José Juan Barrera Andrade

Expediente 1203/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1203/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • José Juan Barrera Andrade
  • José Juan Barrera Andrade y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local del Valle Cuautitlán-Texcoco, por medio del cual acusa recibo del expediente laboral número ********************, de su índice, que remitiera en apoyo a su informe justificado. Téngase por acusada la recepción de los documentos en cita, para los efectos legales conducente. Ahora bien, cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que se advierte que obran los autos originales del expediente laboral ******************** (en un tomo por separado), que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse los mismos para los efectos legales a que haya lugar. Se requiere a la autoridad de referencia para que, dentro del término de tres días legalmente computados, acuse recibo mediante oficio de los autos originales de mérito. Lo anterior con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese: por oficio al Presidente de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por ******************************************, a través del cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído dictado en veinticinco de octubre de la presente anualidad. En ese tenor, se tiene por desahogada la prevención que le fue formulada a la parte quejosa en el referido proveído; en consecuencia, se tiene por aclarado su escrito inicial de demanda de amparo, promovida contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado. El auto de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado por la Junta responsable en el expediente J5B/248/2017, en el cual tuvo por prescrito el plazo para ejecutar el laudo dictado en dicho expediente. Autoridad Responsable Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Desechamiento No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De igual forma, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En ese contexto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en: El auto de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado por la junta responsable en el expediente J5B/248/2017, en el cual tuvo por prescrito el plazo para ejecutar el laudo dictado en dicho expediente. Por su parte, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo ?anterior a las reformas de dos mil diecinueve, pero aplicable al caso?, establece: "De la Revisión de los Actos de Ejecución Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS estableció: Que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deben de llevar a cabo la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y, de un análisis de los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a las reformas de dos mil diecinueve), revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión, contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Atinente al tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Que de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende, que los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614 y 616 de la misma ley. De lo anterior, se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, por tanto, es claro que el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo es el idóneo para combatir actos de los presidentes en ejecución de laudos. En el caso concreto, al no existir excepción al principio de definitividad, se advierte que la parte quejosa se encontraba obligada a interponer contra el auto reclamado, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la interposición del juicio de amparo pues a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, que establece: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que el acto reclamado no es definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el Sistema Inegral de Seguimiento de Expedientes la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notificación a la parte quejosa. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en calle Martínez de Meza número treinta y dos, Manzana doce, Lote cinco, Fraccionamiento Jardines de San Gabriel, código postal 55220, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. /Luis*

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, se declara que dicho acuerdo queda firme, para todos los efectos legales conducentes. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese por lista las partes.

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