José Juan Flores Guzmán
Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Juan Flores Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado informa admisión de recurso. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, por medio del cual, acusa de recibo del diverso oficio por el que se le remitió el expediente original del presente juicio de amparo y sus anexos; e, informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, radicándolo con el número 267/2023 de su estadística; de lo anterior se toma nota de conocimiento. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa, interpone revisión. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por Carlos Morales Sánchez, autorizado legal del quejoso José Juan Flores Guzmán (quejoso en el juicio de amparo 1351/2022); en su atención, se provee: Téngase a dicha parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente y, distribúyanse una más entre las demás partes procesales y, en el momento que este asunto se encuentre debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, en turno, para la sustanciación del medio de impugnación en comento. Fórmese el cuaderno de antecedentes a partir de este auto, sin que resulte necesario deducir copia alguna, toda vez que el presente juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, en su oportunidad, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento y resolución relevante al expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. Precisión sobre conocimiento previo. Se considera conveniente precisar que, conforme a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, conoció del recurso de queja interpuesto contra la determinación de trece de diciembre de dos mil veintitrés, en que se agregó un informe justificado, misma que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, quien lo radicó con el número 39/2023, medio de impugnación que fue desechado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA TERCERO INTERESADA.
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PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa, interpone revisión. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por Carlos Morales Sánchez, autorizado legal del quejoso José Juan Flores Guzmán (quejoso en el juicio de amparo 1351/2022); en su atención, se provee: Téngase a dicha parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente y, distribúyanse una más entre las demás partes procesales y, en el momento que este asunto se encuentre debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, en turno, para la sustanciación del medio de impugnación en comento. Fórmese el cuaderno de antecedentes a partir de este auto, sin que resulte necesario deducir copia alguna, toda vez que el presente juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, en su oportunidad, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento y resolución relevante al expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. Precisión sobre conocimiento previo. Se considera conveniente precisar que, conforme a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, conoció del recurso de queja interpuesto contra la determinación de trece de diciembre de dos mil veintitrés, en que se agregó un informe justificado, misma que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, quien lo radicó con el número 39/2023, medio de impugnación que fue desechado. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA TERCERO INTERESADA.
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Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1351/2022 y acumulado 1384/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, José Juan Flores Guzmán, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; Jueza en funciones de titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador del Estado de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia y la registró con el número 1351/2022; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Diversa demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, Rubén Alcides Miguel Miguel, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Magistrado de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. En auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia y la registró con el número 1384/2022; asimismo, previno al quejoso para que: i). Señalara la denominación correcta de la autoridad que designaba como responsable. y ii). Expresara el número de toca penal y la fecha de la resolución reclamada. QUINTO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado Federal tuvo al peticionario del amparo cumpliendo la prevención y admitió la demanda respecto al Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; solicitó a éste su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; emplazó a los terceros interesados y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Acumulación. En proveído de veintiuno de diciembre del año próximo pasado, se determinó la acumulación del expediente 1351/2022 al diverso 1384/2022, radicados en este mismo juzgado federal, al advertirse que los actos reclamados en ambos juicios de amparo tienen su origen en la causa penal 786/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la que los dos quejosos tienen el carácter de imputados por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico en perjuicio patrimonial de la persona moral Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable. SÉPTIMO. Queja infundada. En acuerdo de tres de abril del año en curso, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, informando que en el expediente 39/2023, fue desechado por improcedente el recurso de queja interpuesto por José Juan Flores Guzmán contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós; y se ordenó levantar la suspensión del procedimiento. OCTAVO. Fecha para audiencia constitucional. En proveído de veinticuatro de mayo del presente año, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por autoridades responsables que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: En el juicio de amparo 1351/2022. A los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El Acuerdo General 7/2021, aprobado en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se establece la modificación de la denominación de las Salas Penales, creación e instalación de las Salas Penales Unitarias y competencia de las Salas Penales Colegiadas y Salas Penales Unitarias, publicado en el Boletín Judicial del Estado (Tomo XXIII No. 43), el dieciséis de noviembre de ese mismo año. Al Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador del Estado de Oaxaca. La discusión y promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; específicamente, los artículos 20, segundo párrafo, fracción I; 20, Bis; 20 Ter; 20 Quater y 23, fracción III. A la Jueza en funciones de titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/018/2022, que declaró la nulidad del auto de no vinculación a proceso de veintidós de junio del año próximo pasado, emitida a favor del quejoso José Juan Flores Guzmán, en la causa penal 786/2021, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico en perjuicio patrimonial de la persona moral Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la parte relativa de la audiencia inicial. La aplicación en dicha resolución, del Acuerdo General 7/2021, así como de los artículos 20, segundo párrafo, fracción I; 20, Bis; 20 Ter; 20 Quater y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. La ejecución de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable, en el toca penal JOTPAI/018/2022. En el juicio de amparo 1384/2022. Del Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/09/2022, que declaró la nulidad de la audiencia de comunicación de imputación y de ampliación de término constitucional de veintidós y veinticinco de junio del año próximo pasado, celebradas en la causa penal 786/2021, en la que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Rubén Alcides Miguel Miguel por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico en perjuicio patrimonial de la persona moral Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la formulación de la imputación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En el juicio de amparo 1351/2022. i) La Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en representación del Magistrado Presidente, aceptó el acto reclamado (fojas 116-120). ii) El Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador del Estado de Oaxaca, por conducto del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura y el Subconsejero de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, respectivamente, aceptaron los actos reclamados (fojas 41, 139-142). iii) La Jueza en funciones de titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/018/2022 (fojas 51-54). Para corroborarlo, anexó el original del toca penal JOTPAI/018/2022, y un disco óptico de la causa penal número 786/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En otro aspecto, se precisa que dicha autoridad responsable fue omisa en cuanto al diverso acto relativo a la aplicación del Acuerdo General 7/2021, así como de los artículos 20, segundo párrafo, fracción I; 20, Bis; 20 Ter; 20 Quater y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/018/2022); por lo que con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se presume cierto el acto que se le atribuye. Aunado a ello, se aprecia que el Acuerdo General 7/2021, así como los artículos 20, segundo párrafo, fracción I, y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sirvieron de fundamento a dicha autoridad responsable para fundar su competencia para resolver el toca penal de referencia. iv) El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptó el acto reclamado (foja 143). En el juicio de amparo 1384/2022. v) El Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado (foja 186). Para corroborarlo, anexó el original del toca penal JOTPAI/09/2022, y un disco óptico de la causa penal número 786/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia respecto a los actos reclamados en los tocas penales JOTPAI/09/2022 y JOTPAI/018/2022. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la tercera interesada Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Ramón Fernando Vásquez Avendaño, hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Es fundada la citada causa de improcedencia, toda vez que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos (como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones) y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del quejoso, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable, por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso, los juicios constitucionales de amparo promovidos por los quejosos resultan improcedentes, toda vez que los actos reclamados versan únicamente sobre derechos adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación. Con la finalidad de realizar el análisis de los actos reclamados, es necesario reiterar que en el juicio de amparo 1351/2022, el acto reclamado a la Jueza en funciones de titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/018/2022, que declaró la nulidad del auto de no vinculación a proceso de veintidós de junio del año próximo pasado, emitida a favor del quejoso José Juan Flores Guzmán, en la causa penal 786/2021, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico en perjuicio patrimonial de la persona moral Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la parte relativa de la audiencia inicial. La parte conducente de dicha resolución establece: " (.) De la transcripción de esta parte de la audiencia inicial, se advierte claramente que le fue vedado al asesor jurídico el uso de la voz para pronunciarse respecto a la formulación de la imputación que realizó la representación social, y que dicho asesor considera deficiente, pues expuso las razones del porqué quería intervenir, y si bien es cierto como lo consideraron tanto el defensor particular del imputado JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN, como el propio A quo, que el ministerio público es el titular de la acción penal (.) no estamos ante el ejercicio de la acción penal propiamente dicha, porque ese lo ejerció el ministerio público al solicitar la cita para los imputados y realizarles la formulación de la imputación (.). Y en segundo término, más bien se trata de complementar el trabajo de la representación social, lo que sí puede hacer el asesor jurídico, ante una deficiencia demostrada y sin que se pudiera sobrepasar de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, de los cuales el defensor particular del imputado JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN dijo tener concimiento antes del inicio de la audiencia, máxime si se cuenta con la anuencia del ministerio público, como titular del ejercicio de la acción penal, quien es quien en un momento podría oponerse a dicha adición de los hechos. Y en el presente caso tenemos que no hubo una oposición por parte del ministerio público, sino que por el contrario solicitó un receso para poder platicar con el asesor jurídico acerca de su pretensión, lo cual indebidamente le fue vedado por el juzgador, bajo el argumento de que su derecho para formular la imputación ya había precluido, dado que precisamente en esa etapa se encontraban, y que el asesor jurídico no puede incluir hechos porque es una función de la representación social, no obstante que pudiera tener razón el juez natural, si el ministerio público, como titular de la acción penal, acepta que se incorporen los datos y hechos que señale el asesor, pueden incorporarse, claro con la limitante, como ya se dijo que ese o esos datos obren en la carpeta de investigación y ese hecho a incorporar se desprenda de esos datos; por ende, es claro que el derecho de formular la imputación no precluye con la audiencia inicial, porque en los casos, como el presente, ante la deficiencia ministerial queda expedito el derecho del ministerio público a solicitar una nueva audiencia de formulación de imputación. (.) De donde se tiene que resultan fundados los agravios que al efecto expresó el asesor jurídico del apelante y, para repararlos (.) procede declarar la nulidad del auto de no vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintidós, decretado a favor del imputado JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en perjuicio de la víctima directa CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A DE C.V., apelado, y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia inicial, únicamente por lo que hace al imputado JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN, precisamente en el momento en que el asesor jurídico solicita el uso de la palabra para los efectos que indicó y que ya quedaron precisados, si fuera el caso deberá otorgar el receso que había solicitado el ministerio público para hablar con el asesor jurídico, y en caso de que ya hubieren hablado, una vez que termine la intervención del asesor jurídico en cuanto a su pretensión, deberá oír al ministerio público, y al defensor particular de dicho imputado, y resolver en consecuencia en cuanto a la pretensión del citado asesor jurídico, una vez realizado lo anterior, deberá continuar por sus fases la audiencia inicial hasta llegar, con plenitud de jurisdicción, a resolver la situación jurídica del imputado JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en perjuicio de la víctima directa CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A DE C.V., la imposición de medidas cautelares, si procediere, y desde luego pronunciarse acerca del plazo para cerrar la investigación, si también fuera procedente y continuar con la secuela del proceso". [resaltado propio de este Juzgado] Como se aprecia, la razón toral que tuvo la autoridad responsable para declarar la nulidad del auto de no vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintidós, decretado a favor del quejoso José Juan Flores Guzmán, y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia inicial, en la causa penal 786/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, obedeció a que se existió una violación a las reglas del debido proceso, en términos del artículo 482, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que en la audiencia inicial le fue vedado al asesor jurídico el derecho para pronunciarse respecto a la formulación de la imputación, ya que a su criterio de los datos de prueba se colegían otros hechos que deberían adicionarse. En tanto, en el diverso juicio de amparo 1384/2022, el acto reclamado al Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consiste en la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/09/2022, que declaró la nulidad de la audiencia de comunicación de imputación y de ampliación de término constitucional de veintidós y veinticinco de junio del año próximo pasado, celebradas en la causa penal 786/2021, en la que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Rubén Alcides Miguel Miguel por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico en perjuicio patrimonial de la persona moral Construcción Total Integral Vecra, Sociedad Anónima de Capital Variable, y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la formulación de la imputación. En su parte medular, esa decisión es del tenor: "(.) X. Estudio al derecho fundamental del debido proceso. 14. (.) Esta autoridad al realizar la revisión del presente asunto, advierte que si bien es cierto fue correcto que el Juez A QUO dictada auto de vinculación a proceso al haberse satisfecho los requisitos que la ley exige; también es cierto que, en el desarrollo de la audiencia de imputación inicial, la víctima no contó con la oportunidad de realizar manifestaciones en cuanto al hecho comunicado, motivo por el cual hubo una violación al debido proceso en su perjuicio. 15. Es importante precisar que, si bien el auto de vinculación a proceso resuelto por el Juez de Control no afecta los intereses de la víctima; en contraste, el hecho mal establecido o fijado sí le perjudica, ello porque el hecho controvertido es la base por los que se seguirá el proceso penal hasta el final, razón por la cual trasciende en etapas posteriores. (.) 22. En el presente asunto, de la lectura integral del escrito de formulación de agravios presentado por los recurrentes, se advierte que reprochan la determinación del Juez de Control respecto a los hechos que dio por establecidos, ya que no se permitió al asesor jurídico realizar en representación de la víctima aclaraciones, precisiones o adiciones a los hechos erróneos e incompletos que formuló la representación social en su imputación inicial, lo cual trascendió al momento en que el Juez de Control dio por establecidos en el auto de vinculación a proceso, los hechos de manera errónea e incompletos. (.) 53. De acuerdo a esa perspectiva, quien resuelve se abstiene de entrar al estudio del fondo del presente asunto, al apreciar que se violó en perjuicio de la víctima su derecho humano a intervenir en el proceso penal en condiciones de igualdad, al haberse negado al asesor jurídico la oportunidad de realizar manifestaciones en cuanto al hecho comunicado por la Agente del Ministerio Público (.) (.) 56. Por tanto, con fundamento en el artículo 99 del Código aludido, esta Autoridad declara nula de oficio, la audiencia de comunicación de imputación y de ampliación de término constitucional de veintidós y veinticinco de junio de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal 786/2021, que se instruye en contra de Rubén Alcides Miguel Miguel (.). Ello, porque estamos en presencia de actos de imposible saneamiento y convalidación. XII. Reposición del procedimiento. 57. Sobre esa base, se ordena la reposición del procedimiento a partir de la formulación de la imputación, para efectos de que el Juez de Control, del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por lo que respecta al imputado Rubén Alcides Miguel Miguel, realice lo siguiente: a) Señale fecha y hora para que, con la debida asistencia de las partes, celebre la audiencia inicial a partir de la comunicación de la imputación. b) Se otorgue el derecho al asesor jurídico de la víctima para que vierta sus argumentos respecto al hecho comunicado. c) Resuelva conforme a derecho la situación jurídica del imputado. d) De dictarse auto de vinculación a proceso, se pronuncie sobre la imposición de medidas cautelares en caso de que así sea solicitado; y con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proceda en cuanto al plazo para el cierre de investigación complementaria, en caso de que ésta (sic) sea necesario". De lo anterior se advierte que la razón medular que tuvo la autoridad responsable para declarar nula la audiencia de comunicación de imputación y de ampliación de término constitucional, de veintidós y veinticinco de junio de dos mil veintidós, y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la formulación de la imputación, en la causa penal 786/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, radicó en que existió una violación al procedimiento porque no se permitió al asesor jurídico de la víctima realizar aclaraciones, precisiones o adiciones, a los hechos formulados por la representación social en su imputación inicial, lo cual trascendió al resultado, porque el juez de control dio por establecidos hechos erróneos e incompletos. En esas condiciones, es evidente que los actos reclamados en este asunto, por los efectos y las consecuencias que generan, no tiene una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. Es así, porque los actos impugnados involucran exclusivamente derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, por lo que no ocasionan a los peticionarios del amparo un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, ni lesionan bienes jurídicos cuya fuente no deriva únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Se sostiene lo anterior, porque las consecuencias de la regularización de la causa penal, consisten en que el juez responsable, en ambos casos, otorgue al asesor jurídico de la víctima el derecho para que vierta sus argumentos respecto al hecho comunicado por el Ministerio Público y después siga la secuela procesal, emitiendo nuevo pronunciamiento en cuanto la situación jurídica de los imputados José Juan Flores Guzmán y Rubén Alcides Miguel Miguel. Por tanto, dichas decisiones no son de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, lo cual que en este caso no ocurre, porque una vez subsanada la violación procesal estimada por los tribunales de alzada, los aquí quejosos pueden obtener un resultado favorable a sus intereses legales, y en caso no ser así, estarán en aptitud de interponer el recurso correspondiente. Además, dichas resoluciones tampoco vulneran derechos fundamentales de los peticionarios del amparo, ya que no se encuentran privados de su libertad, en la medida que José Juan Flores Guzmán no fue vinculado a proceso, mientras que a Rubén Alcides Miguel Miguel, le fue impuesta como medida cautelar presentación periódica ante el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se aprecia en la siguiente transcripción: "EN SAN FRANCISCO TANIVET, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA; A VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. VISTA Y OÍDA, la solicitud que hace la Agente del Ministerio Público, respecto de la imposición de la MEDIDA CAUTELAR de manera definitiva dentro de la causa penal 786/2021, que se instruye en contra de RUBÉN ALCIDES MIGUEL MIGUEL, por el hecho que la Ley señala como delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en perjuicio patrimonial de la persona moral CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en base a los siguientes; (.) Entonces, de conformidad con el numeral 16 de la Constitución Federal, 154 fracción II, 155 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese sentido esta autoridad establece que la medida cautelar que se va a fijar es que el imputado el señor Rubén Alcides Miguel Miguel, vaya a firmar precisamente ante el Ministerio Público los días primero y quince de cada mes, en ese sentido se establece la medida cautelar, toman (sic) en cuenta que está autoridad puede poner otra diversa mientras no sea más gravosa, esto lo establece el 157 del ordenamiento legal, se impone precisamente la fracción VI que UMECA vigile el cumplimiento de esta medida cautelar, medidas que durarán durante el tiempo que dure el proceso". [resaltado nuestro] En conclusión, los actos reclamados en este juicio no constituyen una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 12/2023, en sesión ordinaria virtual del día diez de mayo de dos mil veintitrés, en la que confirmó la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio de amparo 983/2022, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por un acto idéntico a los aquí analizados. Interpretada en sentido contrario, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2013282, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México". De igual forma es aplicable, por su sentido, la tesis I.9o.P.1 P (11a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2023499, del tenor: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE ORDENA AL JUEZ LA REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL QUEJOSO -NO PRIVADO DE SU LIBERTAD- POR NO HABERSE SUSTANCIADO EL INCIDENTE RESPECTIVO CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2016 (10a.)]. Hechos: Un Juez de proceso penal mixto, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) abrogado, determinó procedente el incidente no especificado de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por lo que la modificó y, en su lugar, decretó otras, que dieron lugar a su excarcelación. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación y la Sala, al advertir que el incidente que se sustanció no fue el adecuado, al haberse utilizado el código adjetivo local y no el Código Nacional de Procedimientos Penales, le devolvió al Juez el cuadernillo respectivo para que regularizara el procedimiento, realizara las diligencias necesarias conforme a este último ordenamiento y, en un nuevo estudio, se pronunciara sobre la solicitud del quejoso. Inconforme con lo anterior, éste promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez de Distrito lo sobreseyó, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, por reclamarse una resolución que sólo tiene efectos formales o intraprocesales; en su contra, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del Tribunal de Alzada que ordena la regularización del procedimiento de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso -no privado de su libertad-, por no haberse sustanciado el incidente respectivo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos. Justificación: Lo anterior, porque con la emisión del acto reclamado no existe una afectación de derechos sustantivos contra el quejoso, ya que las consecuencias de la referida regularización del procedimiento son que el Juez responsable se pronuncie en relación con la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, realice las diligencias necesarias conforme al ordenamiento legal aplicable al caso, y emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del justiciable; actuar que, se reitera, no es de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales. Aunado a lo anterior, en la regularización reclamada no se le priva de la oportunidad de defensa al quejoso sino, por el contrario, se le permite realizar una nueva exposición sobre la solicitud de revisión y/o modificación de la medida cautelar con mayores elementos de prueba y argumentación; además, no debe perderse de vista que tal determinación, por sí, no genera afectación alguna a sus derechos fundamentales, ni deja huella en su esfera jurídica, porque esa violación, en su caso, podrá reclamarse a través del medio de defensa adecuado para ello. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Criterio que en el caso resulta inaplicable, toda vez que, en primer lugar, el recurrente se encuentra a disposición del Juez del proceso, pero ya no privado de su libertad; de ahí que no pueda estimarse que se encuentra en prisión preventiva y, como tal, que con la decisión del Tribunal de Alzada se prolongue su reclusión y, en segundo, no se advierte que la vulneración de derechos fundamentales que aduce el quejoso, aquí recurrente, esté relacionada con el hecho de que, a partir de la reposición del procedimiento, se esté posponiendo la decisión final, sino que, por el contrario, se trata de una determinación incidental que ordenó la regularización del procedimiento. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado ante la instancia de origen deba considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto". [resaltado nuestro] Por tanto, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento extensivo. Lo que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al no habérsele atribuido vicios propios, sino como consecuencia del acto de ordenamiento (toca penal JOTPAI/018/2022, de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca). De igual forma, atento al sobreseimiento que se hizo respecto de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza en funciones de titular de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTPAI/018/2022, igual determinación debe realizarse respecto a las normas que se tildan de inconstitucionales (Acuerdo General 7/2021, así como los artículos 20, segundo párrafo, fracción I; 20, Bis; 20 Ter; 20 Quater y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca), dado que no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola, considerada en abstracto, pues la vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro; por tanto, al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya, que en esencia versan sobre la modificación de la denominación de las Salas Penales, creación e instalación de las Salas Penales Unitarias y competencia de las Salas Penales Colegiadas y Salas Penales Unitarias. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 232802, cuya literalidad es: "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna la constitucionalidad de una ley no a raíz de su sola vigencia, por afectar desde luego a la parte quejosa, sino a consecuencia de actos concretos de aplicación, y la sentencia sobresee el juicio respecto a todos los actos de aplicación de la ley, y en el recurso se combate únicamente la sentencia en cuanto negó el amparo respecto a la ley, no así en cuanto sobreseyó el juicio a propósito de los actos de aplicación, lo anterior tiene como consecuencia que deba revocarse la negativa del amparo y decretarse el sobreseimiento del juicio, también en relación a la ley que se reclama, porque si se impugnó su constitucionalidad por haberse producido actos de aplicación, y tocante a éstos se sobreseyó el juicio, y contra el sobreseimiento no se inconforma el recurrente, desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley". Finalmente, resulta innecesario el estudio de las diversas causas de improcedencia que hacen valer el Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia, previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no variaría el sentido de este fallo. Como sustento se invoca la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 195744, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." El criterio que precede a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, en atención a que no se opone a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1351/2022 y acumulado 1384/2022, promovido por José Juan Flores Guzmán y Rubén Alcides Miguel Miguel, respectivamente, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el resultando segundo y por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
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