José Juan Hernández Colin
Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Juan Hernández Colin
- JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ COLIN y Otros.
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, con el que remite copias certificadas del juicio de amparo en el que se actúa y del testimonio de la ejecutoria dictada el diecinueve de agosto del año en curso en el recurso de queja Q.C. 120/2021, en la cual declaró infundado dicho medio de impugnación; infórmese su recepción. Glósese el cuaderno de antecedentes formado por la remisión del expediente al órgano jurisdiccional oficiante, sin agregar constancias repetidas para no engrosar innecesariamente el expediente. III.- Orden de archivo. archívese este asunto como total y definitivamente concluido. IV.- Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. V.- Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. VI.- Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que comunica la recepción del expediente del juicio de amparo en que se actúa, original y copia del escrito de agravios y copia del expediente en que se actúa, a efecto de substanciar el recurso de queja promovido por los peticionarios José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, el cual quedó registrado bajo el número Q.C. 120/2021-V, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Subdirector de Atención a autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores, quienes dan cumplimiento al requerimiento formulado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y al efecto informan que no localizaron registro alguno a nombre de la tercera interesada Adriana Montoya Velázquez. Al respecto, deviene innecesario proveer respecto de su contenido, pues el siete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio de cuenta por primera ocasión y se acordó lo conducente.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 421/2021-I. Del contenido de la demanda, se desprende que los promoventes, reclaman: "A) De la autoridad ordenadora señalo el emplazamiento practicado a cada uno de los quejosos y todas las subsecuentes actuaciones judiciales realizadas dentro del expediente relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1055, en contra de JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ COLlN y MARÍA DEL PILAR QUINTERO TABARES, bajo el número de expediente 1530/2015. B) De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo cualquier acto de ejecución de sentencia que pretendan llevar acabo derivado del expediente relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1055, en contra de JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ COLIN y MARÍA DEL PILAR QUINTERO TABARES, radicado mediante el número de expediente 1530/2015". Con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se invoca como hecho notorio, la existencia del diverso juicio de amparo 1072/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra autoridad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 74/2006 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 24/2005, publicada en la página 963, Tomo XXIII, junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con registro 174899, que a la letra señala: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". También, sirve de apoyo, la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Ahora bien, del contenido del diverso juicio de amparo 1071/2017, del índice de juzgado, promovido por José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, se advierte lo siguiente: -Los actos reclamados consistieron en el emplazamiento practicado en el juicio oral mercantil 1530/2015, promovido por Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada, la cual, representa a la accionante Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de fuente de pago y garantía, identificado con el número 1055, contra los peticionarios, ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con sede en Ixtapaluca, Estado de México, así como todo lo actuado en ese juicio. -El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, donde se concedió el amparo a la parte quejosa, para que el juez responsable: I. Dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 1530/2015, de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento. II. Ordenara el emplazamiento a juicio de José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, observando las reglas establecidas por la ley, para tal efecto. III. Continuara la secuela procedimental del juicio natural conforme a derecho procediera. -Por auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en dicho asunto. -Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la responsable informó que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 1530/2015, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada el ocho de diciembre de dos mil quince, incluso la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil dieciséis, e interlocutoria de treinta de marzo de dos mil diecisiete. -Posteriormente, mediante oficio que se tuvo por recibido el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la responsable dio a conocer que en acuerdo de diecisiete de ese mes y anualidad, turnó las actuaciones a la notificadora de la adscripción, para que procediera a llevar a cabo el emplazamiento ordenado. -Por su parte, a través de misivas acordadas los días siete de agosto de dos mil dieciocho y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable remitió constancias con las que acreditó que el emplazamiento de la quejosa María del Pilar Quintero Tabares, se llevó a cabo el tres de agosto de dos mil dieciocho y, respecto de José Juan Hernández Colín, en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por efectuado el emplazamiento por medio de edictos. -Mediante proveído dictado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1071/2017, este Juzgado de Distrito dio vista a los quejosos con el cumplimiento que hizo la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada; habiéndose efectuado dicha notificación por lista. -Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, declarándose firme en diverso auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve; proveídos los cuales también se notificaron por lista a la parte quejosa. El Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que, deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicable, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Página: 198 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis de los actos reclamados y sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías que nos ocupa es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. Los aludidos preceptos disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". De los citados preceptos se desprende que el juicio de garantías procede contra actos que afecten a personas extrañas al procedimiento de origen; y por el contrario, es improcedente cuando lo promueve en la vía indirecta quien se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento, mediante diverso juicio de amparo. Luego, para determinar si la peticionaria del amparo tiene o no la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación, debe precisarse lo que se entiende por dicha figura. Así, el concepto de tercero extraño se entiende de manera general como aquella persona que no figura como parte formal y material en la controversia, pero que resiente un perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten por la autoridad que conoce y resuelve. Asimismo, se le equipara a dicha figura, a quien habiendo sido parte formal y material en el juicio, no fue llamado o se le llamó de manera incorrecta. De tal suerte, la posición de dicho demandado es equiparable a la del tercero extraño a juicio, en tanto que la falta o la ilegalidad del emplazamiento le ha impedido conocer oportunamente el proceso seguido en su contra y, por tanto, estar en aptitud de ser oído en defensa de sus intereses. Sirve de apoyo la jurisprudencia 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, tomo VII, enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la circunstancia de que el agraviado comparezca al procedimiento de origen, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña a juicio. Esto es así porque en tales condiciones, el justiciable queda en posibilidad de defenderse dentro del proceso y, en su caso, de promover amparo directo en contra de la resolución definitiva, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales que considere haber resentido. Por tanto, si el agraviado se ostenta con el carácter de tercero ajeno a juicio a pesar de haberse apersonado a éste durante su substanciación, lo procedente es decretar la improcedencia del juicio, con fundamento en los preceptos previamente transcritos. Con base en lo expuesto, es posible llegar a la convicción de que los quejosos José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, no les recae la calidad de tercero extraño por equiparación. En efecto, si bien la quejosa refiere acudir a la instancia constitucional reclamando "el emplazamiento" al juicio oral mercantil número 1530/2015, lo cierto es que existe el diverso juicio de amparo 1072/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por los mismos impetrantes José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra autoridad, En dicho juicio los impetrantes señalaron como actos reclamado, igualmente el emplazamiento practicado en el juicio oral mercantil 1530/2015, promovido por Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada, la cual, representa a la accionante Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de fuente de pago y garantía, identificado con el número 1055, contra los peticionarios, ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con sede en Ixtapaluca, Estado de México, así como todo lo actuado en ese juicio. En el cual el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, donde se concedió el amparo a la parte quejosa, para que el juez responsable: I. Dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio oral mercantil 1530/2015, de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento. II. Ordenara el emplazamiento a juicio de José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, observando las reglas establecidas por la ley, para tal efecto. III. Continuara la secuela procedimental del juicio natural conforme a derecho procediera. En esas condiciones no es dable jurídicamente tener a los quejosos como terceros extraños por equiparación. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia Suprema Justicia de la Nación siguiente: Registro digital: 2017849 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 20/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 332 Tipo: Jurisprudencia "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión". Por lo que, del antecedente con el que cuenta este órgano jurisdiccional, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, previo al dictado de la sentencia respectiva; por tanto resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de personas que tuvieron conocimiento del juicio natural y que por tanto, tienen la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, con lo que no se da la hipótesis de procedencia del juicio de garantías que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Por tanto, la hoy quejosa no podría ser considerada como un tercero extraño por equiparación en el juicio de origen. Ello es así, ya que el motivo por el cual se podrían ver afectados los derechos fundamentales de la parte quejosa, sería porque no se le dio oportunidad de hacer valer sus defensas en el juicio tramitado en su contra; lo que en la especie no aconteció, pues como se dijo, expresamente la aquí quejosa promovió diverso juicio de amparo por los actos que aquí reclama donde se le concedió la protección constitucional para el fin de que se lograra su emplazamiento Entonces, al ser parte, la directa promovente, en el juicio oral mercantil de origen, en un procedimiento que no ha concluido, es evidente que pueden hacer valer los medios de defensa conducentes para combatir el emplazamiento y los actos de ejecución que reclama; y por tanto, no les recae el carácter de persona extraña. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro XXIII, Agosto de 2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO" CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicionatural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio ; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, y además, con fundamento en el diverso artículo 113 de la propia legislación, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de amparo promovido por José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, en contra de los actos reclamados al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra autoridad. Causal de improcedencia que se actualiza de forma manifiesta e indudable, en virtud de la existencia del diverso juicio de amparo 1071/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por José Juan Hernández Colín y María del Pilar Quintero Tabares, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra autoridad. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se ordena la práctica de las subsecuentes notificaciones por lista, aún las de carácter personal. Empero, atendiendo la naturaleza del presente proveído, se faculta al actuario adscrito para que se notifique el presente auto personalmente a la parte quejosa, en el domicilio que señaló para tal efecto. Por otro lado, se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona el promovente, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.
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