José Juan Guillermo Sambrano Medina
Expediente 1473/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1473/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/09/2023
Partes del expediente
- José Juan Guillermo Sambrano Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio electrónico de cuenta de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica el contenido del auto dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja QA-**, de su índice, en el que informa -entre otras cosas- el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Rubén ***, autorizado en términos amplios del quejoso **Medina, en contra del auto emitido el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito se da por enterado de la admisión a trámite del recurso de queja referido por el Tribunal oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito electrónico de presentación y de expresión de agravios de Rubén Noé Gutiérrez Vázquez, autorizado en términos amplios del quejoso José Juan Guillermo Sambrano Medina, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que este juzgado de Distrito desechó la demanda propuesta. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a); 98, párrafo primero, 99 y 101, de la Ley de Amparo y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta CJF/CAP/DGGJ/STG/1300/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, remítase el informe materia de la queja y el escrito electrónico de expresión de agravios, ambos con evidencia criptográfica al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. 0...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por el que en alcance al oficio 2543, de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por el que rindió el informe justificado correspondiente de la ampliación de demanda, remite copia certificada de la razón asentada donde informa que no tiene registro de exhorto remitido por el Juez Séptimo de lo Civil, actualmente Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, derivado del expediente 1204/2016 del índice del juzgado oficiante. En tales condiciones, se tiene a la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, remitiendo la copia certificada de la constancia antes mencionada, en alcance a su informe justificado rendido en el presente juicio de amparo, lo anterior, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la constancia de mérito por el término de tres días, a efecto de que se impongan de su contenido y en su caso manifiesten lo que a su derecho corresponda. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo indirecto. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene manifestando que se adhiere al informe justificado rendido por sus superior jerárquico la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de José Juan Guillermo Sambrano Medina y firmando a su ruego Rubén Noé Gutiérrez Vázquez, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovidos por José Juan Guillermo Sambrano Medina y firmando a su ruego Rubén Noé Gutiérrez Vázquez, en contra de los actos del Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec y otras autoridades; en atención a su contenido, se provee: Análisis de desechamiento En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado De la lectura de la demanda de amparo se advierte que José Juan Guillermo Sambrano Medina, reclama lo siguiente: "1.Respecto de la autoridad señalada como responsable ordenadora "COMISARIADO EJIDAL, DE SANTA MARIA MALACATEPEC", me permito aclarar que el acto reclamado es la emisión o autorización de diversas actividades de modificación en un predio colindante al mío, sin que estas cumplan con las disposiciones legales de los artículo 23, 24 y 25 de la Ley Agraria Vigente, es decir las mismas fueron emitidas sin la autorización de la asamblea a ejidal, además que dichas actividades se encuentran actualmente provocando daños directos en mi parcela. 2. Respecto de la autoridad señalada como responsable ejecutora "HERIBERTO GOMEZ ROBLES", persona que es quien se encuentra realizando las actividades de modificación del cauce de la barranca denominada como "TLAPACOYA", esto sin contar con la autorización legalmente otorgada por la autoridad ejidal o la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, siendo que dicha modificaciones, se encuentra causando daños en mi parcela y en mi casa habitación, pues al realizar las acciones de modificación del cause a desviado hacia mi parcela las aguas mismas que con las lluvias inundan mi parcela, e incluso como en el cause tienen piedras las mismas han impactado en la cimentación de mi hogar viéndome en la necesidad de dejar de habitarlo por miedo a que la misma se derrumbe, me permito anexar la siguientes secuencias fotográficas a mayor abundamiento. 3. Respecto de la autoridad señalada como autoridad responsable ejecutora "GRUPO PROYECTA", me permito señalar que los actos señalados son la modificación del cause de la barranca "TLAPACOYA", las cuales se ejecutan sin autorización legal emitida por la asamblea ejidal, así como por la COMISIÓN NACIONAL DE AGUAS, esto debido a que las acciones de modificación del cause de la barranca que de igual manera ejecuta en contubernio con el C. HERIBERTO GOMEZ ROBLES, con la distinción de que las realizadas por esta autoridad lo es por medio de camiones volteo, así como con maquinaria de dragado, sin que dichas actividades de dragado sean ejecutadas con las medidas reglamentarias necesarias, mismas que están provocando el deslave de mi parcela, al no haber colocado mayas de protección o ninguna medida de mitigación de impacto, además que dichas actividades de desvió del cause de la barranca están siendo dolosamente vertidas sobre mi parcela, así como sobre el predio de uso común esto insisto sin autorización alguna. Me permito anexar las siguientes fotografías a fin de abundar en mi dicho y evidenciar las acciones ejecutadas en mi perjuicio." Por tanto, ateniendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda y de los antecedentes del acto reclamado, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa que la parte quejosa, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, reclama la emisión o autorización por parte del Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, de diversas actividades de modificación de un predio colindante a su parcela 310 Z-1 P1/2 y su ejecución. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Al respecto se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio se realiza de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, puesto que el Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Para mejor comprensión de la citada causal, conviene precisar lo establecido por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De tales arábigos se colige que en el juicio constitucional únicamente pueden analizarse aspectos relacionados con violación de derechos humanos y garantías individuales provenientes de un acto de autoridad, y los derivados de la invasión en la esfera de competencias, sea de las autoridades federales o de las entidades federativas que causen perjuicio al propio particular, en términos de las restantes fracciones del numeral 1° de la Ley de Amparo. De tal modo que no podrán ventilarse cuestiones que tengan como finalidad la solución de conflictos entre particulares, o bien, analizar actos que no revistan las características propias para considerar que proviene de una autoridad, como la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, en la medida que para ello existen diversos medios de acción o de defensa ante instancias distintas a los órganos del Poder Judicial de la Federación (cuando éstos funcionen como tribunales de constitucionalidad), y al no respetarse lo anterior, ello tiene como consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. Conviene invocar, como ilustradora del caso, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. El juicio de amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Y ese instrumento no sólo debe ser motivo académico de satisfacción, sino que también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales, independientemente del nivel de educación de esos ciudadanos, e independientemente de que tengan o no, abundantes recursos económicos, así como del nivel de su asesoría legal. Esto es importante, porque la protección que el Poder Judicial Federal hace de las garantías constitucionales de los gobernados debe funcionar como un amortiguador entre el poder del Estado y los intereses legales de los individuos, y en la medida en que ese amortiguador funcione, en vez de sentirse un poder opresivo, se respirará un clima de derecho. Luego los Jueces de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un monstruo del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde se desprende que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. En un régimen de derecho, lo importante no es desechar las demandas de amparo que no están perfectamente estructuradas, sino obtener la composición de los conflictos que surgen entre gobernados y gobernantes, y resolver judicialmente sobre el fondo de las pretensiones de éstos." En efecto, el acto de autoridad debe entenderse como una disposición o hecho autoritario específico, es decir, cualquier hecho voluntario o intencional, negativo o positivo imputable al órgano del Estado, consistente en una decisión o ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas que impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el que el acto de autoridad deberá estar dotado de imperatividad, unilateralidad o coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir afectación en bienes o derechos del particular. Atendiendo a lo anterior, se considera como autoridad para efectos del juicio de amparo, aquéllas que actúan con fundamento en una norma legal que les permita emitir actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, para el juicio de amparo serán autoridades responsables cuando ejercitan las facultades atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo cuales podrán ser objeto de análisis en el juicio constitucional. Resulta ilustrativa en este sentido la tesis número I.13o.A.29 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1620, del Tomo XXI del mes de febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad". En el caso particular, el quejoso reclama del Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, la emisión o autorización de diversas actividades de modificación de un predio colindante a su parcela 310 Z-1 P1/2 y su ejecución. Para corroborar lo anterior, cabe citar los artículos 9, 21, 32 y 33 de la Ley Agraria: "Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". Como se desprende de los numerales en cita, el comisariado ejidal, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, el cual estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno, representa al núcleo de población ejidal y administra los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas, procura que se repente los derechos agrarios, y entre su obligaciones se encarga de convocar a la asamblea y cumplir con los acuerdos que dicte la misma, esto es, tiene facultades representativas y administrativas de una población de ejidatarios, más no de una autoridad como tal. En consecuencia, el acto que el quejoso le atribuye a Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, debe de entenderse dirigido a un particular, dado que el Comisariado Ejidal no ejerce ninguna función del Estado, sino únicamente forma parte estructural de un ente privado. Es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en el Tomo XII, Diciembre de 1993, que dice: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Ni tampoco puede considerarse como autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; de ahí en todo caso el quejoso debe acudir a la instancia correspondiente a fin de dilucidar si los trabajos ordenados por el Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec son correctos o no. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 189776 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.27 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099 Tipo: Aislada "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. Por lo que debe concluirse que el acto reclamado al Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, no es un acto que emane de una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, de ahí que se actualice la causal de improcedencia de mérito. Desechamiento. En consecuencia, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención se desecha de plano la demanda de amparo. Tal desechamiento se hace extensivo a los actos reclamados a HERIBERTO GOMEZ ROBLES y "GRUPO PROYECTA", toda vez que la parte quejosa las señaló como las autoridades encargadas de ejecutar los trabajados o actividades de modificación de un predio colindante a su parcela 310 Z-1 P1/2. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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