JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y Otros.

Expediente 595/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y Otros.
  • Fredy Justo Roberto

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. JUEZ DE DISTRITO SOLICITA COPIAS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, como lo solicita, mediante oficio que derive del presente proveído, remítansele las copias certificadas a que alude. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. EFECTIVO APERCIBIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a los quejosos en proveído de once de diciembre del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su interés legal convinieran respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, "Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán", a la fecha ha fenecido, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistente a la autoridad de mérito; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número I-595/2018, promovido por LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO, por su propio derecho, contra el acto del Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN URUAPAN, MICHOACÁN.- Mediante escrito presentado el cuatro de agosto dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO promovieron demanda de amparo, por su propio derecho, señalado como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables en cuanto ORDENADORAS a los JUECES DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, REGIÓN MORELIA, MICHOACÁN, con domicilio en. ASÍ COMO A LOS JUECES DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, REGIÓN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, con domicilio.; LOS JUECES DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio en.; LOS JUECES DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN, con domicilio en.; y en cuanto EJECUTORAS, señalo a los ciudadanos PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, FISCAL REGIÓN DE MORELIA, MICHOACÁN, al FISCAL REGIONAL DE LÁZARO, CÁRDENAS, MICHOACÁN, al FISCAL REGIONAL DE URUAPAN, MICHOACÁN, AL FISCAL REGIONAL DE ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACÁN y al COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio también ampliamente conocido en la capital del Estado". "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamamos de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de aprehensión que se ha dictado en nuestra contra para ser aprehendidos y privados de nuestra libertad personal con peligro inminente hasta de perder la vida; de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamamos su cumplimentación, con la resultante violación de nuestras garantías individuales" Acto que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 20, incisos A) y B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE Y DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA POR EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO CON SEDE EN URUAPAN, MICHOACÁN Por acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, dicho Juzgado Quinto de Distrito en el Estado admitió a trámite la aludida demanda de amparo, registrando el expediente con el número 352/2017-IV; solicitó a las autoridades responsables, sus respectivos informes justificados, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado; ordenó emplazar a los tercero interesados AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal IGNACIO BARRANCO VÁZQUEZ, lo que aconteció según se advierte a fojas 113 a 117 de este expediente; así como a la persona física BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ (foja 243 a 246 de este expediente) y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN MORELIA (foja 267 de este expediente); señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual celebró a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para resolver con sentencia terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho, en el sentido de declarar carecer de competencia legal para conocer el acto reclamado por los aludidos quejosos, virtud a que las autoridades responsables ejecutoras con sede en Uruapan y Lázaro Cárdenas, Michoacán, negaron la existencia de la ejecución al mandamiento de captura reclamado, mientras que de las constancias de la causa penal 526/2016, advirtió que la ejecución de la orden de aprehensión la ordenó el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a ese órgano jurisdiccional, a efecto de que girara instrucciones a los elementos de la policía a su cargo y procedieran a su ejecución. La anterior determinación de incompetencia, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, la declaró firme el cuatro de julio del dos mil dieciocho, acto en el cual también ordenó remitir el juicio de garantías al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán. TERCERO.- RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA MISMA.- El diecisiete de julio del dos mil dieciocho, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, recibió las constancias relativas al referido expediente 352/2017-IV, el cual fue turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, quien en proveído de dieciocho del mismo mes y año, lo tuvo por recibido, se avocó al conocimiento del mismo, registrándolo con el número I-595/2018, ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de Distrito, ordenó notificar a la totalidad de las partes la radicación del presente asunto y una vez acontecido ello, en proveído de dieciséis de agosto del año en cita, se ordenaron poner los autos en estado de resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es: La orden de aprehensión dictada en audiencia del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal número 526/2016, en contra de los ahora quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad personal, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 19 fracciones I y II, 20 fracción I y 24 fracción I de mismo ordenamiento legal, en agravio de BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ; así como el de robo calificado grave previsto y sancionado por los preceptos legales 199, 200 fracción III, 202, 204 fracciones I y II, 205 fracción I y 206 del Código Penal de Estado, en contra de la empresa AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A DE C.V. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento, Sistema Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, Fiscal Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el Fiscal Regional, ambos de Uruapan Michoacán; y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el Fiscal Regional ambos de Zamora, Michoacán, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, actos; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades precisados en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 237797 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 10 ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos. Amparo en revisión 2908/80. Felícitas Cano Delfín y otro. 5 de noviembre de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte: Sexta Epoca, Volumen LXXXIV, página 9, tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, CERTEZA DEL, A PESAR DE LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES.". Séptima Epoca, Volúmenes 91-96, página 7, tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO.". CUARTO.- Certeza del acto reclamado. En cambio, al rendir su respectivo informe justificado, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Director de Amparo de la Procuraduría General de Justicia del Estado en representación del titular de dicha dependencia, así como del Fiscal Regional; y el Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con sede en Morelia, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos reclamados; además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias así como el disco compacto relativo a la causa penal 526/2016, que el juez responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, del análisis exhaustivo tanto de las constancias que integran el expediente que se examina, como de las videograbaciones atinentes, no se obtiene que, en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia previstas por la Ley de Amparo; por tanto, lo que se impone es emprender el análisis del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. Luego, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el quejoso aduce toralmente que la orden de aprehensión combatida se emitió en contravención a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, porque en su concepto, la orden de aprehensión fue dictada sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y sin que se fundara y motivara la causa legal de la misma. Tal aserto resulta infundado, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, es menester precisar que, cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituya una orden de aprehension, el análisis de dicha actuación debe realizarse, conforme a la Ley de Amparo, esto es, considerando sus principios -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. En efecto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y como excepción para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Nove Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993, al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, se estima pertinente destacar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 del Pacto Federal, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan el derecho fundamental de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz las prerrogativas esenciales de la persona, consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 31/99, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Penal, página 285, que informa: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna". Expuesto lo anterior, se considera que no se vulneró derecho fundamental alguno en perjuicio de los solicitantes de la protección constitucional, ya que si bien atento al dispositivo 14 de la Constitución Federal, todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad, lo cierto es que tratándose de un mandamiento de captura se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia Ley Fundamental establece las condiciones para el libramiento de una orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se escuche al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicha orden esté precedida por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya lo anterior, la tesis IX.1o.33 P, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, página 1824, de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Por lo anterior, se considera que con el dictado de la orden de captura reclamada no se vulneró en perjuicio del quejoso el derecho fundamental que consagra el artículo 14 constitucional, ya que como se indicó, tratándose de mandamientos de aprehensión no rige el derecho fundamental de previa audiencia. Por otra parte, se insiste que no se transgredió derecho fundamental alguno de los disconformes, toda vez que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el precepto 16 constitucional y para demostrarlo, se destaca que es requisito de todo acto de molestia que deba estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Al respecto, se cita la jurisprudencia observable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Administrativa, página 52, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Expuesto lo anterior, debe señalarse que de la consulta del audio y video remitido por la autoridad jurisdiccional responsable se advierte que en la orden de aprehensión librada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 526/2016, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, citó entre otros los artículos 16 constitucional, así como 20, 133, fracción I y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se evidencia que no existe violación formal en cuanto a la falta de fundamentación y de motivación para dictar la orden de captura reclamada. Lo narrado, permite establecer que la responsable sí precisó en la orden de captura combatida diversos dispositivos legales tanto de la Constitución Federal como de la codificación adjetiva nacional de la materia, aunado a que también expuso las razones, los motivos y las circunstancias que tomó en cuenta para girar la orden de aprehensión impugnada, tal y como se pondrá de manifiesto en líneas siguientes. Así, para estar en posibilidad de demostrar la legalidad de la orden de captura se estima pertinente resaltar que el artículo 16 de la Constitución Federal, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener, precisa las exigencias que para su dictado se deben cumplir, al tenor siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la transcripción que antecede, se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, d) Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Por su parte, los dispositivos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control". Ahora, en la especie se considera que se encuentra colmado el primero de los requisitos, dado que de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación se advierte que la orden de captura fue emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, quien de conformidad con el numeral 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es una autoridad judicial que entre otras atribuciones tiene la de pronunciar actos como el que se reclama en la especie, y por ende, resulta competente para ello. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. En efecto, de la consulta del disco digital se advierte que conforme al cuadro fáctico proporcionado por la Representación Social, los hechos con apariencia de delito de privación ilegal de la libertad personal, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 19 fracciones I y II, 20 fracción I y 24 fracción I de mismo ordenamiento legal; así como el de robo calificado grave previsto y sancionado por los preceptos legales 199, 200 fracción III, 202, 204 fracciones I y II, 205 fracción I y 206 del Código Penal de Estado, fue denunciado por BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ; la cual hizo suya IGNACIO BARRANCO VÁZQUEZ, quien acreditó ser apoderado de la empresa AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A DE C.V., con la copia certificada del poder respectivo. Con base en ello, el juez dio por colmado el requisito de que existiera una denuncia. Por otro lado, es posible sostener que como acertadamente lo refirió el juzgador natural, los ilícitos respecto de los cuales el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sí son sancionados con pena privativa de libertad, al tratarse, como ya se vio, de los injustos de privación ilegal de la libertad personal, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 19 fracciones I y II, 20 fracción I y 24 fracción I de mismo ordenamiento legal; así como el de robo calificado grave previsto y sancionado por los preceptos legales 199, 200 fracción III, 202, 204 fracciones I y II, 205 fracción I y 206 del Código Penal de Estado. Además, en relación con la última de las exigencias constitucionales atinente a que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración, la Juez de Control también lo consideró colmado; decisión que a juicio de ese órgano jurisdiccional es acertada. Con el propósito de evidenciar tal afirmación, es menester remitirse al contenido de la referida audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, derivada de la solicitud que planteó el Agente del Ministerio Público para que se emitiera una orden de aprehensión contra los hoy quejosos. Bien, del contenido de la audiencia en comento, se desprende que el juez de control luego de analizar dicha petición conforme a los datos de prueba señalados por el órgano técnico investigador, determinó que existían datos que establecían que se había cometido hechos que la ley tipifica como delitos, de manera particular, el de privación ilegal de la libertad en detrimento de BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ; así como el de robo calificado grave en agravio de AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V., de los cuales destacaba la denuncia que formuló el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la víctima señalada en primer término y que hizo suya IGNACIO BARRANCO VÁZQUEZ, en cuanto representante legal de la persona moral citada en segundo término, en la cual se precisó que la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, es operador de la empresa AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLAZA, S.A. DE C.V., mientras que el representante legal de ésta acreditó con la factura correspondiente expedida por la empresa OPERADORA DE TRANSPORTE TERRESTRE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPÍTAL VARIABLE, donde se reconoce la persona moral agraviada, como beneficiaria de los derechos del autobús marca Skandia, Modelo 2012, con placas del servicio público federal 099HZ2, de color verde y blanco. Destacó que el denunciante declaró que el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, estando la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ en el interior del vehículo ya descrito, cuando circulaba en la Autopista Occidente, a la altura de Copándaro de Galeana, Michoacán, aproximadamente a las quince horas con cincuenta minutos, fue abordado por un grupo de normalistas, que se encontraban en la carretera, quienes portaban palos, machetes, piedras, quienes lo obligaron a orillarse y empezaron a golpear la portezuela del camión ya descrito; que le dijeron que si no abría iban a quemar el vehículo, que por ello se vio obligado a abrir la puerta del mismo, que en un primer momento ingresaron tres personas que se identifican como DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, VÍCTOR CRUZ GARCÍA y JOAHAN ALANIS REYES RAMÍREZ. También afirma que, la aludida víctima narró, que Víctor le dijo al chofer que no se fuera porque si no "le iban a dar en la madre"; que "Denis" les informó a los pasajeros "que se iban a llevar al chofer porque no les habían dado plazas de maestros"; que enseguida abordaron el autobús diversas personas de nombres JUAN CARLOS CALDERÓN TRINIDAD, EDUARDO GABRIEL FELIPE, FREDY JUSTO ROBERTO, LUIS MIGUEL CRISOSTÓMO SORIA, y JUAN NICOLÁS REYES, que éstos bajaron a los pasajeros del autobús por instrucciones de "Denis", quienes además empezaron a buscar si no había cámaras de seguridad; que "Denis" les preguntó a sus acompañantes si sabían conducir el camión, como la respuesta fue negativa, éste le indicó al chofer que "le diera" para Churintzio y así lo hizo, que al llegar al crucero de esa población, se percató que había más normalistas que en este lugar se bajó DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, y se subieron otros normalistas; que ahí le indicaron a la víctima BASILIO que se dirigiera a la población de Turícuaro, que al llegar a ese lugar se estacionaron en una de las calles del pueblo; que ya en ese lugar DENIS les dijo a varios normalistas que vigilaran al chofer (BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ), y a la vez le dijeron a dicha víctima que no huyera o le iban a "partir la madre"; que lo tuvieron privado de su libertad por varios días y así lo obligaban a trasladarlos en el camión a diversos lugares para apoderarse de otros vehículos de diversas empresas; que fue hasta el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en que fue liberado por elementos de la Policía de Michoacán. Así el Juez responsable, acertadamente consideró que dichos hechos eran constitutivos del delito de robo calificado grave en términos de los artículos 199, 200 fracción III, 202, 204 fracciones I y II, 205, fracción I y 206 del Código Penal del Estado, en agravio de AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A. de C.V., ya que se llevó a cabo el apoderamiento del autobús marca Skandia, Modelo 2012, con placas del servicio público federal 099HZ2, de color verde y blanco, el cual le resultaba ajeno a los sujetos activos, por ser propiedad de la persona moral agraviada; que se actuó ejerciendo violencia moral sobre el chofer BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, al emplear palos, piedras y machetes, obligándolo a que los llevara a otros lugares a bordo del vehículo; que también estaba acreditado que dichos hechos delictivos se consumaron con la participación de diez personas y además estando la víctima en el interior del vehículo, con un valor comercial de $3,828,692.34 TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 34/100 M.N., monto que refirió el juez responsable, excede del importe de setecientos cincuenta días de salario mínimo general vigente, a que se refiere la fracción III, del artículo 200 del Código Penal del Estado. Asimismo consideró el juzgador de oralidad responsable, que los hechos también son constitutivos del delito de privación de la libertad en agravio de BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, ya que de lo narrado por éste se advertía claramente que dicha víctima fue privada de su libertad el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, liberándolo durante un operativo por elementos de la Policía de Michoacán el veintisiete de septiembre del mismo año, además de que los imputados, ahora quejosos, lo obligaron a trasladarlos a diversos lugares como fue a Churintzio, de ahí a Turicuaro y a otros para apoderarse de otros automotores de diversas empresas dedicadas al comercio. De igual forma, consideró el juzgador que todo ello se encontraba respaldado con los datos de prueba que expuso la fiscalía, como lo era en primer lugar la entrevista realizada a la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, expuesta el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, donde narraba tiempo, lugar y circunstancias de ejecución de los delitos en comento. Además, lo anterior la responsable lo estimó respaldado con la constancia de hechos de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por IGNACIO BARRANCO VÁZQUEZ, ante el Ministerio Público Investigador en cuanto representante moral de la persona moral agraviada, para lo cual afirma, exhibió el poder con el cual acreditó su representación, narrando como se enteró de los hechos, indicando que al veintiocho de julio del dos mil dieciséis, aún no era liberado por los normalistas el chofer ya nombrado. De igual forma para justificar el valor del vehículo afirmó el juzgador, que la Fiscalía expuso el dictamen pericial del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, elaborado por GILBERTO SILVA BAUTISTA, de donde resultó que el valor del vehículo asciende a $3,828,692.34 TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 34/100 M.N., con daños valuados en $60,000.00 SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.. En otra parte, y para justificar que fueron posiblemente los imputados, ahora quejosos LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO, las personas que cometieron los hechos narrados, el juez responsable destacó el informe de investigación expuesto por la Fiscalía de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el elemento de la Policía Investigadora ANDRÉS CONTRERAS COLIMA, donde da a conocer que la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, le informó que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, durante un operativo de la policía investigadora, fue liberado de los normalistas, momento en el que detuvieron a cuarenta y ocho de ellos, de los cuales catorce eran del sexo masculino, donde diez de los detenidos coincidían con los nombres que proporcionó la víctima; que por ello solicitó apoyo a diverso personal de la Procuraduría, para que se hicieran las diligencias de reconocimiento de persona correspondiente; que fue así que el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se realizaron diez reconocimientos de persona, por el elemento de la Policía Investigadora SERAFÍN HUERTA REGALADO, con la presencia del defensor particular de los inculpados, así como de la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, en la cual entre cuatro personas de cada diligencia los reconoció como las personas que participaron en el hecho delictivo de mérito. También consideró el juzgador que esos actos de entrevista corroborada con el dictamen pericial de reconocimiento de persona del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, relativo a las diez diligencias de reconocimiento de personas antes precisadas, en estos dictámenes el perito ALEJANDRO ISMAEL ARROYO ELVIRA, precisa el desarrollo de las diligencias, fijándolas fotográficamente en el momento en que la víctima reconoció a los imputados. En virtud a todo lo expuesto, determinó el Juez responsable, que se surtían los requisitos del artículo 16 constitucional, 141 párrafo primero, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, determinó el juez de primer grado, que la Fiscalía justificó la necesidad de la cautela al referir que por el cúmulo de personas donde participan los imputados para realizar actos ilícitos, no era factible fueran citados, además de que por el medio empleado para cometer el delito ameritaban prisión preventiva oficiosa, por los instrumentos utilizados para emplear violencia moral sobre la víctima BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ. En consecuencia, dictó orden de aprehensión en contra de los ahora imputandos, ahora quejosos LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO; así como de diversas personas tales como VÍCTOR CRUZ GARCÍA y JOHAN ALAIN REYES RAMÍREZ, por el hecho de robo calificado grave en contra de AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A. DE C.V., y privación de la libertad personal en agravio de BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ.. Consecuentemente, se pone de manifiesto que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que se colmaron los requisitos exigidos por la Constitución Federal y por el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión, toda vez que como se expuso fue emitida por autoridad judicial competente, le precedió una denuncia y se formuló una imputación a los acusados -los aquí quejosos y otros-, por hechos que la ley señala como el delitos de robo calificado grave y privación de la libertad personal, el primero en agravio de AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A DE C.V., previsto y sancionado por los artículos 199, 200 fracción III, 202, 204 fracciones I y II, 205 fracción I y 206 del Código Penal del Estado; y, el segundo en perjuicio de BASILIO ISMAEL PIÑA HERNÁNDEZ, previsto y sancionado en el artículo 171 del Código Penal del Esatado, aunado a que existieron datos de prueba que permiten establecer en grado probable, dado el reducido estándar probatorio que es requerido, que los justiciables los cometieron o participaron en ellos, además, se advierte que el Juez responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, expresó las razones particulares y las causas inmediatas que lo condujeron a resolver en ese sentido, y que se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso, en la forma ya expuesta, lo que resulta acorde con lo establecido por el numeral 16 de la Carta Magna, y por tanto, queda de manifiesto lo infundado del concepto de violación en análisis. Al respecto, se cita la tesis XV.3o.3 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 39, febrero de 2017, tomo III, página 2320, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva". En las relatadas condiciones, ante lo infundado del concepto de violación que formula la parte quejosa, y al no advertir motivo alguno por el que la queja deficiente deba ser suplida en su favor, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por quejosos LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO, contra los actos y por las autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución y los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a quejosos LUIS MIGUEL CRISÓSTOMO SORIA, DENIS ALEXANDER JIMÉNEZ MONTAÑO, EDUARDO GABRIEL FELIPE, JUAN NICOLÁS REYES, JUAN CARLOS CANDELARIO TRINIDAD, JOSÉ JUAN AGUSTÍN AGUSTÍN y FREDY JUSTO ROBERTO, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, consistente en la orden de aprehensión dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en autos de la causa penal 526/2016, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. SE RECIBE ACUSE. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa de recibo del exhorto número 665/2018-296.E, que se le remitiera a efecto de llevar a cabo la notificación de dieciocho de julio del año en curso, a los terceros interesados Auto Transportes Herradura de Plata, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el diverso Basilio Ismael Piña Hernández, así como los quejosos Luis Miguel Crisóstomo Soria, Denis Alexander Jiménez Montaño, Eduardo Gabriel Felipe, Juan Nicolás Reyes, Juan Carlos Candelario Trinidad, José Juan Agustín Agustín y Fredy Justo Roberto, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que mediante proveído de seis de los actuales, se tuvo por recibida dicha comunicación. SE REMITEN CUADERNOS INCIDENTALES. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el segundo de los oficios de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual, en atención a lo solicitado en oficio 10674, remite el original y duplicado del incidente suspensión relativos al juicio de amparo 352/2017-IV, ahora I-595/2018, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que los mismos ya se encuentran resueltos, lo que solo se ordena cambiar las caratulas con el número de amparo correspondiente; asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la parte quejosa no exhibió billete de depósito con el fin de garantizar la suspensión provisional y definitiva que le fueron concedidas. Finalmente, acúsese recibo a la autoridad oficiante. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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