta sentencia. Asimismo, en el acuerdo aludido ordenó reponer el procedimiento en la audiencia inicial a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención. 3. En ese orden, sin dejar insubsistente la medida cautelar decretada -prisión preventiva- y dentro del plazo constitucional ampliado, deberá adoptar las medidas necesarias para que, previo a la formulación de la imputación de la Fiscalía, se cumpla con lo establecido en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se allegue del peritaje médico correspondiente a fin de determinar si el imputado se ubica en alguno de los supuestos a que alude dicho numeral. En la inteligencia que, la responsable podrá, -si así lo estima pertinente-, adecuar la medida cautelar aludida en los términos y condiciones que sean razonables e idóneos para llevar a cabo los peritajes a que hace referencia el numeral invocado. Respecto a este lineamiento, dejó intocada la fase de control de la detención, sin dejar insubsistente le medida cautelar decretada contra el imputado, aquí quejoso (prisión preventiva). Por otro lado, con fundamento en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó girar oficio al Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, a fin de que en el plazo de cuarenta y ocho horas, designara de manera urgente al especialista que valorara al imputado, aquí quejoso. En ese sentido, mediante oficio 1988/2017, de treinta y uno de mayo de los cursantes, el juez responsable remitió, entre otras cosa, la valoración psiquiátrica del quejoso, emitida por el Daniel Esteban Altamirano Azamar, médico psiquiatra adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, quien concluyó que el imputado no impresiona padecer una enfermedad mental, que da la impresión de estar mintiendo, recomendado dicho galeno la práctica de pruebas psicométricas de personalidad (foja 276). Por lo que, posteriormente el juez responsable se allegó del diverso dictamen en materia de psicología, signado por Manuel Marcelino Reyes Garcés, psicólogo clínico y forense, quien determinó que el aquí quejoso presenta un trastorno de inestabilidad emocional, con inmadurez emocional, dependencia afectiva, con una capacidad intelectual natural, en un intervalo de deficiente a limítrofe, con tendencia al negativismo y simulación (fojas 288 a 303). Por lo que con ello, se cumplió a cabalidad en este apartado la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, toda vez que la responsable ordenó la práctica de los dictámenes psiquiátricos y psicológicos correspondientes, mismos que fueron realizados por médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, de los cuales se advierte que si bien se diagnosticó al aquí quejoso con un trastorno de inestabilidad emocional, lo cierto es que, de los mismos también se desprende que el imputado no padece ninguna enfermedad mental y que además como dato preponderante que el agraviado da la impresión de mentir. De ahí que, con lo anteriormente precisado queda cumplida la sentencia de amparo, respecto del lineamiento aquí analizado, pues es evidente que se practicaron los dictámenes médicos al aquí quejoso, los cuales fueron contundentes para determinar que no padece ningún tipo de afectación mental. 4. Hecho lo anterior, dentro del término constitucional ampliado, deberá señalar fecha y hora para que en audiencia pública se proceda a la formulación de la imputación por parte del Representante Social, en cuyo caso, de existir opinión técnica de la insana salud mental del imputado, procederá a implementar en todo momento los ajustes razonables que estime pertinentes para lograr el real y efectivo acceso a la justicia del quejoso José Juan Hernández González; realizado lo que antecede, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica en la que debe quedar el agraviado de mérito. En relación a este punto de concesión de amparo, cabe destacar que por oficio 2068/2017 de ocho de junio del año en curso, la responsable informó que en razón de que ya contaba con la valoración psicológica aludida en el párrafo precedente, señaló las doce horas con treinta minutos del doce de junio del presente año para la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso (foja 286) Posteriormente, por diverso comunicado 151/2017 de doce de junio actual (foja 305), la responsable remitió la audiencia de formulación de imputación contenida en un disco versátil debidamente certificado, desahogada a las doce horas con treinta minutos, en la que el quejoso solicitó la ampliación del término para resolver su situación jurídica, señalándose las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil diecisiete, para tal efecto. En esas condiciones, mediante diverso comunicado 2187/2017 de veintitrés de junio de los cursantes, remitió un disco versátil que contiene el auto de vinculación a proceso de quince de junio actual, en la que procedió a reclasificar el delito por el que anteriormente se había vinculado a proceso al aquí quejoso -homicidio calificado en grado de tentativa- con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Procediendo a dictar auto de vinculación a proceso al aquí quejoso José Juan Hernández González, por su probable participación en el hecho que la ley establece como el delito de delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Vidaura de la Cruz Cambrano. En consecuencia, se advierte que la responsable procedió a reclasificar el delito por el que en un principio se vinculó a proceso al aquí quejoso -homicidio calificado en grado de tentativa- y el quince de junio actual procedió a dictar auto de vinculación a proceso por su probable participación en el hecho que la ley establece como el delito de delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Vidaura de la Cruz Cambrano, bajo las condiciones de tiempo modo y lugar, demostrada con los datos de prueba que valoró para arribar a la determinación alcanzada. Sin que ello signifique que tal reclasificación, perjudica la situación jurídica del quejoso, toda vez que las penas que en su caso se llegue a imponer en contra del mismo por el delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 de la citada legislación local, son menores a las previstas para el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por el cual inicialmente se le vinculó a proceso, ya que dicho ilícito (feminicidio en grado de tentativa acabada), para los efectos de la sanción a imponer, el juez responsable lo relacionó con el diverso numeral 110 del código punitivo estatal que prevé una penalidad de ocho a veinte años de prisión; en tanto que, las penas para el delito de homicidio calificado van de los veinte a los cincuenta años de prisión; razón por la cual, aun ante la reclasificación del delito realizada por el juez responsable, el lineamiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sí quedo cumplido en sus términos. Las razones expuestas, conllevan a este juzgador declarar que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa,
- Principal
...NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE 10/07/2017....Villahermosa, Tabasco; diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la responsable Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 155 a la 197), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Juan Hernández González, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas en el párrafo inmediato anterior, para los efectos siguientes... Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016, de su índice. Ordenar reponer el procedimiento en la audiencia inicial, a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención por las razones expuestas en esta sentencia. En ese orden, sin dejar insubsistente la medida cautelar decretada -prisión preventiva- y dentro del plazo constitucional ampliado, deberá adoptar las medidas necesarias para que, previo a la formulación de la imputación de la Fiscalía, se cumpla con lo establecido en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se allegue del peritaje médico correspondiente a fin de determinar si el imputado se ubica en alguno de los supuestos a que alude dicho numeral. En la inteligencia que, la responsable podrá, -si así lo estima pertinente-, adecuar la medida cautelar aludida en los términos y condiciones que sean razonables e idóneos para llevar a cabo los peritajes a que hace referencia el numeral invocado. Hecho lo anterior, dentro del término constitucional ampliado, deberá señalar fecha y hora para que en audiencia pública se proceda a la formulación de la imputación por parte del Representante Social, en cuyo caso, de existir opinión técnica de la insana salud mental del imputado, procederá a implementar en todo momento los ajustes razonables que estime pertinentes para lograr el real y efectivo acceso a la justicia del quejoso José Juan Hernández González; realizado lo que antecede, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica en la que debe quedar el agraviado de mérito. ." Firmeza de la Sentencia La resolución constitucional que se analiza, causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lo que se le requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma (fojas 256 y 257). Acto de la autoridad en relación con el cumplimiento En cumplimiento a la ejecutoria en comento, el Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, entre otras constancias remitió copia certificada de la valoración psicológica realizada al imputado aquí quejoso Juan José Hernández González, dos discos versátiles certificados que contienen la audiencia de formulación de imputación de doce de junio actual y el auto de vinculación a proceso de quince siguiente, dictados en la causa penal 27/2016 de su índice (fojas 285 a la 305 y 312); las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el cumplimiento. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 313), se ordenó dar vista al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la responsable, apercibido que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis Evaluativo En tales circunstancias, en la siguiente tabla se muestra como la autoridad responsable acató los lineamientos antes transcritos. EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ".Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016, de su índice. La autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en estos autos, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 262 a la 263) dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 27/2016 de su índice. 2. Ordenar reponer el procedimiento en la audiencia inicial, a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención por las razones expuestas en esta sentencia. Asimismo, en el acuerdo aludido ordenó reponer el procedimiento en la audiencia inicial a partir de la etapa de formulación de la imputación, dejando intocada la fase de control de la detención. 3. En ese orden, sin dejar insubsistente la medida cautelar decretada -prisión preventiva- y dentro del plazo constitucional ampliado, deberá adoptar las medidas necesarias para que, previo a la formulación de la imputación de la Fiscalía, se cumpla con lo establecido en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se allegue del peritaje médico correspondiente a fin de determinar si el imputado se ubica en alguno de los supuestos a que alude dicho numeral. En la inteligencia que, la responsable podrá, -si así lo estima pertinente-, adecuar la medida cautelar aludida en los términos y condiciones que sean razonables e idóneos para llevar a cabo los peritajes a que hace referencia el numeral invocado. Respecto a este lineamiento, dejó intocada la fase de control de la detención, sin dejar insubsistente le medida cautelar decretada contra el imputado, aquí quejoso (prisión preventiva). Por otro lado, con fundamento en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó girar oficio al Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, a fin de que en el plazo de cuarenta y ocho horas, designara de manera urgente al especialista que valorara al imputado, aquí quejoso. En ese sentido, mediante oficio 1988/2017, de treinta y uno de mayo de los cursantes, el juez responsable remitió, entre otras cosa, la valoración psiquiátrica del quejoso, emitida por el Daniel Esteban Altamirano Azamar, médico psiquiatra adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, quien concluyó que el imputado no impresiona padecer una enfermedad mental, que da la impresión de estar mintiendo, recomendado dicho galeno la práctica de pruebas psicométricas de personalidad (foja 276). Por lo que, posteriormente el juez responsable se allegó del diverso dictamen en materia de psicología, signado por Manuel Marcelino Reyes Garcés, psicólogo clínico y forense, quien determinó que el aquí quejoso presenta un trastorno de inestabilidad emocional, con inmadurez emocional, dependencia afectiva, con una capacidad intelectual natural, en un intervalo de deficiente a limítrofe, con tendencia al negativismo y simulación (fojas 288 a 303). Por lo que con ello, se cumplió a cabalidad en este apartado la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, toda vez que la responsable ordenó la práctica de los dictámenes psiquiátricos y psicológicos correspondientes, mismos que fueron realizados por médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, residente en esta ciudad, de los cuales se advierte que si bien se diagnosticó al aquí quejoso con un trastorno de inestabilidad emocional, lo cierto es que, de los mismos también se desprende que el imputado no padece ninguna enfermedad mental y que además como dato preponderante que el agraviado da la impresión de mentir. De ahí que, con lo anteriormente precisado queda cumplida la sentencia de amparo, respecto del lineamiento aquí analizado, pues es evidente que se practicaron los dictámenes médicos al aquí quejoso, los cuales fueron contundentes para determinar que no padece ningún tipo de afectación mental. 4. Hecho lo anterior, dentro del término constitucional ampliado, deberá señalar fecha y hora para que en audiencia pública se proceda a la formulación de la imputación por parte del Representante Social, en cuyo caso, de existir opinión técnica de la insana salud mental del imputado, procederá a implementar en todo momento los ajustes razonables que estime pertinentes para lograr el real y efectivo acceso a la justicia del quejoso José Juan Hernández González; realizado lo que antecede, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica en la que debe quedar el agraviado de mérito. En relación a este punto de concesión de amparo, cabe destacar que por oficio 2068/2017 de ocho de junio del año en curso, la responsable informó que en razón de que ya contaba con la valoración psicológica aludida en el párrafo precedente, señaló las doce horas con treinta minutos del doce de junio del presente año para la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso (foja 286) Posteriormente, por diverso comunicado 151/2017 de doce de junio actual (foja 305), la responsable remitió la audiencia de formulación de imputación contenida en un disco versátil debidamente certificado, desahogada a las doce horas con treinta minutos, en la que el quejoso solicitó la ampliación del término para resolver su situación jurídica, señalándose las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil diecisiete, para tal efecto. En esas condiciones, mediante diverso comunicado 2187/2017 de veintitrés de junio de los cursantes, remitió un disco versátil que contiene el auto de vinculación a proceso de quince de junio actual, en la que procedió a reclasificar el delito por el que anteriormente se había vinculado a proceso al aquí quejoso -homicidio calificado en grado de tentativa- con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Procediendo a dictar auto de vinculación a proceso al aquí quejoso José Juan Hernández González, por su probable participación en el hecho que la ley establece como el delito de delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Vidaura de la Cruz Cambrano. En consecuencia, se advierte que la responsable procedió a reclasificar el delito por el que en un principio se vinculó a proceso al aquí quejoso -homicidio calificado en grado de tentativa- y el quince de junio actual procedió a dictar auto de vinculación a proceso por su probable participación en el hecho que la ley establece como el delito de delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima Vidaura de la Cruz Cambrano, bajo las condiciones de tiempo modo y lugar, demostrada con los datos de prueba que valoró para arribar a la determinación alcanzada. Sin que ello signifique que tal reclasificación, perjudica la situación jurídica del quejoso, toda vez que las penas que en su caso se llegue a imponer en contra del mismo por el delito de feminicidio en grado de tentativa acabada, contemplado en los artículos 115 Bis, fracción I, con relación con al 110 y 11 fracción I y 67 de la citada legislación local, son menores a las previstas para el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por el cual inicialmente se le vinculó a proceso, ya que dicho ilícito (feminicidio en grado de tentativa acabada), para los efectos de la sanción a imponer, el juez responsable lo relacionó con el diverso numeral 110 del código punitivo estatal que prevé una penalidad de ocho a veinte años de prisión; en tanto que, las penas para el delito de homicidio calificado van de los veinte a los cincuenta años de prisión; razón por la cual, aun ante la reclasificación del delito realizada por el juez responsable, el lineamiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sí quedo cumplido en sus términos. Las razones expuestas, conllevan a este juzgador declarar que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa,
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