JOSE JUAN ESPINOSA TORRES y Otros.

Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
86/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • JOSE JUAN ESPINOSA TORRES y Otros.
  • Jose Juan Espinosa Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos, se advierte que está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se puede celebrar en virtud de que aún no obra la totalidad de emplazamientos de los terceros interesados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. En ese sentido, y en virtud de que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***********, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, Puebla, y otras autoridades, atento a su contenido; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 86/2021. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se inicie dicho proceso constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Así, es necesario aclarar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; debido a que es a través de la firma que el quejoso manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su sustanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel que la revele para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos, la impresión de la huella digital o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al presentarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por ******************** carece de evidencia criptográfica de su suscriptor, conforme a la certificación secretarial de cuenta. Por tanto, no se advierte la manifestación de voluntad de ******************** de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la firma, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, pues con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la leyEn atención a los razonamientos esgrimidos, se concluye que no se le puede dar trámite alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada vía electrónica, sin la evidencia criptográfica correspondiente. Se precisa, que las promociones que carecen de la firma electrónica de quienes las suscriben, como la que en el caso nos ocupa, no contienen la manifestación de la voluntad del mencionado suscriptor, y por tanto, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgado está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en el que se dispuso los casos en los que es procedente la demanda de amparo sin necesidad de cumplir con el requisito de la firma electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco pasa inadvertido para este juzgador que la demanda cuenta con la firma electrónica de ********************, quien es propuesta por el quejoso para ser autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, no debe perderse de vista que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 47/2018, señaló que si bien la firma electrónica tiene como objetivo facilitar la tramitación del juicio de amparo, en el supuesto se presenta una demanda de amparo en el Portal respectivo, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al justiciable para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su propia firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracciones X y XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación con el artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona el quejoso en el proemio de su demanda. Por otro lado, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************al no tener registradas las cédulas profesionales que los acrediten como licenciados en Derecho, en el mencionado sistema registral. Se hace notar a todas las partes que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

  3. Principal

    Vistos los autos se advierte que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, se interrumpió el trámite regular del presente asunto **. Por tanto, *** se reactiva el trámite en este expediente. Por otro lado, ** se recibe y agrega: Oficio ** signado por el Juez de lo Penal con residencia en Izúcar de Matamoros, Puebla. Mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 5/2021, con numero de orden 6/2021, de la estadística de este Juzgado de Distrito, mismo que fue enviado para localizar a la tercera interesada Yessenia Aguirre Beltrán; no obstante a lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por auto de veintiocho de enero pasado, se acordó lo procedente con la referida comunicación oficial. Por otra parte, en virtud de que no se llevó a cabo la audiencia constitucional programada en el presente asunto, se fija como nueva fecha y hora las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTINUNO y tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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