José Juan Flores Lorancia

Expediente 1378/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1378/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • José Juan Flores Lorancia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 solicitando se le envíen los autos originales del juicio agrario **********, atento a lo anterior infórmesele que los autos originales del juicio antes mencionado se le remitieron mediante oficio ********** del dos de marzo del dos mil veintitrés, recibido el tres de marzo siguiente, como se observa del acuse de recibo que obra en autos, del cual se le remite copia simple para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del cuatro de abril de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del cuatro de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1378/2022-I, promovido por ********************, por propio derecho, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que la autoridad responsable ofreció diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1378/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. II. Mediante oficio TUA.DTO.10/UAJ/782/2021 la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en esa materia y circuito, quien por resolución del veinte de octubre de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal por razón de grado y envió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la que correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. III. Por auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, se registró con el número 1378/2022-I y se previno en los términos ahí precisado. IV. Previo desahogo de prevención y su ratificación, mediante proveído del ocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad agraria que emitió el acto reclamado tienen su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La resolución del cinco de agosto de dos mil veintiuno dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el expediente ********************. Tercero. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia y no advirtiendo que se actualice alguna de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación, mismos que aparecen en la demanda de garantías y que se dan por reproducidos en este apartado en obvio de innecesarias repeticiones y en atención a que ningún precepto de la Ley de Amparo obliga a su trascripción. Quinto. En lo conceptos de violación el quejoso sostiene sustancialmente: Que la autoridad responsable dictó una sentencia que carece totalmente de motivación y fundamentación toda vez que no tomó en cuenta las pruebas que acreditan el derecho de dependencia económica que el quejoso tuvo con el titular de la parcela veintisiete, pues quedó debidamente acreditado con la prueba testimonial y el informe del comisariado ejidal que si tuvo dependencia económica con el titular de la citada parcela. Que la autoridad se contradice al afirmar en el considerando tercero de dicha sentencia lo siguiente: ". también lo que, el promovente promovió el juicio sucesorio de quien dice es su tío, pero con ese parentesco a que hace referencia, en la ley agraria no se prevé que tenga derecho a heredar de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la ley en cita, que regula el juicio sucesorio intestamentario, ya que dicho precepto establece en sus cinco fracciones los casos en los que una persona puede heredar y dentro de esas no se encuentran los sobrinos del de cujus, y el promovente en su demanda no menciona que al fallecimiento del ejidatario dependiera económicamente del extinto ejidatario." Toda vez que realiza un indebida interpretación del artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, ya que afirma que dentro de las cinco fracciones que tiene el artículo de referencia no se encuentran que los sobrinos puedan heredar, sin embargo, aquella fracción es muy clara al señalar que cualquier persona, no implica un parentesco, pues para llegar a dicha fracción ya quedó debidamente acreditado y agotado el orden de referencia, pues la idea del legislador fue precisamente proteger a las personas que tienen dependencia económica con el titular del derecho sin especificar o condicionar a tener algún parentesco con el de cujus, por lo que debió haber dictado una sentencia favorable al quejoso ya que si acreditó la dependencia económica y la forma en que consistió esa dependencia. Que la sentencia no es congruente con las pruebas ofrecidas y desahogadas ya que el caso se circunscribe a determinar si es procedente el reconocimiento y consecuentemente la adjudicación de los derechos agrarios del extinto ejidatario ********************a favor del quejoso, pues la responsable determinó improcedente su acción por dependencia económica sin tomar en cuenta que con las pruebas testimonial y el informe del comisariado ejidal, quedó debidamente acreditado que si tuvo dependencia económica con el de cujus, sin embargo, la responsable no las valora y resuelve que los sobrinos no tiene derecho a heredar porque no se encuentran en el supuesto de las fracciones I a la V del artículo 18 de la Ley Agraria. Que la responsable deja de usar la facultades que le otorga el artículo ******************** constitucional, conforme al cual está dotado de autonomía y plena jurisdicción, por lo que puede tomar decisiones de manera amplia sin límites, pues es evidente que tiene el derecho en que se le reconozca y adjudique la titularidad de los derechos de su extinto tío ********************, por dependencia económica, la cual acreditó con la testimonial y el informe del comisariado ejidal al haber tenido dependencia con el de cujus. Que la responsable deja de aplicar las facultades que tiene en relación con los artículos 186, 187 y 189 de la Ley Agraria, ya que con el acto reclamado pretende sujetarse a las reglas de la determinación de pruebas, dejando de lado la verdad histórica en el asunto y negando al quejoso el beneficio de que en el asunto la sentencia sea dictada a verdad sabida y deja de aplicar la suplencia en la deficiencia de sus reclamos, pues no toma en cuenta los argumentos que hizo valer en el escrito inicial de demanda, en los que manifestó que él y su tío vivían en dependencia económica por más de veinticinco años hasta su fallecimiento que fue en el año dos mil doce, respecto a la parcela número ********************, que tiene su tío reconocido en su calidad de ejidatario, señalando el modo, lugar y tiempo de la dependencia económica, sin embargo, la responsable señala que en ninguno de los hechos expresó que haya dependido económicamente del extinto ejidatario, situación que se desvirtúa con el hecho identificado en el inciso g, pues en ese aclaró en qué consistió la dependencia económica que tuvo con su extinto tío. Son infundados los motivos de inconformidad antes sintetizados, sin que exista motivo para suplir la queja deficiente, conforme lo ordena el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, como se verá enseguida: En principio, resulta necesario atender a lo que prevé la ley de la materia en cuanto a la transmisión de derechos agrarios por sucesión intestamentaria, litis planteada en el juicio agrario. El artículo 18 de la Ley Agraria señala: "Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos". (lo resaltado es propio) Como puede observarse, el artículo 18 de la Ley Agraria dispone que en caso de que el ejidatario no haya efectuado la designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar los derechos agrarios por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos del ejidatario, a uno de sus ascendientes o a cualquier persona de las que dependan económicamente de él, en ese orden de preferencia. También, que si, al fallecimiento del ejidatario, en los supuestos de las fracciones III, IV o V, resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales; que, en caso de no ponerse de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar; y que, de darse igualdad de posturas en la subasta, tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Cabe señalar que la dependencia económica a que se refiere el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, exige un mínimo de circunstancias que denoten que esa dependencia fue directa e inmediata, es decir, que se haya dado por parte del de cujus a todas aquellas personas que hasta el día de su muerte dependían de él por no tener algún otro sustento, entendiéndose con ello, además de vivir del producto del de cujus, el goce del usufructo que se obtenía de la tierra y que, en determinados casos, puede implicar la participación del dependiente económico en la explotación, colaboración, riego, siembra y cosecha y que de ahí obtenía lo necesario para su subsistencia; lo que puede presumir o justificar esa dependencia económica y, por tanto, no dejarlo desamparado con el deceso del de cujus. Sirve de apoyo la tesis VI.3o.A.333 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con registro digital 164211, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 2088, de rubro y texto: "SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL CONCEPTO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL ORDEN DE PREFERENCIA EN LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS AGRARIOS, NO ES APLICABLE INVARIABLEMENTE, PUES TAMBIÉN DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DEL CASO CONCRETO, ACORDE CON EL PRECEPTO 189 DE LA INDICADA LEY. Si bien es cierto que la dependencia económica a que se refiere el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria para efectos del orden de preferencia en la transmisión de los derechos agrarios debe considerarse, por regla general, no sólo como la manutención, esto es, el que únicamente se goce del usufructo que se obtenga de la tierra para satisfacer el vestido, alimento, diversión, etcétera, sino que además implica la explotación, colaboración y participación en el riego, siembra y cosecha de la tierra, pues de esa manera puede presumirse o justificarse esa dependencia económica y, por tanto, la finalidad de no dejar desamparados a los dependientes del de cujus, también lo es que tal criterio genérico no es aplicable invariablemente, pues además debe atenderse a las circunstancias específicas del caso concreto, acorde con el artículo 189 de la indicada ley, es decir, resolver a verdad sabida y en conciencia, así como otorgar a las pruebas rendidas su justo valor, con la finalidad de acreditar los hechos con un criterio lógico, como cuando en la acción intentada no existen intereses contrarios a los del promovente o se pretenden derechos comunales". Por otro lado, los Tribunales que atienden y dilucidan problemas de materia agraria están obligados a resolver a verdad sabida y en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, que literalmente establece: "Artículo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones". Ahora, en la sentencia reclamada, el Tribunal Agrario tomó en consideración que el actor, ********************, acudió al juicio manifestando depender económicamente del extinto ejidatario ********************, a quien le fue reconocida y asignada la parcela número ********************, amparada con el certificado parcelario ********************, dentro del núcleo ejidal llamado "********************", municipio de ********************, estado de México. Con base en lo anterior, luego de tener por acreditados los supuestos relativos a la titularidad de los derechos agrarios del de cujus, el fallecimiento del titular, la falta de designación de sucesores, así como de padres, cónyuge e hijos que pudieran heredar; la Magistrada responsable atendió lo correspondiente a la acreditación de la dependencia económica que el actor adujó haber tenido con el extinto ejidatario, supuesto previsto en el artículo 18, fracción V de la Ley Agraria. Luego, en cuanto a la dependencia económica a que se refiere el artículo 18, fracción V de la Ley Agraria, la autoridad responsable señaló que en su demanda -el ahora quejoso- no mencionó que al fallecimiento del ejidatario dependiera económicamente de él a pesar de tener cuarenta y siete años el promovente a la muerte de su tío, ya que únicamente mencionó en sus hechos: "Que su tío ********************fue ejidatario de ********************, Municipio de JALTENCO, Estado de México, b.- Que a su tío ********************en Asamblea de Delimitación Destino y Asignación se le asignó la parcela ******************** en calidad de ejidatario y se le expidió el certificado parcelario ********************, c.- Que su tío ********************designó como sucesor preferente a ********************pero ya falleció, e.- Que su tío ********************no fue casado, no vivió en concubinato y tampoco procreó hijos, f.- Que los padres del extinto ejidatario ya fallecieron, y en el hecho g.- puntualizó: MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SUSCRITO ********************FLORES LORANCA Y MI EXTINTO TÍO ********************, POR ANUENCIA DE ESTE VIVIMOS EN DEPENDENCIA ECONÓMICA POR MÁS DE 25 AÑOS HASTA SU FALLECIMIENTO QUE FUE EN EL AÑO 2012, RESPECTO DE LA PARCELA ********************, QUE ESTE TIENE RECONOCIDO EN SU CALIDAD DE EJIDATARIO, ES DECIR, QUE AMBOS DEPENDIMOS DEL PRODUCTO OBTENIDO DE LAS PARCELAS, PUES DE LAS COSECHAS QUE SE OBTENÍAN, LO UTILIZAMOS PARA NUESTRA SOBREVIVENCIA, Y CON EL DINERO OBTENIDO DE LA VENTA DEL PRODUCTO AGRÍCOLA QUE SE PRODUCÍA EN LAS PARCELAS CUIDAMOS NUESTRA SALUD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, VETIDO Y CALZADO, INCLUSO PARA LA SIEMBRA, EL SUSCRITO SIEMPRE EN VIDA APOYE A MI TÍO EN EL RIEGO, LA SIEMBRA, LA COSECHA Y TODAS LAS LABORES AGRÍCOLAS CORRESPONDIENTES DE PREPARACIÓN DE LA PARCELA PARA QUE ESTA ESTUVIERA EN CONDICIONES OPTIMAS DE PODER SER SEMBRADA DE MAÍZ, ALFALFA Y AVENA, FRIJOL, SEGÚN LA TEMPORADA DE SIEMBRA, QUE A VECES ERA BUENA Y EN OTRAS OCASIONES ERAN MALAS Y HASTA LA MUERTE DE MI TÍO, SIGO EN POSESIÓN DE DICHA PARCELA, SITUACIÓN QUE ACREDITARÉ CON ." Confesión expresa con la que la responsable tuvo por acreditado a verdad sabida que el promovente apoyó a su tío en el riego, la siembra, la cosecha y todas las labores agrícolas correspondientes de preparación de la parcela para que estuviera en condiciones óptimas de poder ser sembrada de maíz, alfalfa, avena y frijol, según la temporada. Lo cual refirió que es una acción lógica que si el promovente realizaba junto con el extinto ejidatario en las labores agrícolas de siembra y cosecha de la parcela, éste la retribuyera por el trabajo realizado en especie y es a lo que se refirió al señalar que dependió del producto de la parcela, pero con esas actividades agrícolas no acreditó que el promovente haya dependido económicamente del extinto ejidatario, ya que la dependencia económica tiene como finalidad objetiva de que el titular por obligación moral o legal provean las necesidades de subsistencia que eran a cargo del titular fallecido, y a dicha confesional concedió valor probatorio de conformidad con los artículos 189 de la Ley Agraria, así como 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Continuo diciendo que la dependencia económica debe darse al momento del fallecimiento del titular de los derechos agrarios, para proteger a los dependientes económicos, con el fin de no dejarlos en el desamparo, ya que con la muerte, no podría el de cujus continuar proporcionándoles los medios de subsistencia más elementales, pero de la fracción V del artículo 18 de la Ley Agraria, no se advierte que, en este supuesto sean consideradas las personas que dependan económicamente de la explotación de una parcela que correspondió al titular de los derechos derivado de la posesión que adujo el promovente, como lo señaló en el inciso g de su demanda, sin que hubiera relación de dependencia económica del actor con el autor de la sucesión ya que nunca argumentó que haya dependido económicamente del extinto ejidatario al momento de su fallecimiento. Posteriormente, la Magistrada responsable valoró las testimoniales a cargo de ********************y ********************, ofrecidas por el actor agrario, de cuyo desahogo advirtió que en relación con el tema de "dependencia económica" declararon el primero: ". que sabe que ********************vivía del trabajo de campo y del ganado, junto con ********************ellos sembraban y de allí se mantenían; sé que ********************murió en el año dos mil doce, y sabe que actualmente la parcela de ********************la trabaja el señor ********************FLORES."; en tanto, el segundo ". que sabe que ********************FLORES CONTRERAS no fue casado, ni vivía con nadie, como esposa; que sabe que no tuvo hijos, que sabe que vivía solo, después que ********************FLORES LORANCA vivía con ********************, me di cuenta hace como veinte años en la calle callejón de las ********************, que sabe que ********************vivía del producto de su parcela, sembraba maíz y alfalfa y sabe que trabaja junto en el campo con su sobrino ********************ellos sembraban y de allí se mantenían; que sabe que ********************murió en el año dos mil doce. Y sabe que actualmente la parcela de ********************la trabaja el señor ********************FLORES." Testimoniales que el Tribunal responsable valoró en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, ya que los deponentes convinieron en lo esencial del acto, coincidieron con el hecho que narró el actor agrario, en donde no argumentó que dependiera económicamente del autor de la herencia, sin que apoyo a su tío en el riego, la siembra, la cosecha y todas las labores agrícolas correspondientes de preparación de la parcela para que esta estuviera en condiciones óptimas de poder ser sembrada de maíz, alfalfa y avena, frijol, según la temporada de siembra y que está en posesión de la parcela. Luego, se comparte lo señalado con la Magistrada agraria en lo concerniente a que concluyó que no existió un vínculo de dependencia económica entre el actor y el titular de los derechos en disputa, ya que vivieron del trabajo que ambos llevaron a cabo sobre la parcela ejidal, y con las utilidades correspondientes que se obtenían de la explotación, se proveían sus necesidades de subsistencia, lo que implicaba que el demandante no vivió a expensas del trabajo personal que realizada el ejidatario sino que ha estado vinculado a la explotación de la tierra a través de las labores de siembra, riego y demás actividades propias del campo como único medio de subsistencia, desde antes del fallecimiento de aquél y en el instante mismo del deceso. Finalmente, si bien la Magistrada agraria no valoró el informe a cargo de los integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado de San Andrés ********************, Municipio de ********************, Estado de México, quienes manifestaron: "Que conocimos a ********************, sabemos que fue ejidatario del poblado de San Andrés ********************, Municipio de ********************, Estado de México, saben que tenía una parcela ubicada en cerca de la carretera Teoloyucan ********************, sabemos que ********************FLORES LORANCA la trabaja actualmente y que antes de que falleciera el señor ******************** también la trabajaba, ayudándose con el producto de la tierra, sembrando maíz, sabemos que ******************** CONTRERAS no fue casado, ni vivió en unión libre con alguna persona, que no tuvo hijos, y por parte de la Asamblea general de Ejidatarios no existe ningún inconveniente en que se le adjudique los derechos agrarios a ." , lo cierto es que con el mismo tampoco no se acredita la dependencia económica del quejoso con el extinto ejidatario, esto es, que hubiera dependido económicamente del de cujus al momento o antes de su muerte; en todo caso, que éste trabajó la tierra de la que era titular el de cujus con anuencia de éste, y que de ahí obtenía lo necesario para su subsistencia; no obstante, nada refirieron respecto de la dependencia económica que tuvo la parte demandada, hoy quejoso, con el ejidatario fallecido. De ahí que, como bien lo resolvió la Magistrada resolutora, la parte demandada no logró demostrar la actualización del supuesto previsto en el artículo 18, fracción V de la Ley Agraria, esto es, su dependencia económica con el extinto ejidatario para la transmisión de derechos agrarios por sucesión intestamentaria. De ahí, que resulten insuficientes para tener por demostrado el factor de dependencia económica, pues debe recordarse que ésta se refiere a un estado continuo de necesidad de manutención (vestido, alimento, estudios, esparcimiento, etcétera), cuya cobertura, en su integridad, era sufragada por el finado, ya sea a través del fruto de su trabajo, o bien, permitiendo al dependiente que usufructuara directamente la parcela. Y, en esa tesitura, los atestes en comento no proporcionan dato alguno, que permita establecer la presencia de ese estado permanente de necesidad; tampoco, que el extinto ejidatario era la única fuente para su satisfacción; y, menos, que el quejoso era quien explotaba directamente la parcela. Por tanto, con las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio agrario la parte actora no demostró su dependencia económica con el de cujus. Además, los artículos 164, 181, 186, 187 y 189 de la Ley Agraria establecen: "Artículo 164.- En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente: I.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley; II.- Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello; III.- Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última; IV.- El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros". "Artículo 181.- Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane dentro del término de ocho días". "Artículo 186.- En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad". "Artículo 187.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos". "Artículo 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones". Conforme a lo establecido en los preceptos citados, el Tribunal Unitario Agrario, una vez presentada la demanda, debe examinarla y, si hubiera irregularidades en ésta o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que los subsane. Debe suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Debe acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, obrando de la manera que estime pertinente para obtener el mejor resultado de las diligencias, pero sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. El Tribunal Agrario, sin perder de vista que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a estas últimas o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder o para que comparezcan como testigos, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos. En tanto que el normativo citado en último término impone al Tribunal Unitario Agrario dictar la sentencia a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Esto es, conforme al deber de administración de justicia, el Tribunal Unitario Agrario no puede dejar de resolver la litis formulada por las partes, conforme a la verdad real sobre la formal, con base en todo el material probatorio idóneo para el caso concreto, y para ello está facultado a ordenar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Sin embargo, tal facultad está condicionada a que no se lesione el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad, además de que no debe perderse de vista que son las partes quienes deben asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. En el caso, en relación con el tema de la demostración del elemento de dependencia económica que se requiere, no puede exigirse a la autoridad responsable que recabe pruebas a fin de lograr acreditar que la parte actora demostró dicha dependencia, en primer lugar, porque la carga de la prueba correspondía a la propia parte promovente; máxime cuando estuvo en posibilidad real de ofrecer, como así lo hizo, las pruebas conducentes, sin embargo, las que aportó resultaron ineficaces para tal fin. Por lo expuesto, resultan infundados los argumentos en estudio, pues contrario a lo aseverado por el quejoso, la magistrada resolutora valoró debidamente las probanzas ofrecidas concluyendo que con éstas no logró demostrar la calidad con la que compareció al juicio sucesorio como dependiente económico del de cujus, por lo que no acreditó su legitimación para reclamar el derecho a suceder en el caudal hereditario del extinto ejidatario. En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, se impone negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Téngase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remitiendo la cédula de emplazamiento efectuado a la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado y Municipio de Jaltenco, Estado de México, por conducto de su Comisariado Ejidal; de lo que se adquiere conocimiento. Por tanto, téngase por emplazada a la parte tercero interesada y háganse las notificaciones por lista electrónica que genera este juzgado federal. De conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, désele vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, se toma conocimiento del oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo Circuito, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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