Jose Juan Diaz Lopez

Expediente 626/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
626/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Juan Diaz Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 626/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, toda vez que la parte quejosa se encuentra recluido, gírese exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios de su adscripción para que se constituya en el interior del Centro Federal de Reinserción Social Número Doce, CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de que notifique al quejoso José Juan Díaz López el presente auto, corriéndole traslado con copia del misma. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez federal exhortado a fin de que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 626/2018-V, promovido por JUAN JOSÉ DÍAZ LÓPEZ. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y trámite de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, JUAN JOSÉ DÍAZ LÓPEZ, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades, 1) Directora General, 2) Subdirector del Área Médica y 3) Consejo Técnico, todas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda y tramitación del recurso de queja. Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda bajo el número de expediente 626/2018-V, y al advertirse una causal de improcedencia notoria y manifiesta, se desechó. La parte quejosa interpuso recurso de queja contra el acuerdo referido, que fue declarado fundado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante resolución emitida en sesión de quince de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 171/2018. TERCERO. Admisión de la demanda. A través de auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho se admitió la demanda, por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en los siguientes: La omisión de proporcionarle de forma completa, los medicamentos necesarios para los padecimientos que presenta. Tales actos los atribuye a las autoridades, 1) Directora General, 2) Subdirector del Área Médica y 3) Consejo Técnico, todas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, no obstante encontrarse debidamente notificadas, como se aprecia de las constancias respectivas (fojas 113, 114 y 115), se abstuvieron de rendir su respectivo informe justificado. En ese sentido, se presume cierto el acto reclamado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; sin embargo, deberá analizarse si contra ellos es procedente el juicio de garantías. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. En ese sentido, por lo que hace a los actos reclamados consistentes la omisión de proporcionar al peticionario de amparo, de forma completa, los medicamentos necesarios para los padecimientos que presenta; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues se estima que no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Encuentra sustento lo argumentado, en la jurisprudencia 17/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". En el caso, los actos son combatidos por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, por lo que se encuentran vinculados con la vida penitenciaria en dicho centro, observando que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, lo que trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como inherentes e integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente. En adición a lo vertido, es oportuno destacar que con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, se realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), con registro 2005105, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Reforma Constitucional en la que se consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Ahora bien, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario de amparo, podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, la persona interna tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016370, Tesis III.2o.P.135 P (10a.), del rubro "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Ilustra el tema de vigencia de la Ley Nacional Ejecución Penal, la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, página 3157, de número de registro 2016366, del siguiente rubro "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA.". Por tanto, se aprecia que la parte quejosa, acude a reclamar en esta instancia constitucional la omisión de proporcionarle de forma completa los medicamentos necesarios para los padecimientos que presenta. Sin que la parte quejosa manifestara bajo protesta de decir verdad encontrarse en un riesgo grave hacia su vida o integridad física a causa de los actos que reclama, sino sólo que no se le otorga la totalidad de los medicamentos que tiene prescritos para su atención psiquiátrica, pues inclusive afirma que sí ha recibido la atención médica correspondiente. Sin embargo, no observó el procedimiento legalmente establecido a la luz de las reformas constitucionales invocadas, ya que la explicada afectación que aduce, está inmersa en aquéllos actos u omisiones que afectan las condiciones de vida digna en la situación de internamiento en que se encuentra JOSÉ JUAN DÍAZ LÓPEZ, a virtud de un procedimiento de naturaleza penal y de ahí que se consideren como regulados por la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto que tales aspectos relacionados con la atención médica y por ende si reclama la omisión de las autoridades responsables, de proporcionarle la totalidad de los medicamentos que requiere de acuerdo a sus padecimientos, sin que aduzca que ha llevado a cabo el protocolo del Centro de reclusión para obtener la atención médica adecuada sin obtener una respuesta favorable; por consiguiente, de obrar en dichos términos y sin recibir respuesta, o bien, si ésta es en sentido negativo estaría en aptitud de formular controversia ante el Juez de Ejecución. No se soslaya el hecho que el derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra integrado en la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la reinserción social se centra -entre otros derechos humanos- en el de la salud, ya que en los centros de reinserción las personas privadas de la libertad deben recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud vinculando incluso a la Secretaría del ramo a su cumplimiento, pues ello no desvincula dicha obligación a los sujetos procesales relacionados con el acto de autoridad que mantiene a dicha la persona privada de la libertad y, por ende, obligada a vigilar su situación de salud. En efecto, la parte quejosa, como persona interna, si solicita la atención médica a las autoridades del centro penitenciario en el que se encuentra en reclusión y éstas omiten proporcionársela, está en aptitud de formular controversia ante el Juez de Ejecución. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Queda en evidencia que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y que se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal. Por ello no pueden ser combatidos en esta instancia constitucional, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener, de ser necesaria, la atención médica, en la vertiente de recibir de forma completa los medicamentos que tiene prescritos, haciendo la solicitud a las autoridades del Centro Penitenciario y si éstas omiten hacerlo, podrá acudir ante el juez de ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad; razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución General de la República. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así como la tesis XVI.1o.P (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". Igual es aplicable la siguiente jurisprudencia: PC.III.P. J/18 P de la Décima Época, emitida por los Plenos de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017822, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". Así las cosas, es dable señalar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionarle de forma completa los medicamentos que requiere. Sin embargo, no elevó su petición ante la autoridad carcelaria ni mucho menos acudió ante el Juez de Ejecución previo a promover el presente juicio de amparo ya que, se insiste, a través de él es posible lograr que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto a su petición. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le preste asistencia médica, la parte interesada debe -previamente a la promoción de la acción constitucional- promover las acciones tendentes a atender el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así, es que se actualiza causa de improcedencia en análisis. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, ignorando las instancias competentes ante quienes debe dilucidarse lo planteado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis por la autoridad competente. Así, como quedó apuntado, la parte quejosa acude al juicio de amparo reclamando la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionarle de forma completa los medicamentos que requiere. No obstante, conforme a lo antes citado, debió formular primero la petición ante la autoridad carcelaria y ya con la negativa o la omisión formular controversia ante el Juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En conclusión, todo lo relativo a los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; sus condiciones de internamiento, entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución. En las relatadas condiciones, al actualizarse la casusa de improcedencia invocada, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa se encuentra recluido, gírese exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios de su adscripción para que se constituya en el interior del Centro Federal de Reinserción Social Número Doce, CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de que notifique al quejoso José Juan Díaz López la presente sentencia, corriéndole traslado con copia de la misma. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez federal exhortado a fin de que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN JOSÉ DÍAZ LÓPEZ, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos subsecuentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 728/2018; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora, de la comunicación oficial se advierte que el quejoso manifiesta lo siguiente: "Por medio del presente solicito copia del escrito inicial. Gracias." En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia de la demanda de amparo al quejoso, la que deberá serle entregada al momento de notificarle el presente proveído. En consecuencia, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste al quejoso José Juan Díaz López quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos y realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia, haciendo constar la recepción de los documentos que se anexan. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra en autos el despacho 728/2018 ordenado por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, a fin de notificar al quejoso el auto de admisión de la demanda de amparo; en mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las once horas del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. En consecuencia, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste, al quejoso José Juan Díaz López quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos y realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia, haciendo constar la recepción de los documentos que se anexan. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza da fe.

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