Jose Jorge Teodorovich Lopez
Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Jorge Teodorovich Lopez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse desechado la demanda, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Juez de Control y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico bajo número 504/2023-2. Desechamiento Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de esta ciudad al Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja California o a cualquier otro centro penitenciario del país y su ejecución. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Control de esta ciudad, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Como se ve, el precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional reclamando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición de la parte interesada y pueda interponerlo; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Es oportuno destacar que el principio de definitividad encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, que exige que el quejoso acuda, en primer término, a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, cuando existan, salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial que resulte aplicable. Luego, tratándose de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro emitida por una autoridad judicial, conforme a los artículos 131 y 132 fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede el recurso de apelación que tiene por objeto revisar la legalidad de la resolución impugnada a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. En ese contexto, se estima que el quejoso, previo a instar en esta vía constitucional, estaba obligado a agotar el referido medio ordinario de defensa, a fin de cumplir con el principio de definitividad, ya que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral invocado, debido a que no se reclaman: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, o un auto de vinculación a proceso. Y tampoco se trata de una persona extraña al procedimiento de origen, pues es parte formal en el procedimiento penal de origen. En ese orden de ideas, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, adscrita al Partido Judicial de esta ciudad, consistente en la orden de traslado a diverso centro penitenciario, al no haber cumplido con el principio de definitividad. Motivo de improcedencia que debe hacerse extensivo respecto del acto de ejecución que se atribuye a las autoridades Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sub Secretario del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California y Director del Centro de Reinserción Social, todos con sede en esta ciudad. Por otra parte, aun cuando se considerara que se trata de un traslado sin intervención judicial y que, en su caso, se le atribuye a las diversas autoridades administrativas Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sub Secretario del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California y Director del Centro de Reinserción Social, todos con sede en esta ciudad, también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" Del precepto transcrito, se desprende que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos por éstos, contra los que no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Luego, tratándose de la orden de traslado sin intervención judicial, cuando el quejoso aún no cuenta con una resolución tangible, como ocurre en el caso concreto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. En efecto, la Primera Sala señaló que el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, la Primera Sala estimó que dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, señaló que de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia.
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