Jose Juan Gutierrez Salas
Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jose Juan Gutierrez Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Eduardo Ixba Mena en representación de José Juan Gutiérrez Salinas, contra el acto que reclama consistente en la omisión de dar respuesta a la petición del quejoso presentada ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual solicitó que dictara el auto de requerimiento de pago y/o embargo respecto el laudo de doce de septiembre de dos mil dieciocho. La autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; no obstante, manifiesta que en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno dictó acuerdo respecto a la solicitud planteada por la parte quejosa, lo cual notificó el cuatro de agosto siguiente a la parte actora; como se advierte de las documentales que en copia certificada acompaña al oficio que se provee, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien el treinta de junio de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad no había acordado respecto la promoción presentada por la parte quejosa en el expediente laboral 01/1058/14-IV; lo cierto es, que el dos de agosto de dos mil veintiuno, emitió el acuerdo respectivo, y se notificó a la parte quejosa el cuatro de agosto siguiente, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable; por lo que, resulta evidente determinar que en el caso, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR CESACIÓN". Notifíquese personalmente. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio rendido por el Encargado de Despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con sede en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase por satisfecho el requerimiento formulado a la responsable en auto de dos de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de que remitiera las constancias en las que se reconoció personalidad al promovente del amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de la Amparo, se reconoce personalidad jurídica a ***, como apoderado legal del quejoso José Juan Gutiérrez Salinas, dentro del juicio laboral ***De igual forma, de conformidad con el numeral 9º de la Ley antes invocada, se tiene por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo.
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