José Juan Ávila Rodríguez

Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
857/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Fedración adscrito
  • Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
  • José Juan Ávila Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. No es óbice para lo anterior, que en autos no obre la pieza postal del oficio con el cual se ordenó la notificación de la sentencia a las autoridades señaladas como responsables, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo que sobresee en el presente juicio de amparo, no afecta directamente los actos que de ella se reclama. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales, previa depuración, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la autoridad, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica.

  3. Principal

    Vista la constancia actuarial de ratificación de demanda de amparo, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, de la que se advierte que el directo quejoso, José Juan Ávila Rodríguez, manifestó ratificar la demanda de amparo, por lo que procédase como a continuación se indica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. Establecido lo anterior, este juzgador considera que respecto de las autoridades Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director General de los Centros de Reinserción Social de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de Aquiles Serdán, Chihuahua y Director de la Policía de Custodia y Medidas Judiciales de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en esta ciudad; no sólo por la naturaleza de los actos reclamados en esta vía, sino también por su falta de intervención al efecto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Del primero de los preceptos transcritos, se advierte la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Lo que implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, porque ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, a criterio de este juzgador se considera que dicho numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependencia del contenido de otra de nuestra Carta Magna o de la ley de la materia. De ahí pues, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Sin dejar de mencionar que tal configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en la Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la escritura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Luego, si la ley de la materia contiene una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra Carta Magna o de la Ley de Amparo, lo que implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales no son los únicos en los que la vía constitucional resulta improcedente, porque existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de este juzgador, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 5°, fracción II, en el cual se prevé quién es autoridad para efectos de este juicio, como se advierte del contenido transcrito en parágrafos precedentes. Como puede advertirse en el numeral de que se trata, por disposición expresa de la Ley de Amparo, es autoridad responsable para efectos del propio juicio constitucional, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de llevarse a cabo crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. Esto es, que con independencia de que alguna autoridad esté legalmente facultada para efectuar los actos que se le puedan atribuir en un juicio de amparo, lo cierto es que sólo le asiste el carácter de autoridad responsable, a quien en realidad, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que creen, modifiquen, o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de efectuarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, pues, para efectos del juicio de amparo, no se trata de saber a quién compete legalmente la emisión del propio acto reclamado, sino más bien qué autoridad realmente lo emitió o participó en él, o bien, omitió hacerlo. Sobre todo si se toma en cuenta que la participación de una autoridad en los actos que se reclamen en el juicio constitucional, constituye una cuestión de hecho que debe probarse de manera fehaciente en el juicio, pues en dado caso debe acontecer que alguna autoridad emita, ordene o mande ejecutar ciertos actos, pese a que carezcan de una atribución legal para tal fin, o bien, que aun cuando tenga facultades legales para intervenir en determinados actos no lo haga. Por tanto, se itera que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizar crearía, modificaría o extinguiría las situaciones jurídicas de que se trata. Sobre ese particular, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia ciento siete, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1925, tomo VI, Común, Parte SCJN, visible en la página sesenta y nueve, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO. Lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo." De lo expuesto, se colige que, en la especie, no hay un dato revelador de alguna ejecución de los actos respectivos, por lo menos por las autoridades referidas, en sí, ni siquiera un principio de ejecución de los propios actos, precisamente, porque el quejoso permanece en su lugar de reclusión hasta la presentación de la demanda de amparo, que es ajeno al de tales autoridades. En efecto, tal como lo manifiesta el quejoso por conducto de quien lo representa en la demanda de amparo, su traslado aún no se ejecuta materialmente, lo que significa, en otras palabras, que en la especie no hay, siquiera un principio de ejecución de los actos de que se trata. Si esto es así, es claro que en el mejor de los casos se trata de actos carentes de ejecución, por lo menos para las autoridades mencionadas, lo que se explica porque el traslado, como tal, en todo caso tendrá su punto de partida en esta ciudad, dada su propia naturaleza de tracto sucesivo, de ahí que, se insiste, mientras esto no suceda dichas autoridades carecen de una participación al efecto, con mayor razón si se tiene presente que no hay dato revelador de que la parte impetrante será trasladada a la ciudad de residencia de aquellas autoridades. Por lo demás, no escapa a la consideración del suscrito lo expuesto en la propia demanda en cuanto a que se ha ordenado su traslado a diverso centro penitenciario. Sin embargo, esta circunstancia, por sí, no basta para tratar de justificar la participación de las autoridades en mención, pues, aparte de que esto no es un principio de ejecución de traslado, debe tenerse presente que para el efecto de la vía constitucional sólo deben tomarse en cuenta actos de autoridades, respecto de lo que en el caso no existe certeza alguna sobre el particular. Por lo anterior, es incuestionable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicho cuerpo de leyes, aplicado en sentido contrario, por lo menos por las autoridades foráneas, no sólo por la naturaleza de los actos reclamados en esta vía, sino también por la falta de su intervención al efecto. En congruencia con todo lo anterior, lo procedente en este caso, es con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, respecto de las autoridades antes mencionadas. Con independencia de lo señalado, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por el quejoso José Juan Ávila Rodríguez, únicamente contra los actos que reclama del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Fiscal General del Estado, con residencia en la Capital de esta Entidad Federativa, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (denominación correcta de la señalada como Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales), Director del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social (denominación correcta de la señalada como Jefe del Departamento de Ejecución de Medidas Judiciales), de Aquiles Serdán, Chihuahua, Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta localidad fronteriza; los cuales considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin tramitarse incidente de suspensión toda vez que ya ha sido decretada la suspensión de plano, la cual tiene mayor alcance, incluso que la suspensión provisional y definitiva que pudiera llegar a concederse. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (84.49), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Atinente a ello, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridad federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga lugar la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (84.49), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley De Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el aludido artículo 278 del ordenamiento legal invocado, expídase al promovente copia autorizada de este y de los subsecuentes acuerdos y entréguense al momento de su notificación, asentándose razón de su recibo para que quede constancia en autos. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (03) en esta localidad fronteriza, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, ésta y las subsecuentes notificaciones deberán realizarse en forma personal en dicho centro de reclusión. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano judicial de amparo para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, cualquier divulgación será bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Por otro lado, visto el oficio signado por el Subdirector del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda por medio del cual se le tiene haciendo del conocimiento que no ha cometido actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en contra del quejoso, por lo que se le tiene informando sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente sumario constitucional. Por su parte, vista la diversa comunicación al parecer enviada por el citado ocursante, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que efectuado su análisis, se advierte que carece de firma autógrafa y por ello, no es factible atribuirle su autoría al mencionado promovente, máxime que para establecer la obligatoriedad de los actos jurídicos, se requiere de la forma escrita, autentificándolos por medio de la firma que no es otra cosa que la exteriorización de la voluntad del promovente, por lo tanto y si como en la especie ocurre, no se estampó la firma del ocursante, entonces no se manifestó su voluntad.

  4. Principal

    Vista la demanda promovida por el Jorge Salome Bissuet Galarza, en representación de José Juan Avila Rodríguez, formulada en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, contra actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, y otras autoridades, de quienes reclama la incomunicación, de que dice, es objeto el directamente agraviado, así como la orden de traslado que dice dichas autoridades pretenden ejecutar. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 857/2019-II. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado por el promovente de amparo. Con fundamento en los numerales 24 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Montes Urales número 6131. Ahora bien, con la finalidad de estar en aptitud de proveer lo procedente respecto a la suspensión de los actos que se reclaman, es importante que éstos queden debidamente establecidos, pues de ello depende los términos en que debe decretarse. Como se dijo, de la lectura de la demanda se obtiene que el promovente reclama la orden dictada en su contra para trasladarlo de las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (03) en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se encuentra recluido, a cualquier otro centro de reclusión en esta Entidad Federativa, la ejecución de dicho mandamiento, así como la incomunicación de que es objeto. Toda vez la orden de traslado e incomunicación que combate el quejoso, es atribuida a autoridades distintas del Poder Judicial, es decir, autoridades administrativas, se estima que se trata de actos fuera de procedimiento que afectan indirectamente la libertad personal del promovente. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a/J.58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 865, registro 2013066, en su versión electrónica, del contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta". En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato los actos enunciados en el párrafo inmediato anterior (orden de traslado, su ejecución, así como la incomunicación y esta debe cesar de inmediato) y en caso de que las responsables no la hayan ejecutado, hasta esta fecha, se abstengan de llevarla a cabo. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. La suspensión concedida no surte efectos respecto de actos posteriores a su solicitud o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables. En la inteligencia de que esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si la autoridad responsable actúan en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control de constitucionalidad, en tratándose de la orden de traslado que se les atribuye, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tienden a restablecer el orden constitucional violado (artículo 128, fracción II, de la ley de la materia). Por otra parte, atendiendo a que la promovente del presente juicio de amparo manifiesta que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (03) en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por ello, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones de la Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (03) en Ciudad Juárez, Chihuahua, o bien, en cualquier lugar otro en el que pudiere estar el agraviado; a fin de que localice al directo quejoso José Juan Avila Rodríguez y, para ese efecto, el personal actuante, bajo su más estricta responsabilidad y en el caso, deberá realizar lo siguiente: a) Solicitar a los custodios del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (03) en Ciudad Juárez, Chihuahua, pongan ante el a José Juan Avila Rodríguez. b) Notificarle el presente proveído para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre; c) Requerir al quejoso para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. d) Dar fe del estado físico en el que se encuentra el quejoso; e) Apercibir al directo quejoso que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenido el agraviado, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, así como respecto a la orden de traslado, suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal del agraviado, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra el directo quejoso, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que dén a la presente determinación. g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial a efecto de que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (84.49) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, se informa a las autoridades responsables que está obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (84.49 pesos) según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo.

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