José Juan Galván Zarazua
Expediente 1323/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2018
Partes del expediente
- José Juan Galván Zarazua
- Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
- Agréguese a los presentes autos el oficio . . . suscrito por . . . por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto . . . y copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión civil . . . interpuesto por . . . en contra de la sentencia de . . . cuyos puntos resolutivos establecen . . . "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida . . . . SEGUNDO. La justicia de la Unión no Ampara ni protege a . . . las partes deberán estar a lo resuelto por la superioridad . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
- Visto el oficio de cuenta . . . suscrito por . . . mediante el cual informa el contenido del proveído de . . . del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto . . .
- Principal
- Téngase por recibido, el escrito de cuenta . . . SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN . . .
- Principal
Querétaro, Querétaro, en continuación con la audiencia constitucional de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo 1323/2017-I, promovido por JOSÉ JUAN GALVÁN ZARAZÚA, a través de su apoderado legal Juan José Álvarez Labrador, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Con motivo del oficio presentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo circuito, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, se remitió este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro por razón de turno, la demanda de amparo promovida por JOSÉ JUAN GALVÁN ZARAZÚA, a través de su apoderado legal Juan José Álvarez Labrador; en la que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, que hizo consistir esencialmente en la resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1005/2017 GS. Por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número 1323/2017-I; sin solicitar el informe justificado respectivo de la autoridad responsable al ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente le compete a la representación social de la adscripción, se ordenó notificar a las partes la radicación del asunto en este juzgado federal y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 51 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013, 30/2014 y 23/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en forma respectiva establecen la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; el segundo, lo relativo al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; mientras que el tercero, en lo que interesa, las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito, de esta entidad federativa; por reclamarse un acto de carácter civil emitido por una autoridad jurisdiccional con competencia en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1005/2017 GS, la cual confirma el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente 1036/2003, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, mismo que declaró improcedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva promovido por el aquí quejoso. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS. El Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, al momento de rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les reclama; lo cual se corrobora con las documentales que allegaron, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso por así disponerlo el Artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Común, SCJN, quinta época, Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este Juzgado no advierte de oficio, un motivo diverso de improcedencia u otra causa que obligue a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto, para determinar si se niega o concede el amparo a la quejosa en contra del acto reclamado. QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación contenidos en su demanda de amparo, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, toda vez que para su estudio no es necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) SEXTO. ESTUDIO DEL ASUNTO (Resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1005/2017 GS, la cual confirma el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente 1036/2003, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, mismo que declaró improcedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva promovido por el aquí quejoso). Previo al estudio de los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, se considera necesario apuntar los antecedentes del caso: 1. En fecha doce de agosto de dos mil cuatro, el Juez responsable dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato que promovió la parte tercero interesada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, contra el aquí quejoso, en la que declaró el vencimiento anticipado de contrato, además se condenó a la parte demanda al pago de $94,300.00 (noventa y cuatro mil trescientos pesos), intereses ordinario y moratorios, la cual fue confirmada por la Sala Electoral en auxilio de la Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 2. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el Juez responsable declaró improcedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva promovido por el quejoso. 3. Contra dicho auto el quejoso interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (autoridad aquí responsable), con el número de toca civil 1005/2017 GS. 4. Por resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil señalado la Sala responsable confirmó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, antes señalado (lo que constituye el acto aquí reclamado). La Sala responsable determinó en el acto reclamado declarar infundados los agravios del quejoso por las consideraciones que en lo conducente son: - El artículo 544, de la Ley Adjetiva Civil prevé la figura de la prescripción; la misma, por ende, es susceptible de interrumpirse con la interposición del incidente de ejecución de sentencia, en términos del artículo 1160, fracción II, del Código Civil del Estado, de ahí lo infundado del agravio del recurrente en el sentido de que el artículo primero citado no hace referencia alguna a la interrupción del plazo para prescripción por laguna acción de la parte actora. - El Juez natural de ningún modo revocó sus propias determinaciones, sino en cada una de las planillas actualizó la liquidación de la condena fijada en sentencia, a fin de que reflejara el valor presente. - La disposición contenida en el artículo en el artículo 1079, fracción V, del Código de Comercio no es aplicable al caso concreto al ser un juicio ordinario civil, al cual le son aplicables las normas adjetivas y sustantivas en materia civil local, en donde existe suficiencia normativa respecto al plazo con el que se cuenta para ejercitar la acción para pedir la ejecución de una sentencia contenida en el artículo 544, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no existe fundamento jurídico alguno para acudir a la normatividad mercantil para regular la prescripción de dicha acción cuando no se surte ningún criterio para ello, como lo sería la insuficiencia regulatoria en el Código de Procedimientos Civiles que requirieran la supletoriedad de una norma diversa, que la misma ley autorizara, lo que no ocurre en el caso concreto. Por su parte el quejoso refiere en su primer concepto de violación que la resolución le causa agravio ya que el artículo 544, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se refiere a la "acción para pedir", no indicando nada de prescripción, por lo que aun cuando no exista prescripción por el momento, a la actora le asiste la acción para pedir la ejecución de la sentencia por el simple paso del tiempo Asimismo, la resolución reclamada viola sus derechos ya que si el plazo para pedir la ejecución de sentencia es de tiempo definido (diez años), aun cuando se puedan efectuar diversas acciones en el Juicio por parte de la actora, en caso de no pedir la ejecución en dicho plazo de acuerdo con el artículo ya citado por los derechos del quejoso no pueden encontrarse al arbitrio de la actora, además el código de comercio no prevé la caducidad para los procedimientos de ejecución de sentencia. Que el plazo total para ejercitar el cumplimiento de la sentencia es de diez años, independientemente del número de veces que se impulse la misma, en ese sentido la actora perdió los derechos procesales en el juicio. Conceptos de violación que resultan inoperantes en virtud de que no controvierten las razones expuestas por la Sala responsable para concluir en la forma en que lo hizo, y por el contrario, en ellos se alegan cuestiones que en modo alguno controvierten de forma frontal el sentido toral que sustenta la decisión reclamada. Se advierte así, ya que de la confrontación que se realiza entre el argumento de disenso de cita previa, los argumentos de agravio planteados por la quejosa en la apelación y las consideraciones torales en que se sustentó la Sala responsable en la resolución reclamada, se puede llegar a la conclusión de que el mismo deviene inoperante, en tanto que con él se omite combatir frontal y eficazmente los razonamientos que rigen la resolución impugnada, aunado al hecho de que tal argumento defensivo constituye una reiteración de lo inconformado en sede de apelación. Así se advierte del siguiente cuadro comparativo, únicamente en lo que interesa, al aspecto alegado en esta vía constitucional: AGRAVIOS EN LA APELACIÓN RESOLUCIÓN RECLAMADA (razones y fundamentos) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN La resolución le causa agravio ya que el artículo 544, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se refiere a la "acción para pedir", no indicando nada de prescripción, por lo que aun cuando no exista prescripción por el momento, a la actora le asiste la acción para pedir la ejecución de la sentencia por el simple paso del tiempo. EL juez no puede revocar sus propias determinaciones por lo que al no ser revocada la planilla de liquidación de fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, no es posible decidir nuevamente sobre la planilla de liquidación en fecha veintiocho de enero de dos mil trece y nuevamente en el presente año. El derecho a terminar el procedimiento de ejecución de sentencia por el transcurso de más de diez años, sin que aquél se impulse siendo que existe norma expresa que prevé la prescripción del derecho a la ejecución de la sentencia, por lo tanto, debe aplicarse la norma especial que prevé la prescripción en el supuesto de ejecución de sentencias en juicios ordinarios contemplada en el artículo 1079, del código de comercio, lo que excluye la aplicación del plazo general contenido en el artículo 1047 del citado Código. Aunado a lo anterior, el artículo 1079, fracción V, del Código de Comercio no deja margen a la interpretación ya que de manera clara regula el supuesto de la ejecución de las sentencias derivadas de juicios ordinarios por lo que no es aplicable el plazo genérico que prevé el código de comercio, asimismo, no por tratarse de la ejecución de sentencias de un derecho de naturaleza sustantiva debe aplicarse el plazo más largo para su prescripción como en el caso sería el de diez años previsto en el artículo 1047, del Código de Comercio, ya que existe una norma especial el artículo 1079, fracción V, que debe aplicarse frente a la regla general El artículo 544, de la Ley Adjetiva Civil prevé la figura de la prescripción; la misma, por ende, es susceptible de interrumpirse con la interposición del incidente de ejecución de sentencia, en términos del artículo 1160, fracción II, del Código Civil del Estado, de ahí lo infundado del agravio del recurrente en el sentido de que el artículo primero citado no hace referencia alguna a la interrupción del plazo para prescripción por laguna acción de la parte actora. El Juez natural de ningún modo revocó sus propias determinaciones, sino en cada una de las planillas actualizó la liquidación de la condena fijada en sentencia, a fin de que reflejara el valor presente. La disposición contenida en el artículo en el artículo 1079, fracción V, del Código de Comercio no es aplicable al caso concreto al ser un juicio ordinario civil, al cual le son aplicables las normas adjetivas y sustantivas en materia civil local, en donde existe suficiencia normativa respecto al plazo con el que se cuenta para ejercitar la acción para pedir la ejecución de una sentencia contenida en el artículo 544, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no existe fundamento jurídico alguno para acudir a la normatividad mercantil para regular la prescripción de dicha acción cuando no se surte ningún criterio para ello, como lo sería la insuficiencia regulatoria en el Código de Procedimientos Civiles que requirieran la supletoriedad de una norma diversa, que la misma ley autorizara, lo que no ocurre en el caso concreto Que la resolución le causa agravio ya que el artículo 544, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se refiere a la "acción para pedir", no indicando nada de prescripción, por lo que aun cuando no exista prescripción por el momento, a la actora le asiste la acción para pedir la ejecución de la sentencia por el simple paso del tiempo Asimismo, la resolución reclamada viola sus derechos ya que si el plazo para pedir la ejecución de sentencia es de tiempo definido (diez años), aun cuando se puedan efectuar diversas acciones en el Juicio por parte de la actora, en caso de no pedir la ejecución en dicho plazo de acuerdo con el artículo ya citado por los derechos del quejoso no pueden encontrarse al arbitrio de la actora, además el código de comercio no prevé la caducidad para los procedimientos de ejecución de sentencia. Que el plazo total para ejercitar el cumplimiento de la sentencia es de diez años, independientemente del número de veces que se impulse la misma, en ese sentido la actora perdió los derechos procesales en el juicio De lo comparado, se puede observar cómo la parte quejosa en esta instancia extraordinaria lejos de controvertir la razón que la Sala expuso en la resolución que aquí se combate, reiteró el mismo argumento de agravio que hizo valer en sede ordinaria, al aducir violación de derechos fundamentales por considerar que el artículo 544 de la Ley Adjetiva Civil de Querétaro se refiere a la "acción de pedir", no indicando nada de la prescripción, asimismo, que el plazo de la ejecución de sentencia es de diez años, de conformidad con el Código de Comercio, derecho que perdió el actor. De modo que si, en esencia la alzada sostuvo su decisión de confirmar la resolución apelada bajo la premisa de que el artículo 544 ya referido si prevé la prescripción, asimismo, que el Código de comercio no es aplicable al tratarse en el presente asunto de un juicio ordinario civil donde existe suficiencia normativa; es inconcuso que, con los argumentos de disenso esgrimidos aquí por la parte quejosa no se controvierte el citado razonamiento de la Sala, aspectos que no expresó con claridad. En tal virtud, si no se vertieron razonamientos en los que precisen, por lo menos, cuál es la lesión o agravio que provoca la consideración apuntada por la alzada responsable, así como los motivos que generan esa afectación y, en su lugar, sólo se reitera el mismo argumento de agravio que en el punto de trato se alegó en sede ordinaria, éste sin duda alguna, deberán declararse inoperantes. Así lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, consultable a página sesenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto reclamado o resolución que con ellos pretende combatirse". Apoya lo considerado, también, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 144 del tomo 145-150, cuarta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación que se limitan a repetir casi textualmente los agravios expresados en la apelación, sin aducir nuevos argumentos para combatir las consideraciones medulares que sirven de base a la responsable para desestimar dichos agravios, que se reiteran como conceptos de violación." De igual modo aplica la Jurisprudencia II.2o.C. J/11 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 845 del tomo XI; marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En consecuencia, al no haber rebatido las consideraciones de referencia y que sirvieron de base a la responsable para dictar la resolución reclamada, es que se dice es inoperante el argumento que se contesta. Cobra aplicación a lo determinado, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia II.2º.C. J./11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página ochocientos cuarenta y cinco, Novena Época, Registro: 192315, cuyo tenor establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Así como la diversa jurisprudencia XIV.1º. J/6, aplicada por analogía, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Tomo XIV, página mil nueve, Novena Época, registro 189224, cuyo literal es el siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes." En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los argumentos planteados por la parte quejosa en contra de la resolución reclamada dictada en el toca civil 1005/2017 GS, de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia número 6, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, consultable en la página treinta y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. Si el quejoso en amparo directo en materia civil no ataca los argumentos torales en que la autoridad responsable apoyó el fallo reclamado, los conceptos de violación resultan inoperantes y así, el Tribunal Federal no está en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en atención a que el amparo civil es de estricto derecho." Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva de la resolución que debe ejecutar, la que, como se expuso en párrafos precedentes, no fue demostrada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 654, publicada en la página cuatrocientos treinta y ocho del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública, y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ JUAN GALVÁN ZARAZÚA, a través de su apoderado legal, en los términos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la substitución de datos personales correspondientes, para la generación automática de la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO; Y POR OFICIO AL TERCERO INTERESADO, AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Así lo resolvió y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, hasta hoy veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la secretaria licenciada Angélica Ivonne Mujica Martínez, que autoriza y da fe. La suscrita Licenciada Angélica Ivonne Mujica Martínez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, hace constar y certifica que de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública, y protección de datos personales, la presente resolución fue capturada con la substitución de datos personales correspondiente, a efecto de generar automáticamente la versión pública en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [S.I.S.E].- DOY FE.-
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