José Juan Gutiérrez Castro

Expediente 2473/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2473/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • José Juan Gutiérrez Castro
  • Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, al efecto se provee: Se tiene al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informando la imposibilidad que tiene para remitir copia certificada del oficio ****, de veintisiete de febrero de dos mil seis, al respecto se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos del expedientillo en que se actúa, de los que se advierte que mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, esta Juzgadora se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo ***** , al ser un asuntos de naturaleza penal por lo que remitió los autos del citado juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla y, dado que por diverso auto de siete de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, informando que se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número **** , de su índice; consecuentemente: Remítase al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, el oficio con registro 26669, previa copia certificada que obre como constancia, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, al efecto se provee: Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Procuraduría General de la República, remitiendo copia certificada del oficio UEIORPIFM/227/2006, de veintisiete de febrero de dos mil seis, al respecto se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos del expedientillo en que se actúa, de los que se advierte que mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, esta Juzgadora se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 2473/2017, al ser un asuntos de naturaleza penal por lo que remitió los autos del citado juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla y, dado que por diverso auto de siete de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, informando que se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número 854/2018, de su índice; consecuentemente: Remítase al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, el oficio con registro 25871, previa copia certificada que obre como constancia, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta visto su contenido se provee: Se tiene a la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla acusando recibo del oficio 39104/2018 a través del cual se remitió el expediente del juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo Informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto el cual quedó registrado con el número 854/2018 de su índice Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009 DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES Archívese el presente expedientillo como asunto totalmente concluido Destrúyase el mismo transcurrido cinco años siguientes a su archivo con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I del citado acuerdo general

  4. Principal

    Agréguese a los autos los oficios y escrito de cuenta. Téngase al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, informando que no localizó el oficio ********************, de veintisiete de febrero de dos mil seis, por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Asimismo, téngase al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiendo copia certificada del oficio referido, en consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, debe decirse que la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe determinarse atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda". En ese tenor, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La orden de mantener el aseguramiento de su cuenta bancaria ******************** a cargo de ********************, embargada desde el ocho de marzo de dos mil dieciséis, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: Mediante oficio con registro 2798, ******************** aceptó como cierto el acto que se le reclamó, y refirió que esa institución solo actúo en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la República ******************** mediante oficio ********************, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el diverso número ********************, expediente ********************, con fecha de recepción ocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 25 y 26). En este tenor, ante el requerimiento de esta Juzgadora, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su oficio con registro 18839, remitió copia certificada del diverso número ********************, del cual se desprende que el Gerente de esa Comisión remitió a ********************, el diverso ********************06, a fin de que diera cumplimiento al mismo (foja 174). A su vez, en cumplimiento al requerimiento de esta Juzgadora, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su oficio con registro 24252, remitió copia certificada del diverso número ********************06, del cual se advierte lo siguiente: "(.) ********************OFICIO NÚM: ******************** Asunto: Se solicita dejar a disposición del SAE cuentas bancarias y cheques de caja. (.) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. PRESENTE. En cumplimiento al acuerdo dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación dentro de los autos de la indagatoria que al rubro se indica (.) gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se notifique a las instituciones de crédito referidas, el contenido del presente, con el objeto de que de manera inmediata pongan a disposición del Servicio de Administración y Enajenación, tanto el saldo de las cuentas bancarias que se enlistan a continuación, como los intereses que dichas cuentas hayan generado a la fecha, mismas que se encuentran aseguradas en autos de la indagatoria en que se actúa, y el citado organismo descentralizado ejercite sus facultades previstas en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, debiéndose informar a la brevedad a esta autoridad, el cumplimiento dado al presente requerimiento ministerial: (.) 23 ******************** ." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado se hace derivar de la indagatoria ********************del índice de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En consecuencia, dado el contenido del oficio transcrito es dable establecer que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla no es competente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud que el acto reclamado no deriva de un asunto de índole administrativo sino de orden penal, se insiste, al encontrarse relacionado con una averiguación previa. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los actos relacionados con una averiguación previa, son de naturaleza penal, ya que tales actuaciones se fundamentan en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal. La jurisprudencia en comento es la número 1a./J. 89/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, Diciembre de 2004, página 22, del rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independien-temente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". Robustece lo anterior, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de Tesis 26/2017, en sesión de dieciséis de abril del dos mil dieciocho, por mayoría de siete votos -cuyos datos se obtuvieron de la versión taquigráfica, en virtud de que la sentencia correspondiente se encuentra en engrose-; en la que determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo en que se reclame la orden de bloqueo de cuentas bancarias emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, al derivar de un procedimiento administrativo, empero, si fuera el caso que derivara de un procedimiento de carácter penal, de una averiguación previa o de un proceso de esta naturaleza, en ese supuesto, se surte la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Penal. Por tanto esta Juzgadora estima se surte el supuesto contenido en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Así, dicho preceptos establece que es competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra asuntos del orden penal. Bajo esos lineamientos, se estima que la competencia para conocer de los actos reclamados se actualiza en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por tanto, se ordena remitir copia certificada del expediente del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que por su conducto sea turnada al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Asimismo, deje sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Finalmente, respecto de la petición del quejoso consistente en que envíe fax a las autoridades a fin de que remitan las constancias solicitadas, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE.

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