José Juan Fernández Aguilar

Expediente 1053/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 54 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1053/2018
Año
2018
Actuaciones
54
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • José Juan Fernández Aguilar
  • Héctor Manuel Hernández del Campo
  • Juez de Control y Juicio Oral, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, informa que causó estado el proveído de dos de octubre del año en curso, por el que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto.

  2. Principal

    Se comisiona actuario notificar a la parte tercero interesada, el auto de cinco de julio de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra constancia de notificación del proveído de cinco de julio del año en curso, al tercero interesado Héctor Manuel Hernández del Campo; por lo tanto, comisiónese al actuario de este juzgado que corresponda, para que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifique al tercero interesado de mérito por sí y como víctima indirecta de Marbel Irais Tinoco Mejía, el precitado auto. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Silvia Clementina Ochoa Castillo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe." Xalapa, Veracruz; cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de veinte días que establece el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que el quejoso acreditara la publicación de los edictos ordenado en proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 191 y 192), transcurrió del diecisiete de mayo al trece de junio del año en curso, toda vez que fueron entregados a Juan Carlos Espindola Huerta, autorizado de la parte quejosa el quince de mayo de la anualidad que transcurre (foja 201). Sirve de apoyó a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 27, Libro 22, septiembre de dos mil quince, Tomo I, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto establecen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN." En mérito de lo anterior, opera el sobreseimiento en el presente juicio, en razón de lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Los artículos invocados, en lo conducente disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter." Cierto, el artículo 26, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero perjudicado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero perjudicado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al Juzgador a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio de la parte tercero interesada en este caso de Apolinar Escobedo Pedraza; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos ni paga su publicación ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del quejoso. Así es, el emplazamiento del aludido tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, por falta de integración. Bajo estas premisas y analizadas las constancias del juicio de amparo en que se actúa, se advierte lo siguiente: 1. Mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, le fue reconocido el carácter de tercero interesado a Apolinar Escobedo Pedraza (fojas 77 a 79). 2. Ahora bien, dada la imposibilidad que existió para emplazar a juicio a la parte en cuestión, en el domicilio señalado en autos para tal efecto, mediante proveído de veintiuno de diciembre siguiente (foja 112), se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercero en comento, por lo que, dicho término transcurrió del veintisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que fue notificado por lista de acuerdos el veinticuatro de diciembre del año en cita (foja 118). 3. Así, dado que la parte quejosa no proporcionó el domicilio donde pudiera llevarse a cabo la diligencia de emplazamiento de trato, por auto de nueve de enero del año en curso, se ordenó la investigación de domicilio respectiva, girando los oficios a las autoridades auxiliares correspondientes, a fin de que informaran lo conducente en relación a lo solicitado (fojas 126 y 127). 4. En razón de que tras hecha la investigación respectiva, no se encontró domicilio alguno donde pudiera ser emplazado a juicio la parte tercero interesada, en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 191 Y 192), se procedió a ordenar el emplazamiento de Apolinar Escobedo Pedraza, por medio de edictos, requiriendo a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, compareciera ante este juzgado federal a recibir y acreditar la publicación de los mismos, sin que así lo hiciera, no obstante de encontrarse debidamente notificado dicho proveído a través de lista de acuerdos publicada el once de abril de la anualidad que transcurre (fojas 194). 5. Por auto de veintiuno de junio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días acreditara la publicación de los edictos correspondientes, o bien manifestara algún impedimento para ello (foja 203). Ahora bien, de lo anterior se advierte que no fue posible el llamamiento a juicio del tercero interesado Apolinar Escobedo Pedraza, no obstante de las medidas adoptadas a fin de investigar el domicilio de la parte nombrada, motivo por el cual, se ordenó que dicho emplazamiento se efectuara por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado, este juzgado por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso (foja 203) requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fuera entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio, proveído que se notificó por lista de acuerdos el veintisiete de junio del presente, previo citatorio de veinticuatro de junio del mismo año (fojas 204 y 205). En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo, pues ha transcurrido el plazo concedido a la misma, sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificada de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. De modo que, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, en relación con el diverso 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues al no publicar los edictos ordenados, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, lo que no resulta atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio de amparo, tampoco quedó acreditado que la quejosa sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, Novena Época, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar al tercero interesado, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Lo precario de sus ingresos. b) Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad de la promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que la quejosa carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época, de rubro: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA." En las relatadas condiciones, como se adelantó, el quejoso no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.16o.T.7 K (10a.) sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en página 2646, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la Secretaria Ariana Escobar Fernández, que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Parte quejosa interpone recurso de revisión; dese trámite; córrase traslado a las partes; fórmese cuaderno de antecedentes; una vez que las partes se encuentren debidamente notificadas, remítase el juicio en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito.

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