José Juan García Porrero
Expediente 935/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/06/2015
Partes del expediente
- José Juan García Porrero
- Director de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Municipio de el Marqués, Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso JOSÉ JUAN GARCÍA PORRERO, por acuerdo de once de junio de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio a través del que las autoridades responsables informaron que cumplieron la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta de abril de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a JOSÉ JUAN GARCÍA PORRERO, en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la obligación tributaria contenida en el artículo 84 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2015; y por ende, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. [.] II.- Asimismo, las autoridades encargadas de la recaudación de los tributos municipales, deberán reintegrar al quejoso impetrante del amparo la cantidad que acredite haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil quince, contenido en el recibo de cobro por el periodo comprendido del treinta y uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil quince. [.]" Mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, en su carácter de autoridad responsable, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, para que dieran cumplimiento al fallo protector. En razón de lo anterior, mediante el oficio SFTM/JM/J-033/2015, recibido por este juzgado el once de junio de dos mil quince, las mencionadas autoridades exhibieron el cheque número 0003980, librado a favor del quejoso, por la cantidad de $10,172.14 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.), cantidad correspondiente al pago que por concepto de derecho de alumbrado público erogó el quejoso durante esta anualidad. Igualmente a través del SFTM/JM/J-023/2015, recibido en la misma fecha, la Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, informó que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria contenida en el artículo 84 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, remitiendo la declaratoria respectiva. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que por un parte desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación tributaria contenida en la norma declarada inconstitucional; y, por otra, restituyó a ésta el numerario enterado con motivo del pago de dicha obligación durante esta anualidad, lo que se corrobora con el contenido del informe del apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, a través del que comunicó las cantidades erogadas por el quejoso con motivo del pago de ese tributo durante esta anualidad, así como que el mismo dejo de cobrarse a éste, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .III
- Principal
Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte que se hizo entrega del cheque número 0003980, por la cantidad de $10,172.14 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL) al autorizado de la parte quejosa, en consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído remítase a la autoridad responsable Titular del Despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería de El Marqués, Querétaro, la póliza que anexo al cheque antes indicado, previa copia certificada que del mismo se deje en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. . .III
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que signan la Titular del Despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería de El Marqués, Querétaro, y su Delegada, a través de los que pretenden dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, por lo que acompaña al efecto, el cheque número 0003980 valioso por la cantidad de $10,172.14 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL), expedido a nombre del quejoso JOSÉ JUAN GARCÍA PORRERO, así como la declaratoria realizada a fin de que no se apliquen al quejoso las normas declaradas inconstitucionales durante su vigencia. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso por el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, este órgano jurisdiccional, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte éste juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Igualmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término concedido, comparezca ante éste Juzgado, con documento idóneo que la identifique y copia del mismo, a solicitar la entrega del cheque aludido, mismo que queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Hágase del conocimiento del quejoso, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bajo apercibimiento que de no ocurrir a recogerlo en el término aludido de un mes, este órgano jurisdiccional de oficio devolverá dicho documento a la autoridad remisora. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. . .III
- Principal
Intégrense a los autos para que obre como corresponda el oficio que signa el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, a través del que da cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince, por lo que, informa las cantidades que por concepto de Derecho de Alumbrado Público erogó el quejoso JOSÉ JUAN GARCÍA PORRERO en esta anualidad, así como que actualmente dicho concepto se encuentra en cero respecto de éste y del número de servicio 078 900 500 229. En ese sentido, dado que según el comunicado aludido el quejoso, con motivo del Derecho de Alumbrado Público pagó las cantidades descritas en la tabla siguiente: MES PAGO POR DAP ENERO $0 FEBRERO $5,023.76 MARZO $5,148.38 ABRIL $0 Y considerando que, uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, consistió en que la responsable desincorporara el artículo 84 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2015, de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo que contra los actos de aplicación concretos que la parte quejosa reclamó en la demanda sea protegida, sino que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no puede válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. Lo anterior, atento al principio relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, conforme a los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 79 fracción I, y 118, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 17, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo tanto, todo acto de aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales, en contra de la quejosa, debe verse afectado con la protección constitucional que le fue otorgada, de forma tal que la autoridad administrativa está obligada a declarar la insubsistencia de los siguientes actos: a) Del primer acto de aplicación reclamado en la demanda; b) De los actos generados con posterioridad al primer acto de aplicación de la norma contra la cual se pidió el amparo, emitidos hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva; c) De los actos dictados con posterioridad a la concesión firme del amparo. La insubsistencia de todos estos actos deberá garantizarse porque, una vez que adquirió firmeza la sentencia protectora contra una ley, los efectos de la misma deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada con motivo de la cual se hubiese pedido el amparo, y de paso, irradiar esa protección otorgada en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a la primera aplicación, que se hubiera suscitado durante el curso del juicio. Por lo tanto se debe hacer extensiva la protección constitucional respecto de todos los actos ulteriores a la fecha del primer acto de aplicación, suscitados durante el curso del juicio, esto es, del periodo que va de la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación, once de marzo de dos mil quince, en que hizo pago del aviso-recibo de energía eléctrica con número de servicio 078 900 500 229 correspondiente al periodo comprendido del treinta y uno de enero de dos mil quince al veintiocho de febrero del año en curso, hasta el día en que causó ejecutoria la sentencia definitiva, lo que ocurrió el veintidós de mayo de dos mil quince, dentro del que se encuentra comprendido el periodo de facturación que se cobró a la quejosa en el mes de marzo. En consecuencia, a fin de que en su oportunidad la ejecutoria se declare cumplida a cabalidad, vía oficio que derive del presente acuerdo requiérase al TESORERO MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, así como al SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, para que, al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo devuelva a la quejosa la cantidad total que enteró con motivo del pago de Derecho de Alumbrado Público, declarado inconstitucional correspondiente al servicio de energía eléctrica con número 078 900 500 229, durante los meses de febrero y marzo, que en su conjunto ascienden a la suma de $10,172.14 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.). En ese contexto, se reitera a las autoridades el apercibimiento realizado por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince, esto es, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá una multa de forma individual, de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la zona del Distrito Federal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. Luego, a efecto de dar oportunidad a las responsables para cumplir debidamente la ejecutoria de amparo, desde este momento se les otorga una prórroga de cinco días al plazo que originalmente les fuera otorgado por acuerdo de veintidós de mayo del año en curso, contados a partir de su notificación del presente acuerdo. . .III
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